El fiscal exime de responsabilidad a la Iglesia por el robo del ‘Códice’

Manolo el del Códice no tuvo colaboradores más allá de su propia familia. Durante 12 años, con periodicidad prácticamente diaria, manojo de llaves en mano, el ladrón confeso del valioso manuscrito medieval fue llevándose diversos objetos y cantidades de dinero hasta atesorar más de 2,3 millones de euros y al menos 30.016 dólares. Acumuló en sus cuatro viviendas e incluso en su coche todo tipo de documentos, contratos, proyectos, fotografías y facturas de la Catedral de Santiago, y ensayó el robo del siglo llevándose previamente bajo el brazo una decena de facsímiles del propio Codex Calixtinus. Todo esto, compartiendo espacio con el cabildo y la plantilla del templo, con impunidad absoluta. Hasta que llegó el patinazo final.

La fiscalía de Santiago hizo ayer público el escrito de acusación contra José Manuel Fernández Castiñeiras; su mujer, Manuela Remedios Nieto Mayo; y el hijo del matrimonio, Jesús Fernández Nieto. El fiscal de Patrimonio, Antonio Roma, exime de toda responsabilidad a cualquier representante de la Iglesia, a pesar de que considera un hecho probado que el que era administrador de la catedral en el año 2000 le prestó al electricista la llave de su despacho (donde se halla la caja fuerte) “so pretexto de acudir a los baños” y nunca, después, se la reclamó. Además, zanja la incógnita de la otra llave, la copia que le fue incautada en la Capilla de Alva y que abría la puerta de la cámara en la que se custodia el Códice, exponiendo que la adquirió “por medios no determinados”. Esa llave, dice el propio fiscal, tampoco la devolvió sin que esto le acarrease problemas.

Según la fiscalía, la fortuna amasada por el extrabajador del cabildo provenía por completo de la recaudación de la basílica compostelana y por tanto, es a la Iglesia a la que debe reintegrar toda cantidad robada. Lo acusa de un delito continuado de robo con fuerza, de otro contra la intimidad y de la sustracción del Códice. Además, tanto al electricista como a su mujer y al hijo de ambos los considera autores de un delito de blanqueo. La esposa y el vástago, asimismo, están acusados de receptación, al prestarse a compartir con Castiñeiras la titularidad de dos pisos que deberán devolver, en O Milladoiro y Sanxenxo, adquiridos en efectivo con el dinero ilícito. Roma solicita para el ladrón confeso una pena de 15 años de prisión y dos para cada uno de los parientes acusados. La familia tendrá que afrontar, por último, tres multas de 300.000 euros.