El Gobierno de Mas plantea ahora privatizar las depuradoras catalanas

Después de la polémica operación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), ahora el Gobierno catalán quiere privatizar las más de 400 depuradoras existentes en Cataluña, que son titularidad de la Agencia Catalana del Agua (ACA). El plan estaba encima de la mesa del Departamento de Territorio desde hace más de un año, en tiempos del consejero Lluís Recoder, y ahora ha vuelto a tomar vigencia con un informe que detalla los pasos que la Generalitat ha de llevar a buen puerto la nueva privatización: modificaciones legislativas en el Parlamento y convencer a los poderes locales (municipios, consejos comarcales y mancomunidades de municipios) que gestionan parte de la red de que devuelvan esa capacidad a la Generalitat. Una vez conseguido ese objetivo, el Gobierno catalán tendría capacidad de adjudicar la gestión a otras empresas privadas.

Otras fuentes consultadas consideran que la adjudicación podría estar lista a finales de este año o ya en 2014. Lo que plantea la Generalitat es convocar alrededor de media docena de concursos, uno por cada cuenca hidrográfica, con un periodo de vigencia de entre 25 y 30 años. Las empresas adjudicatarias gestionarían todas las estaciones de la zona y, además, se comprometerían a construir las depuradoras pendientes (unas 200 en el conjunto de las comarcas catalanas) a cambio de un canon anual, todavía por determinar. La privatización presionará de nuevo al alza el canon del agua —la tasa que todos los clientes de compañías suministradoras pagan para financiar el ciclo del agua—, ya que a los costes de explotación actuales se les deberá añadir en muchos casos el beneficio que se atribuirán por la concesión. A cambio, la Generalitat conseguirá aire para enjugar su déficit y reducir el alto endeudamiento que afecta a la ACA, superior a los 1.100 millones de euros al finalizar el ejercicio 2012.

La Generalitat plantea convocar alrededor de media docena de concursos, uno por cada cuenca hidrográfica, con un periodo de vigencia de entre 25 y 30 años

Uno de los problemas con los que puede chocar la Generalitat es la negativa del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a ceder la gestión de las siete plantas que gestiona a través de su Empresa Metropolitana de Saneamiento, entre las que se encuentran las dos más importantes que hay en Cataluña: las de Montcada i Reixac y El Prat. El Gobierno metropolitano ha aprobado la creación de una sociedad mixta junto a Agbar (que controlaría el 85% del capital), que se encargaría de gestionar el ciclo integral del en 23 municipios y asumiría también esas plantas. La Generalitat, que denunció la creación de esa empresa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por invasión de competencias, negocia ahora con el ente metropolitano la retirada del recurso.

Además de Agbar, todas las grandes constructoras con divisiones de gestión del agua podrían estar interesadas en los concursos. El problema volverá a radicar en encontrar la financiación que requiere este tipo de contratos.