Osuna y el PP señalan a la Abogacía del Estado de un fraude en la Zona Franca

El exdelegado del PP en la Zona Franca de Cádiz entre 2001 y 2004, Miguel Osuna, imputado por malversación de caudales públicos en el caso Quality Food, ha defendido este lunes la legalidad de su actuación y culpó a la Abogacía del Estado de haber querido tapar su verdadera responsabilidad en la supuesta estafa cometida. Es el mismo argumento que mantiene el PP para defenderle, ya que considera que el abogado del Estado debió advertir de lo que estaba pasando y no lo hizo. La juez del caso, Rosa María García Jover, titular del Juzgado 3 de Instrucción de Cádiz, interrogó a Osuna por los comités y plenos que, según el abogado del Estado, se saltó para poder aprobar las subvenciones a Quality Food, a pesar de las reticencias de algunos vocales.

El exdelegado ha mostrado su extrañeza porque después de haber denunciado estos hechos hace nueve años, finalmente, haya sido imputado en un sorprendente giro del caso. “Es llamativo”, ha sostenido al comparecer ante los periodistas después de su declaración y tras un prolongado silencio mediático que ha durado años. Mientras que el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, confiaba en la inocencia de Osuna, el PSOE anunciaba la petición de comisiones de investigación en el Ayuntamiento de Cádiz y el Congreso para analizar a fondo el caso.

“No me he dejado nada dentro”, hadicho Osuna, tras “explayarse” durante tres horas ante la juez del caso Quality Food. El exdelegado no escatimó detalles en su declaración, según su versión. Es la primera vez que comparecía en este juzgado como imputado en la instrucción de estas diligencias, que siguen abiertas nueve años después de interponerse la primera denuncia. Osuna ha comparecido a solo cuatro días de que se celebre en la Audiencia de Cádiz el juicio por el caso Rilco, en el que se enfrenta a una petición del fiscal de 13 años de cárcel.

El PP respalda la actuación del exdelegado al frente de la entidad

Durante la gestión de Osuna nació Quality Food, empresa de alimentación, propiedad de un entonces dirigente de Nuevas Generaciones, Manuel García Gallardo, quien, presentado por el PP como un modelo empresarial, pudo desarrollar en poco tiempo un pujante negocio de cáterin respaldado por numerosos contratos públicos en colegios, comedores militares u hospitales. Quality creció bajo el amparo de la Zona Franca. Pero, en un momento dado, por razones aún desconocidas, Osuna y García Gallardo se distanciaron. El exdelegado denunció irregularidades en la gestión de la empresa, cuya mayoría de acciones compró la Zona Franca en 2003. Al año siguiente, ya bajo mandato socialista, el Consorcio interpuso una querella contra García Gallardo por estafa, aunque la denuncia se anunció cuando Osuna era todavía delegado.

Y de denunciante ha pasado a imputado. Este cambio se produjo a raíz de nuevas pruebas detectadas el año pasado por la Abogacía del Estado, que acusó a Osuna de haberlas ocultado para esconder su verdadera responsabilidad en la estafa. En un contundente informe, la representación legal de la Zona Franca sostenía que el exdelegado potenció las ayudas públicas a Quality Food, a espaldas de los órganos de control, aún sabiendo del quebranto económico que causaba. La juez dio por buena esta versión y aceptó la imputación de Osuna. A la salida del juzgado, este lunes ha matizado su postura: “He hablado donde tengo que hacerlo. He dado muchos detalles”.

Osuna se enfrenta a su semana más difícil. Tras ser condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar 2,6 millones por el caso Rilco —la malversación de fondos públicos de la Zona Franca a través de un portal informático—, este viernes se sentará en el banquillo en el juicio penal por esta misma causa. La fiscalía pide para él 13 años de cárcel. "Los ánimos bien, gracias", ha contestado a los periodistas. Aunque su abogado, Felipe Meléndez, se apresuró a matizarle. “Lo bien que se puede estar cuando va a empezar un juicio en el que te piden tantos años de cárcel”.