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La juez procesa a Blasco por el fraude en las subvenciones de cooperación

La magistrada rechaza archivar la causa por las ayudas al Tercer Mundo con las que se compraron dos pisos en Valencia

La instructora aprecia indicios de tráfico de influencias y prevaricación

La juez que instruye la causa por el desvío de seis millones de euros de las ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo emitió este viernes un durísimo auto contra el principal imputado, el exconsejero y exportavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas Rafael Blasco. El auto supone la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado, lo que supone, de hecho, el procesamiento del exconsejero y de otras ocho personas, en su mayoría altos cargos del departamento que dirigía. La decisión, que es recurrible ante la propia juez y ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, implica el final de la instrucción y el paso a la etapa en la que las partes han de presentar sus calificaciones de los hechos. Tras ello, eventualmente se abrirá el juicio.

Blasco había solicitado el archivo de la causa contra él respecto a la primera de las dos piezas separadas en que ha quedado dividida la causa, y que está centrada en el desvío de las ayudas de 1,2 millones de euros a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), destinados supuestamente a proyectos a Nicaragua, pero que terminaron en inversiones inmobiliarias en Valencia. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia valenciano María Pía Calderón rechaza la petición y, en un extenso auto, analiza los múltiples indicios que apuntan a que Blasco cometió los delitos de tráfico de influencias (al presionar a funcionarios para que librasen las ayudas contra el criterio técnico) y de prevaricación.

La juez ahonda en la muy singular relación que el siete veces consejero de la Generalitat mantenía con Augusto César Tauroni, el cerebro empresarial de la trama que lleva más de un año en prisión preventiva.

Existen "indicios objetivos que permiten sostener que las relaciones entre Rafael Blasco y Augusto César Tauroni no eran las habituales entre el máximo responsable de la Consejería y quienes pretendieran obtener subvenciones de la misma", señala la magistrada. Calderón constata que en la causa obran numerosos correos electrónicos y llamadas telefónicas difíciles incompatibles con la relación profesional y esporádica que tanto Tauroni como el aún diputado autonómico popular han sostenido en el procedimiento.

Las conversaciones entre ambos, prosigue el auto, "denotan una estrecha y antigua relación" que dibujan un "entorno de conocimiento y favores mutuos". Blasco y Tauroni, subraya la magistrada, hablan a cualquier hora del día (incluida la noche) en festivos o en vacaciones. Algo que, recuerda, varios testigos han señalado que Blasco no hacía con ningún responsable de ONG. Ambos, añade la juez, "quedan 'donde siempre" y "en ocasiones lo hacen al objeto de analizar hipotéticas oportunidades a desarrollar (en el norte, con la Diputación…)".

La magistrada destaca igualmente que “efectivamente Tauroni obtuvo contratos en la práctica totalidad de las consejerías de las que Blasco fue máximo responsable. Mayoritariamente se obtuvieron a través de personas interpuestas y con independencia del ámbito de actuación del organismo público y de los diferentes cometidos y quehaceres a realizar en cada uno de ellos: Bienestar Social, Territorio y Vivienda o Sanidad". Testimonios que obran en la causa, agrega la juez, apuntan a que Tauroni evitaba presentarse personalmente a las convocatorias de las consejerías que dirigía Blasco "para que no los relacionaran".

La juez señala que en los registros en las sedes de la trama se hallaron múltiples documentos confidenciales de la consejería de Blasco, e incluso borradores de resoluciones que aún no habían sido firmadas.

La magistrada llega a la conclusión de que existen sólidos indicios de que Blasco pudo cometer un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación. Respecto al primero, la juez repasa especialmente la reunión en la que el entonces consejero presionó a los técnicos para que aprobaran la concesión de ayudas a la Fundación Cyes que esta utilizó para comprar dos entresuelos con garaje en Valencia.

Blasco, indica la juez, "puso en duda la profesionalidad de los miembros de la Comisión (les vino a decir que les había mantenido en su puesto pese a saber que no era un buen equipo), les preguntó si no habían cometido nunca ninguna irregularidad y terminó recriminándoles la falta de confianza en su persona dado que la cuestionada experiencia sí estaba acreditada y en cualquier caso la interpretación de la norma solo le correspondía a él" o al subsecretario de la consejería.

Calderón recuerda igualmente que, según numerosos testimonios, el exconsejero amenazó a los técnicos que se negaban a firmar con revisar todo su trabajo anterior a la busca de irregularidades, y que efectivamente ordenó que se subiera a su despacho montones de expedientes para hacerlo.

Tres personas inicialmente imputadas han quedado al margen de la causa, pero junto a Blasco, la juez procesa al que fuera subsecretario de la consejería, Alexandre Català; el exdirector general Josep Maria Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán, el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; la trabajadora de esa fundación Josefa Cervera Tomás, y el empresario y principal imputado, actualmente en prisión, Augusto César Tauroni.