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Euskadi recurre al Constitucional la supresión de la extra de los funcionarios

El Gobierno vasco sanciona su decisión tras fracasar la negociación con Madrid

El recurso se extiende a la liberalización de horarios comerciales y la apertura en festivos

El 'lehendakari' Urkullu (delante) y el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, tras el último Consejo de Gobierno.
El 'lehendakari' Urkullu (delante) y el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, tras el último Consejo de Gobierno.

Se daba por descontado y el Gobierno vasco lo ha confirmado oficialmente esta mañana. Euskadi lleva al Tribunal Constitucional el Real Decreto que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en julio pasado con un abanico de medidas de estabilidad presupuestaria que incluían, entre otras, la polémica supresión de la paga extra de los funcionarios o la liberalización completa de los horarios comerciales.

En puertas de que el Gobierno popular apruebe el nuevo plan de medidas previsto para el día 26, el Gabinete de Iñigo Urkullu recurre al Constitucional tras vencer hoy el plazo para ello y al fracasar la posibilidad de un acuerdo en la Comisión Bilateral en la que ambas Administraciones dirimen sus conflictos competenciales.

En concreto, Euskadi recurre cinco artículos del decreto al entender invadidas sus competencias exclusivas y la capacidad de regulación y legislación propia: tres relativos a los funcionarios autonómicos y dos sobre la regulación comercial.

En el primer caso se trata de la supresión de la paga extraordinaria de la pasada Navidad (artículo 2 del Real Decreto), la reducción a tres de los días de libre disposición de los empleados públicos, así como fijar taxativamente en 22 días sus vacaciones (art. 8) y la reducción de los permisos sindicales de los funcionarios (art. 10). El Gobierno vasco entiende que todo ello vulnera sus capacidades propias de organización y toma de decisiones sobre su plantilla.

El Ejecutivo de Urkullu ve vulneradas sus competencias por cinco artículos del real decreto de julio

En el ámbito comercial, el Constitucional deberá pronunciarse sobre la liberalización de horarios de los establecimientos, que les permite abrir un mínimo de 90 horas semanales y fija un mínimo de 10 domingos o festivos abiertos al año (art. 27). Ello supone 18 horas a la semana y dos festivos anuales más que la actual regulación vasca.

Además, el Gabinete considera que genera inseguridad jurídica en el sector comercial la total liberalización de las rebajas (art. 28).

El anterior Gobierno socialista tuvo que renunciar a pagar la extra tras paralizarla el Constitucional después del correspondiente recurso estatal y el Ejecutivo de Urkullu optó por compensar esa pérdida a sus trabajadores adelantando las dos pagas de este año. Respecto a los horarios comerciales, es una de las recurrentes polémicas en Euskadi por la constante oposición sindical, respaldada por algunas asociaciones de consumidores, a las aperturas en festivos.

Ambas administraciones pactaron en marzo pasado en la Comisión Bilateral sobre dos leyes estatales y tres vascas para evitar así ir al Constitucional, pero era evidente que en este caso no iba a ser posible el acuerdo.

Tras la decisión sobre el decreto de julio sigue viva la negociación en torno a a las leyes vascas sobre seguridad privada y EPSV, en las que el Estado quiere diversos cambios, además de los anunciados recursos autonómicos sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y 2013, los dos únicos de Rajoy.