Un Gobierno sin ruido y con poca gestión

Mañana lunes se cumplirá un año de la victoria más dolorosa del PP de Andalucía. Llevaba 30 años intentando superar al PSOE y cuando lo logra, a Javier Arenas le faltaron votos y escaños para poder acceder al palacio de San Telmo. El cambio de liderazgo en las filas populares —el de Arenas por Juan Ignacio Zoido— se ha producido sin descomposición interna, pero se trata de un relevo temporal.

La prioridad de Zoido es mantener su mayor éxito, conservar su abultada mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Sevilla. Y para liderar al principal partido de la oposición, en un territorio tan extenso y diverso como el andaluz, hay que pateárselo mucho. Desayunar, como hacía Arenas, tres o cuatro veces al día, con tres o cuatro interlocutores distintos, en tres o cuatro ventas diferentes. El viernes pasado, el PP rindió un extraño homenaje a Arenas en Sevilla por haber superado con un “trabajo titánico” unas elecciones que ganó pero perdió y para hacer “balance del primer año del bipartito”. No es que el PP se hubiera vuelto loco: era un mensaje interno a los suyos para que no olvidaran que habían conseguido lo imposible y, sobre todo, para que empezaran a preparar ya las municipales, su terreno electoral más sólido y seguro.

El resultado del 25 de marzo de 2012 (50 diputados del PP, 47 del PSOE y 12 de IU) alumbró la primera coalición de Gobierno PSOE e IU y aunque este maridaje no cumplirá su aniversario hasta el 7 de mayo lo más desatacable de esta convivencia es que no ha sido ruidosa. El bipartito, como lo llama el PP, no ha sido un problema, no hay discrepancias a voces entre ellos, no añade más irritación a la que ya existe, no sale el presidente de la Junta diciendo una cosa y el vicepresidente, otra; o un consejero socialista o de IU desdiciéndose. “No hay discrepancias porque no están tomando medidas de Gobierno para no chocar”, zanja la número tres del PP, Ana María Corredera. Esa estabilidad política sin griterío es algo que destacan muchos interlocutores, por encima de una gestión que deja mucho que desear y que se basa en dos principios: el de resistir y el de pactar.

En Andalucía ha habido recortes, como no puede ser de otra manera después de que el Presupuesto de 2013, el primero del Gobierno de coalición, sea un 4,1% inferior al del ejercicio anterior y esté casi al mismo nivel de 2007, el año anterior al estallido de la crisis. Pero los funcionarios cobran a final de mes; los centros de salud abren todos los días, también los colegios; los servicios públicos se mantienen; se siguen pagando los libros de textos y las bonificaciones en los comedores escolares. Y esa normalidad en una de las situaciones económicas más anormales y duras que se recuerdan tiene valor y es un contraste con lo que ocurre en otras zonas del país.

Al contrario que ocurre con el Gobierno central de Mariano Rajoy, no hay un clima hostil contra el Ejecutivo andaluz, entre otros motivos, porque los ciudadanos no le hacen responsable de la situación económica, pese a que la comunidad tiene una tasa de paro del 35,8% y que hay registrados 476.200 hogares con todos sus miembros desempleados. El Gobierno andaluz ha aprobado planes de choque contra el paro que cifra en 500 millones y cuyos resultados están por ver.

Las 43 reuniones del Consejo de Gobierno celebradas hasta ahora dicen más bien poco de la gestión de socialistas e IU. Las referencias están plagadas de decisiones menudas, del día a día, propia de una Administración sin liquidez —como las restantes— y sin proyectos legislativos de calado, donde predomina el decreto ley. La decisión más dura aprobada por la coalición fue el decreto de medidas fiscales de 2012 en el que, cumpliendo con lo marcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se recortaron salarios, inversiones y se subieron impuestos para atajar el déficit. Aunque hubo fugas de votos en IU —con gran irritación de algunos diputados socialistas que también hubieran querido quitarse de en medio—, la federación que lidera Diego Valderas no dio la espantada y apoyó un recorte presupuestario de 2.700 millones de euros.

En este tiempo, el Gobierno que preside José Antonio Griñán lo que ha hecho ha sido de la mano de sindicatos y patronal, de ahí que la conflictiva social esté muy atemperada. El acuerdo para el progreso económico y social de Andalucía, firmado con CEA, UGT y CC OO esta semana, no tiene equivalente en España, y supone una defensa de los derechos del Estatuto y una carta de reivindicaciones al Gobierno de Rajoy.

