La inspección urbanística se centrará en el litoral y en las parcelas ilegales

Los servicios de inspección urbanística, dependientes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, centrarán su actividad en el control del castigado litoral andaluz. También, en la prevención para evitar la "formación de asentamientos urbanísticos no previstos en el planeamiento general y los procesos de parcelaciones ilegales".

Es lo que fija el nuevo plan general de inspección de ordenación del territorio y urbanismo, que este jueves se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y que estará vigente hasta 2016. En el plan se fijan tres "líneas prioritarias de intervención". Por un lado, el ya mencionado control del "cumplimiento efectivo del destino previsto en el planeamiento territorial y urbanístico para la Zona de Influencia del Litoral y en particular el corredor litoral establecido por los Planes de Ordenación del Territorio en el suelo no urbanizable". También, la prevención para evitar "procesos de consolidación urbanística en curso" en las parcelaciones ilegales. Por último, la inspección se encargará de supervisar la aplicación del decreto de 2012 que permitía legalizar algunas edificaciones levantadas en suelo no urbanizable, siempre que no tuvieran un proceso judicial abierto. La especial atención que los servicios de inspección deberán prestar al litoral andaluz coincide con las medidas que está tomando el departamento de Luis Planas para tratar de preservar la costa andaluza del ladrillo. La consejería está elaborando un decreto a través del que pretende preservar de la presión urbanística los primeros 500 metros de costa.

Los planes plurianuales de inspección empezaron a elaborarse en Andalucía en 2007. Pero en los dos primeros no se hacía mención explícita al litoral de la comunidad, donde se cometieron los mayores desmanes durante la época del boom de la construcción. En lo que más se insistía en esos dos anteriores programas de inspección era en "controlar el cumplimiento del deber de asignar el porcentaje, previsto por el planeamiento, de la edificabilidad de cada área o sector con uso residencial de los nuevos desarrollos a la construcción de vivienda protegida". Es decir, en intentar que se alcanzaran unos niveles aceptables de VPO para "atender la demanda de la sociedad andaluza, con un elevado porcentaje de población de entre 20 y 35 años y por tanto con necesidad de conseguir una vivienda", como se decía en el primer plan de inspección, de 2007.

En la planificación para el periodo comprendido entre 2013 y 2016 ya no se hace referencia a este asunto. Pese a que las competencias de ordenación del territorio están en manos del departamento de Planas, las de vivienda fueron a parar a la consejería de Elena Cortés (IU) tras las últimas elecciones autonómicas.

El hincapié que se hace ahora en la protección de la costa es una de las líneas de actuación que se ha fijado la consejería de Planas. Todo arrancó en mayo del año pasado, cuando trascendió el plan parcial que el Ayuntamiento de Tarifa aprobó para la zona de Valdevaqueros. Se preveía que en el entorno de esta playa salvaje se pudieran levantar 350 viviendas y establecimientos hoteleros con capacidad para 1.423 plazas. Aquel proyecto —que no se ha desarrollado— levantó una gran polémica y llevó a la consejería a plantear una revisión del urbanismo del litoral en busca de bolsas de suelo durmiente como la de Valdevaqueros, cuyo asidero legal era un plan de ordenación de 1991.

El problema es que las medidas que está tomando el Gobierno andaluz —que rechazan constructores y el PP— parecen que van en una dirección opuesta a las modificaciones legales que prepara el Ejecutivo central. Los ecologistas temen el daño que puede provocar la reforma de la Ley de Costas que está tramitando Madrid. Al margen de interpretaciones y valoraciones, lo que pueden surgir a partir de ahora son conflictos de competencias, ya que la franja de dominio público está en manos del Estado y Andalucía es la encargada de supervisar la planificación urbanística. "Se va a crear un panorama de contradicción entre el Estado y las comunidades", vaticina Diego Vera, catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Málaga.