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Clamor por 30 años de retroceso en derechos de los discapacitados

Las entidades denuncian recortes por valor de 53 millones que les dejan al borde del colapso

Personas con discapacidad, familiares y entidades pide que cesen los recortes para evitar su desaparición.  Ampliar foto
Personas con discapacidad, familiares y entidades pide que cesen los recortes para evitar su desaparición.

Un paso atrás más, que afecta a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.  Con recortes por valor de 53 millones de euros las entidades sociales que atienden a este colectivo, agrupadas en Dincat, han denunciando este jueves un retroceso de 30 años en sus derechos al trabajo, a la educación y a la atención directa cuando "todavía no habíamos conseguido la plena igualdad con el resto de ciudadanos".

Un año después de la protesta unitaria del sector en Barcelona "nada ha cambiado", lamenta Dincat. Tras el último tijeretazo en la ley de dependencia anunciado por el Gobierno, las entidades temen el "colapso" económico del sector, que preocupa sobremanera a los familiares que temen la "exclusión sociolaboral" de los que este año terminan su etapa de escolarización. Dincat cifra que los recortes en el sector laboral son de 30 millones de euros, en servicios sociales (18,2 millones) y en educación, 4,6 millones.  

A los recortes se suman las deudas. "Desconocer cuando pagarán lo que nos deben genera mucha incertidumbre. Hasta ahora hemos conseguido sortearlo con trabajadores que no cobran todo su salario, pidiendo adelantos de cuotas a los usuarios o retrasando los pagos a la seguridad social, entre otras variables. Ya  no podemos más. La situación es crítica, porque tampoco podemos acceder al crédito bancario ", ha asegurado Lola de la Fuente, presidenta de la Asociación empresarial de la Economía Social. 

La consellera de Bienestar Social, Neus Munté, ha asegurado hoy que el Govern hace un "sobreesfuerzo" para mantener los Centros Especiales de Trabajo (CET) para personas con discapacidad y ha urgido al Gobierno que concrete cómo aplicará el recorte de 1.108 millones en atención a la dependencia.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, la consellera ha asegurado que esta situación genera "alarma social" y ha compartido la preocupación expresada esta mañana por los colectivos de discapacitados sobre los puestos de trabajo adaptados a las personas con discapacidad, informa EFE.