Cataluña cobrará una tasa a bancos e inmobiliarias con pisos vacíos

Cataluña seguirá los pasos de Andalucía y castigará a los bancos e inmobiliarias que acumulen viviendas vacías. El Gobierno de Artur Mas no usará la potestad de expropiar, pero este lunes anunció que impondrá una tasa para tratar de movilizar las cerca de 450.000 casas vacías que estima que hay en la comunidad y abaratar los alquileres. La medida, no obstante, supone otra autoenmienda de Convergència i Unió a su política económica, que hasta ahora rechazaba de plano el palo y apostaba solo por la zanahoria para resolver el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, fue el encargado de informar sobre la creación de la tasa y el primero en advertir de que esta, que se incluirá en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de este año, generará “controversia”. Lo pudo comprobar en cuestión de horas. El propio Mas tuvo que matizar desde Bruselas que ese tributo todavía está en estudio y que en ningún caso se “usurpará” el “derecho a la propiedad”, reconocido “constitucionalmente”. “No hay una decisión definitiva”, aseguró.

La medida no pilló completamente por sorpresa a las patronales catalanas ni a la banca. Ese impuesto formaba parte de la batería de tributos que ERC exigió a CiU para darle su apoyo durante esta legislatura. Aun así, fuentes de la patronal inmobiliaria y de la banca coincidieron en expresar su desconcierto por lo que consideraron otro giro de CiU en su política económica. Mas ya trató de imponer, a instancias de ERC, un gravamen sobre los depósitos bancarios que el Gobierno de Mariano Rajoy impidió que aplicara.

El presidente catalán dice que el tributo todavía está "en estudio"

La federación nacionalista no solo era la más firme detractora del alquiler forzoso de casas desocupadas que el Gobierno tripartito aprobó en la pasada legislatura sin que nunca se llegara a aplicar. También lo era de cualquier medida que no pasara por la “conciliación” y por los “incentivos”, como consta en los varios argumentarios que CiU elaboró en esa época. El entonces portavoz de la formación en el Parlamento autonómico, Oriol Pujol, llegó acusar al Ejecutivo de José Montilla de aprobar “una medida ideológica” y apeló a la Constitución para reivindicar el derecho a la propiedad privada.

Una de las primeras medidas que adoptó CiU al llegar al Gobierno en 2011 fue impedir que el alquiler forzoso de viviendas vacías pudiera aplicarse. Mediante la ley Ómnibus, una particular contrarreforma de CiU para eliminar legislación de los dos tripartitos, se suprimió el polémico artículo 42.6 de la Ley del Derecho a la Vivienda. La norma, además, eliminaba las inspecciones para conocer el número de viviendas que estaban desocupadas. Por ello, este lunes fuentes del sector se preguntaban qué instrumento iba a emplear ahora el Ejecutivo de Mas para detectar esa bolsa de pisos vacíos.

Cuando se aprobó la ley Ómnibus, sin embargo, Mas había aparcado el soberanismo para abrazar el discurso liberal de la mano del PP, que facilitaba la aprobación de los Presupuestos. Ahora el presidente debe afrontar su enésimo plan de austeridad, con unos recortes que como mínimo serán de 1.800 millones de euros y que en el peor de los casos podrían llegar a los 4.400 millones. Por ello, todos los consejeros están tratando de rebañar nuevos ajustes, mediante más recortes de gasto o nuevas tasas, según explicaron fuentes del Ejecutivo catalán. Y además, CiU debe seguir con sus guiños a ERC después de que los republicanos hayan flirteado con la idea de no apoyar los Presupuestos para no asumir el desgaste de los recortes. Esa posibilidad, la de pasar el año con unas cuentas prorrogadas, ni se contempla en el Gobierno.

Solo ERC aplaude sin matices la  medida y reivindica su autoría

A pesar de que el Ejecutivo de Mas lleva meses trabajando en los Presupuestos —teniendo en cuenta varios posibles objetivos de déficit—, este lunes desde el Departamento de Territorio y Sostenibilidad apenas se conocían detalles sobre el tributo. El Gobierno catalán insistió en que la tasa solo se aplicará a las personas jurídicas, y en ningún caso sobre particulares. Pero, además de bancos e inmobiliarias, no precisaron si afectaría también a inversores o incluso al banco malo, que ha engullido, por ejemplo, las viviendas ejecutadas de CatalunyaCaixa.

El consejero Santi Vila explicó que la Generalitat ha localizado unos 70 municipios en los que hay una “demanda acreditada” y en los que, en cambio, se amontonan pisos sin vender. En esas localidades, según Vila, será donde se aplique el impuesto, que les será bonificado en caso de que luego salga al mercado de alquiler. No concretó, sin embargo, ni el tipo del gravamen ni la recaudación esperada.

Vila justificó la tasa en que Cataluña “no puede permitirse” tener a miles de familias desahuciadas y un parque de viviendas vacío. Sin embargo, solo ERC aplaudió esa medida y reivindicó su autoría. Es más, la portavoz de los republicanos, Anna Simó, anunció que la tasa estará determinada por el valor catastral de la vivienda y que su formación presionará para que sea lo suficientemente alto para “provocar un efecto disuasorio” en bancos e inmobiliarias.

El PSC, en cambio, consideró la medida “positiva pero insuficiente” al no abordar los desahucios, mientras el PP catalán la tachó de “absolutamente inconveniente”. ICV-EUiA, que impulsó la polémica ley de vivienda del tripartito, acusó a CiU de “cinismo”, pero se abrió a apoyar la nueva tasa.