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la privatización de servicios

La fiscalía investiga adjudicaciones de obras sin concurso en El Puerto

El Ayuntamiento defiende la concesión directa de actuaciones y servicios

Obras de Apemsa adjudicadas sin concurso e investigadas por la fiscalía. Ampliar foto
Obras de Apemsa adjudicadas sin concurso e investigadas por la fiscalía.

La Fiscalía de Cádiz ha abierto diligencias de investigación penal sobre adjudicaciones y prórrogas sin concurso de obras y servicios del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz). Se trata de un tanque de tormentas (depósito para retener agua de lluvia) y otras actuaciones en la estación de bombeo Aurora encargadas directamente a Aqualia, filial de FCC, actual concesionaria de otros servicios en la ciudad. El montante de la obra del tanque es cercano a los cinco millones, pero la operación incluye prórrogas de contratos de prestación que, sumados, superan los 30 millones de euros, según la denuncia de la responsable de Ecologistas en Acción, Carmen Calzado, y Luis Hiniesta, ambos de la plataforma local contra las privatizaciones. El Ayuntamiento defiende la legalidad de todas las adjudicaciones.

La denuncia que ha dado lugar a la investigación de la fiscalía detalla que el consejo de administración de Aguas del Puerto Empresa Municipal (Apemsa) presentó un informe técnico en el que consideraba de “imperiosa necesidad y urgencia” la construcción de un tanque de tormentas. El informe es posterior a comunicados oficiales del alcalde de El Puerto y presidente de esta sociedad local, Enrique Moresco (PP), en las que había alardeado del correcto funcionamiento de las instalaciones durante las lluvias torrenciales. Esta “imperiosa necesidad” es uno de los argumentos del Ayuntamiento para adjudicar las obras sin concurso.

Otro argumento para esquivar la licitación fue la supuesta incapacidad de la Agencia Andaluza del Agua para financiar las obras con cargo al canon autonómico de mejora. “No queda otra solución que buscar otra tercera vía de financiación, negociar con Aqualia la prórroga del contrato condicionada a la financiación por su parte de estas dos obras” se justificó ante el consejo.

Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente había aprobado ya y comunicado a Apemsa la cesión del nuevo canon autonómico de mejora entre 2011 y 2014, que suma 6,2 millones, suficiente para el tanque de tormentas.

Los directivos de Apemsa, argumentando esa “imperiosa necesidad” y la falta de financiación pública, ofrecieron a la empresa agrupar y renovar a la vez los contratos de depuración, alcantarillado y tratamiento de la prisiones mediante una prórroga, sin concurso y por espacio de seis años. Estos servicios, según la denuncia, con los presupuestos de las obras mencionadas, suman 32,3 millones de euros.

El gerente de la empresa municipal, Juan Campos-Guereta, explicó en el consejo de administración que, aunque el pliego de condiciones preveía prórrogas de tres años, se duplicó el plazo para “darle tiempo a Apemsa a devolver el importe de las obras que financia la adjudicataria”. Esgrimió al mismo tiempo un informe jurídico en el que, aunque se advertía que la ampliación “ilimitada no debe ser práctica habitual para evitar caer en el fraude de licitación”, en este caso había “causa justificada”, está “prevista en el contrato” y es “factible”.

Ante una consulta pública sobre la adjudicación directa del tanque de tormentas y su vinculación a un bloque con otros servicios, el alcalde respondió que la obligación de ejecutar y financiar la obra es “parte obligatoria para la concesión de la prórroga”.

Sin embargo, según los denunciantes, si la condición de la construcción de la obra y la propia prórroga del contrato no estaban incluidas en el pliego de condiciones del acuerdo inicial de concesión administrativa, esta ampliación es nula según la ley de contratos del sector público. La modificación sustancial de las condiciones obliga a volver a sacar a concurso el objeto de los servicios y actuaciones.

Las obras del tanque de tormentas ya han comenzado y a la polémica por su adjudicación se ha sumado una nueva denuncia de los representantes de la plataforma Juan Clavero y Luis Hiniesta por falta de licencia de obras. Ambos reclamaron la presencia esta semana de la Policía Local de El Puerto de Santa María en el solar donde Aqualia ejecuta las obras. Los responsables de la actuación alegaron que carecían de licencia porque no la necesita al ser esta una actuación municipal, argumento que rechazan los denunciantes, quienes defienden que puede estar exenta de tributación local, pero no del correspondiente permiso.

La tramitación de la denuncia ante la Policía Local se va a trasladar a la Fiscalía para sumarla al caso completo sobre el tanque de tormentas y las adjudicaciones del servicio.

El Ayuntamiento de El Puerto respondió que efectivamente la obra en cuestión se está ejecutando y coincidió con los responsables de los trabajos en que “no necesita licencia municipal”. Del mismo modo, reiteró que los informes jurídicos y técnicos aportados en el consejo de administración avalan la legalidad de las actuaciones. “Apemsa siempre ha obrado conforme a derecho”, afirmaron fuentes municipales, que negaron haber recibido noticia alguna de la fiscalía.

Un frente común a la espera de un regulador

La plataforma Apemsa No Se Vende, que agrupa a distintos colectivos contrarios al plan municipal de privatizar la empresa de aguas de El Puerto de Santa María (Cádiz), ha conseguido aglutinar también a la oposición política. Portavoces de PSOE, IU e Independientes Portuenses mantuvieron un encuentro el pasado jueves para coordinar actuaciones contra la venta de la sociedad municipal, defender el agua como servicio público fundamental y derecho humano y fiscalizar las actuaciones sobre la red de abastecimiento y saneamiento, cuestionadas ahora por la fiscalía.

Los portavoces, así como los representantes de colectivos como Ecologistas en Acción, Foro Social o Marea Azul de Jerez, donde se ha privatizado la gestión del agua, reclamaron a los responsables políticos un compromiso firme para evitar irregularidades en Apemsa, cuya dirección calificaron de “oscurantista” y “chulesca”.

Francisco López, del colectivo Marea Azul de Jerez, resaltó la importancia de la unidad y lamentó la falta de un organismo superior que regule, supervise y evite “que esto sea un coladero”.

El gerente de la asociación de operadores públicos Aeopas, Luis Babiano, señaló directamente al canon, el precio que cobran los municipios de las empresas privadas a cambio de la concesión de la gestión, como causante de este “coladero”. “Es absolutamente indecente y debería estar perseguido”, afirmó. Destacó en este sentido que en Francia esta práctica está prohibida en Ley de Transparencia y Anticorrupción.

También reclamó la creación de un regulador que “vele por la eficacia de la gestión, la equidad y adecuación de los precios y la calidad del servicio”. Sobre este aspecto, exigió que se complete la Ley de Aguas de Andalucía para “estandarizar normas, tarifas y criterios en la prestación de los servicios”, así como para evitar la “opacidad en la gestión”.

El representante de Aeopas propuso la puesta en marcha del observatorio previsto en la legislación para transformarlo en el órgano regulador independiente necesario para “analizar y vigilar la situación del agua y el saneamiento en Andalucía”. Finalmente, destacó que la actuación de empresas públicas como Emasesa, Aljarafesa, Acosol o el Consorcio de Aguas de Sevilla demuestran que el sistema público es eficaz, rentable y fundamental.