Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Xunta da otro permiso para buscar oro a una empresa canadiense

Vecinos de Cabana de Bergantiños piden por escrito a la Unión Europea una posición "coherente" sobre la mina de Corcoesto

Mientras fuera de San Caetano arrecia la polémica por la mina de oro de Corcoesto, la Xunta responde con una nueva licencia para la empresa que pretende explotarla, la canadiense Edgewater Exploration. Solo un día después de que saliese a la luz pública un demoledor informe científico que relaciona el altísimo nivel de arsénico en la cuenca del río Anllóns con las labores mineras abandonadas hace casi un siglo, el Diario Oficial de Galicia ha publicado hoy la admisión definitiva del permiso de investigación Julia 2 a favor de la filial galaica de Edgewater, Mineira de Corcoesto, SL.

Según esta licencia, la compañía que cotiza en la bolsa de Vancouver podrá ponerse a rastrear oro y otros metales afines en 21 cuadrículas, unas 600 hectáreas, adicionales a aquellas para las que ya tramita el permiso de explotación definitivo en Cabana de Bergantiños, Coristanco y Ponteceso. Esta nueva exploración afectaría también a los tres ayuntamientos, y se encuadra dentro de una estrategia de expansión de Mineira de Corcoesto en la provincia de A Coruña: recientemente obtuvo también licencia para investigar la presencia de metales preciosos en los municipios cercanos de Zas y Santa Comba. El colectivo Salvemos Cabana, que lucha contra la implantación de la minería de oro en la comarca, alerta sobre la “posibilidad” de que “toda la roca que se extraiga en las diferentes minas termine llevándose a la planta de cianuración que está previsto construir en Corcoesto”, ya que “las balsas de residuos que contempla el proyecto parecen estar sobredimensionadas para el material que se planea extraer en Cabana”. En la citada planta, el oro se separará de la roca utilizando cianuro.

Por otra parte, la plataforma Salvemos Cabana ha pedido al comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, una posición "responsable" y "coherente" sobre el proyecto minero de Corcoesto, toda vez que "se contradice directamente" con las posiciones defendidas desde su departamento. Y es que, como ha recordado esta asociación contra la minería tóxica en A Costa da Morte (A Coruña), el nuevo Programa de Acción Medioambiental de la Unión Europea con horizonte 2020 persigue que "Europa sea un lugar donde la gente viva en un entorno natural sano y seguro" y en el que "el progreso económico se base en una economía verde y sostenible". Además, argumenta que la resolución del Parlamento Europeo del 20 de abril de 2012 defiende que "la degradación ambiental es un factor importante en el aumento de las enfermedades crónicas", de modo que pide "un uso eficaz de los recursos" como el agua, los ecosistemas y la diversidad biológica. Ante ello, Salvemos Cabana ha pedido a Potocnik que analice si un proyecto minero a cielo abierto "que empleará anualmente 546.000 kilos de cianuro de sodio, 798.000 de sosa cáustica y 357.000 de ácido clorhídrico", que generará "más de 17 millones de toneladas de residuos tóxicos" y que "afectará muy negativamente al sector primario del que depende la zona" es "el ideal de sostenibilidad que persigue la UE".

Otros aspectos en los que ha reparado este colectivo social pasan por que el proceso de lixiviación de este proyecto requerirá "emplear 1.100.000 litros de agua potable al día" y que obligará a "desviar completamente un curso fluvial", el de Lourido. Junto con ello, ha advertido de que una eventual rotura de las balsas mineras "podría ocasionar un desastre ecológico sin precedentes en Galicia". De hecho, Salvemos Cabana ha apuntado que, de producirse esta situación, sólo sería comparable con lo ocurrido en Rumanía en el año 2000, cuando más de 100.000 metros cúbicos de agua cianurada fueron vertidos al Danubio, "con fatales consecuencias a nivel medioambiental".

Como ha recordado, este suceso derivó en una resolución comunitaria para "prohibir el uso de las tecnologías mineras a base de cianuro" en la UE, por la que se recomienda a los Estados miembros que "no presten apoyo, de forma directa o indirecta, a ningún proyecto" de este tipo.