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Andalucía prohíbe las clasificaciones públicas de colegios e institutos

La consejería de Educación rechaza que se empleen las evaluaciones para elaborar un 'ranking'

El presidente José Antonio Griñán con la consejera de Educación.
El presidente José Antonio Griñán con la consejera de Educación.

Andalucía no quiere que las evaluaciones que periódicamente se realizan del sistema educativo acaben en clasificaciones públicas de colegios e institutos. La Consejería de Educación ha difundido este miércoles el proyecto de decreto que regula las distintas pruebas de diagnóstico de la comunidad. En esta norma, que se está tramitando, se fija que los resultados de las pruebas "no podrán ser utilizados para valoraciones individuales del alumnado o para establecer clasificaciones de los centros o del profesorado".

El debate sobre las clasificaciones de colegios lleva décadas rondando la enseñanza. La vigente Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, prohíbe que las evaluaciones se empleen para "establecer clasificaciones de los centros". Sin embargo, el ministro José Ignacio Wert ya se ha posicionado a favor de esta medida.

Los defensores argumentan que es una forma idónea para que los colegios rindan cuentas y un instrumento para que los padres puedan elegir centro para sus hijos. En su reforma educativa, que también se está tramitando, Wert elimina el apartado 2 del artículo 140 de la LOE, es decir, suprime la prohibición de elaborar clasificaciones.

"En contra de lo que dice el ministro, solo tres países realizan clasificaciones", sostiene Mar Moreno, consejera de Educación de Andalucía. En su opinión, medidas como la legalización del ranking suponen remar "a favor de la privatización y de la existencia de centros de élite y subsidiarios". La consejera recuerda que, cuando su departamento elabora las pruebas de evaluación, cada centro recibe sus resultados comparados con los colegios e institutos de su entorno. Pero nunca se hacen públicos para que no terminen en clasificaciones, como sí hace la Comunidad de Madrid.

El decreto de la Junta afecta a las evaluaciones propias, es decir, a las distintas pruebas que la consejería realiza anualmente. La duda es qué ocurrirá cuando se apruebe la reforma de Wert y qué hará el ministerio con las evaluaciones nacionales.

La prohibición de las clasificaciones también llega tras la presión de los inspectores educativos, que pidieron un pronunciamiento expreso a la consejería. "Nos oponemos radicalmente, es una visión empresarial de la enseñanza", indica Ángel Ruiz, presidente de la Asociación de Inspectores de Educación de Andalucía (Adide).

A esta asociación le surgieron dudas sobre la posición de la Junta cuando se presentó el plan de evaluación andaluz para los próximos cuatro años. "Creíamos que podría dar lugar al establecimiento de clasificaciones", apunta Ruiz, quien se muestra ahora satisfecho con el proyecto de decreto. El representante de Adide también aplaude que esta norma clarifique el papel de los inspectores.

Por su parte, Moreno resalta la apuesta de su departamento por la "autoevaluación" y que las pruebas andaluzas no tengan repercusiones para los alumnos, algo que también va en sentido contrario de lo que pretende Wert, quien ha diseñado en su reforma un sistema de reválidas. Además, la consejera insiste en que las pruebas de evaluación de Andalucía se realizan al principio de cada etapa educativa: "se hacen para mejorar, no para seleccionar".