El Tribunal Superior tumba la privatización de ATLL a Acciona

La mayor privatización aprobada por la Generalitat está más cerca que nunca de convertirse en un fracaso estrepitoso. Tanto que, por primera vez, el Gobierno catalán sopesa cancelar un contrato por un importe de casi 1.000 millones de euros y una vigencia de 50 años. Cada vez está menos claro que Acciona mantenga la explotación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la empresa pública que se encarga de gestionar el agua en alta —desde la captación de las cuencas fluviales hasta los depósitos municipales— que acaban consumiendo casi cinco millones de catalanes.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha propinado este miércoles un fuerte varapalo al Gobierno de Artur Mas al dar la razón al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) —que depende también de la Generalitat— y validar la resolución que dictó el pasado mes de enero. Esta, consideraba que la oferta de Acciona no cumplía los requisitos de inversiones fijados en el pliego de condiciones del concurso y exigía retrotraer todo el proceso hasta la invalidación de esa oferta. Eso, en síntesis, quería decir que el concurso debía adjudicársele a Agbar, la otra compañía que participó en el concurso.

Ni el recurso presentado por la Generalitat ni los otros dos planteados por Acciona han convencido a la Sección Quinta de la Sala Contencioso-administrativo del TSJC, que rechaza la ejecución de las medidas cautelares que demandaban: la no ejecución del dictamen del OARCC hasta que hubiera sentencia firme. El alto tribunal es claro en el auto de respuesta al recurso planteado por el Departamento de Territorio, responsable de la adjudicación del concurso: “No haber lugar a suspender la efectividad de la resolución impugnada del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales”.

La decisión judicial ha pillado al consejero de Territorio, Santi Vila, y al de Economía, Andreu Mas-Colell, en el Parlament, justamente para explicar por qué y cómo se adjudicó la empresa pública. Ha sido allí donde han abierto las puertas a traspasar el contrato a Agbar, aunque no se las cerraban todavía a un posible recurso. Todo apunta a esta segunda opción. Tienen cinco días.

El auto del TSJC fija sus bases de defensa en la jurisdicción europea, que pretende imponer mecanismos que faciliten y agilicen la suspensión de contratos públicos. Según reza el texto, de esa forma se pretende evitar que el largo tiempo que discurre entre los recursos y las sentencias judiciales definitivas haga “inviable revertir una situación ilegal”. De ahí que se establezcan mecanismos que permitan “la paralización inicial de los acuerdos de adjudicación de los contratos públicos”, como en este caso demandó la OARCC.

Asimismo, y tras escuchar los argumentos de la Generalitat para evitar la suspensión del contrato —por el coste que podría acarrear una indemnización por daños y perjuicios y los efectos sobre el déficit—, los tres magistrados que firman el auto consideran que “la Administración de la Generalitat formalizó el contrato de autos antes de que se emitiera la resolución del OARCC, de modo que asumió voluntariamente el riesgo de que esta dejara sin efecto el acuerdo de adjudicación”.

Acciona ha comunicado que sigue siendo la titular del servicio, si bien recurrirá ante el Tribunal Supremo. Agbar, por su parte, ha señalado que si la Generalitat solicita la suspensión del auto, la compañía solicitará al TSJC “la inmediata ejecución de la resolución” de la OARC. Existen todavía muchas dudas sobre el proceso.

¿Quién va a gestionar ATLL? Es la gran pregunta. La Generalitat se ha planteado por primera vez rescindir el contrato y pasárselo a Agbar, pero no contempla la posibilidad de que ATLL vuelva a tener gestión pública. Si recurre será su enésima apuesta por que Acciona sea la encargada de gestionar la compañía, para así intentar librarse de una indemnización por daños y perjuicios.

¿Por qué se mantienen la apuesta por la privatización? La concesión de ATLL era clave para reducir el déficit de la Generalitat. Sin embargo, el consejero Mas-Colell ha afirmado que la Administración catalana era incapaz de “atender las necesidades generadas por las pérdidas de la empresa”, que en los últimos cinco años sumaron 128 millones de euros. Mas-Colell ha dicho que la sociedad, que acumulaba una deuda de 850 millones que se ha quedado la Administración, se financiaba de los mercados, los fondos europeos y la disposición adicional tercera del Estatut. Y ahora, ha recordado, ya no puede acceder ni a la financiación ajena ni a la de las inversiones del Estado, por lo que resulta imposible seguir el plan de viabilidad a diez años que había trazado el tripartito. Todo ello, sostuvo el consejero, complica la gestión pública de la sociedad sin abultar todavía más el “déficit tarifario” que, ha añadido, crecerá de forma más moderada en manos privadas.

¿Que conllevaría cambiar el operador? Las únicas consecuencias directas afectarían a las tarifas del agua, ya que la oferta de Agbar contemplaba un precio de 0,79 euros por metro cúbico de agua, mientras que Agbar fijó su oferta en 0,7088 euros. La subrogación de la plantilla no está asegurada durante tanto tiempo.

¿Cómo modificará el déficit de 2012? La Generalitat se anotó en 2012 la totalidad de los 995,5 millones de euros en los que está valorada la operación, aunque solo ingresara 298 millones de euros que fueron a la tesorería. La operación equivalía a reducir el déficit de la Generalitat en 0,5 puntos del Producto Interior Bruto (PIB). ¿La decisión supone que el déficit podría volver a aumentar? "Esta no es la preocupación del Gobierno", ha dicho Andreu Mas-Colell. En principio, el fallo debería ser neutral en términos de déficit de 2012: si Acciona no se queda con la ATLL, lo haría Agbar, que es quien debería aportar esa cantidad, por lo que el desfase de 2012 quedaría igual, en el 1,96%. Otra cosa es si al final la privatización acaba frustrándose, lo cual sí supondría un aumento de 995 millones de euros en el boquete del año pasado.

¿Quiénes son los responsables? La privatización de Aguas Ter-Llobregat se remonta a la pasada legislatura. El principal responsable de la operación es el ex consejero de Territorio, Lluís Recoder, que decidió abandonar el Gobierno y el Parlament para incorporarse al sector privado. Otro de los responsables de lo que ha sucedido es el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Leonard Carcolé, que diseñó la operación, si bien él no participó en la mesa de contratación. ERC, PSC y ICV-EUiA pidieron ayer responsabilidades políticas por el varapalo que supone el texto del TSJC dentro de la batalla judicial que están librando la Generalitat, Acciona y Agbar. El diputado ecosocialista Salvador Milà ha criticado que el proceso se haya llevado “de una forma muy irregular e irresponsable”, mientras que el republicano Marc Sanglas ha tachado la adjudicación de “exprés”. Jordi Cañas, de Ciutadans, ha señalado como responsable también al consejero Andreu Mas-Colell.