Las relaciones con el Ejecutivo central son de “lealtad desde la discrepancia”, como las bautizó Griñán. Andalucía acumula ya cinco recursos al Tribunal Constitucional contra medidas del Consejo de Ministros. Pero Rajoy no ha cometido el error de Aznar —salvo en la contumacia contra la subasta de fármacos— de poner en marcha una política de acoso contra Andalucía. Tampoco le hace falta, porque tiene en su mano el instrumento fundamental: la llave de la caja, el autorizar o no el endeudamiento, el decidir qué cantidad le presta a la comunidad, al 6% de interés, a través del fondo de liquidez. Es el que da margen o no al déficit, después de que Bruselas se lo autorice.

¿Hasta cuándo va a poder aguantar Andalucía sin aprobar ajustes más duros? Nadie lo sabe, pero lo que sí parece claro es que en IU empieza a producirse una cierta impaciencia para que las medidas del pacto de gobierno “se hagan realidad”, afirma el portavoz de IU, José Antonio Castro. “Que no haya dinero no quiere decir que no se pueda legislar”, sostiene este dirigente, a quien no le sale “catalogar de izquierdas” al Gobierno PSOE-IU.

Estas son las principales acciones del Ejecutivo:

Educación

Segregación sin fondos públicos

La Consejería de Educación logró en julio el aval del Supremo para retirar la financiación a los concertados que solo admiten a alumnos o alumnas por separado. De los 12 centros segregados que había en Andalucía, dos se han convertido en mixtos ante la amenaza de perder el concierto. A los otros 10, el departamento de Mar Moreno les ha cortado los fondos públicos. Al margen de esta supresión, que la Junta llevaba intentando realizar desde hace más de una década, Moreno se ha tenido que enfrentar a los recortes. La herida de los 4.500 interinos que no fueron contratados al inicio de curso sigue abierta. La consejería achaca el recorte al aumento del horario lectivo decretado por el Gobierno, pero los afectados creen que la Junta podría reenganchar a los docentes.— M. P

Sanidad

Sigue la subasta de fármacos

La coalición PSOE-IU se estrenó una semana después de que el Gobierno central publicara el real decreto que deja sin tarjeta sanitaria a varios colectivos e impone el copago a los pensionistas. El Ejecutivo andaluz nació con la promesa de ser el contrapunto a las medidas sanitarias del Gobierno central y el paradigma de este programa es la subasta de fármacos. Rajoy la ha llevado tres veces al Tribunal Constitucional que, mientras dictamina, ha permitido a la Junta seguir licitando medicamentos. Dentro de Andalucía, el pulso más largo a la Consejería de Salud se lo plantearon los médicos residentes, los MIR, que mantuvieron 16 días de huelga en protesta por sus condiciones laborales.— R. R.

Vivienda

Oficinas contra los desahucios

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha intentado situar los lanzamientos en el centro de su discurso. “En Andalucía se han producido 80.000 desahucios de forma ilegal”, ha dicho esta semana tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE en la que se declaran abusivas algunas cláusulas hipotecarias. Una de las medidas que ha adoptado en este asunto es crear una red provincial de oficinas de asesoramiento a los afectados, que comenzaron a funcionar en octubre. Según el último balance, casi un millar de familias han podido evitar ser expulsadas. De las 969 familias que requirieron de la ayuda de la Junta, 554 consiguieron evitar el desahucio. Otras 415 están pendientes de resolución, aunque las familias continúan en sus casas.— M. P.

Medio ambiente

Doñana y el litoral

Al poco de asumir la cartera de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas se encontró con la polémica del paraje de Valdevaqueros, donde el Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) aprobó un plan para construir 350 viviendas y varios hoteles en esta zona salvaje. De momento, ni un ladrillo se ha puesto, pero este episodio ha servido para que Planas impulse una revisión del urbanismo del litoral para localizar las bolsas de suelo que llevan décadas en estado de hibernación, como el caso de Valdevaqueros.  La consejería también tendrá un papel decisivo en proyectos que amenazan al espacio natural más importante de Andalucía: Doñana. La Junta tendrá que posicionarse sobre la ampliación del dragado del Guadalquivir y el gasoducto de Gas Natural.— M. P.

Turismo

Un nuevo pacto con el sector

Rafael Rodríguez (IU) completa su primer año al frente de la Consejería de Turismo y Comercio con la aprobación del IV pacto por el Turismo, una herramienta para mejorar la competitividad del destino turístico y que nació con el consenso de todo el sector: empresarios, sindicatos y administración. Desde la llegada de Rodríguez, uno de sus objetivos ha sido también potenciar la proyección de la marca Andalucía reduciendo considerablemente los gastos sin que esto suponga una merma en la promoción. “Con menos se puede hacer más”, es una de sus frases más repetidas. Su talante cercano y su vinculación con el mundo sindicalista ha logrado convencer, de momento, a los empresarios.— J. S.