Un repliegue monumental

La recuperación del autogobierno a principios de la década de los ochenta obligó a montar una Administración de nueva planta. Para ello, el Consell, que entonces presidía Joan Lerma, se marcó como uno de sus objetivos la obtención de patrimonio propio. Se trataba de que fuese visible, físicamente, la recién recuperada Generalitat.

La puesta en marcha de las nuevas consejerías se utilizó para recuperar patrimonio, impulsar el desarrollo de distintos barrios de la ciudad de Valencia (Ciutat Vella, Campanar, Poblats Marítims) y transmitir la idea de una Administración moderna con raíces en el pasado.

La crisis económica y la decisión del Consell de Alberto Fabra de construir una nueva Administración para el siglo XXI —obligado a hacer de la necesidad virtud— se ha traducido en una de las mayores mudanzas administrativas de la era moderna.

Desde el pasado 18 de febrero y hasta finales de año, un total de 4.500 empleados públicos abandonarán sus antiguos despachos y se concentrarán en un gran complejo administrativo que la Generalitat ultima en el barrio de Nou Moles, alrededor de la antigua cárcel Modelo de Valencia, ahora en el tramo final de su remodelación. Será una de las mayores mudanzas de empleados públicos realizada nunca.

La nueva ciudad administrativa, bautizada con el nombre de 9 d’Octubre ocupa una gran manzana junto al viejo cauce del Turia. Sobre el solar se levantan cuatro torres, una de 16 plantas y las tres restantes de nueve, flanqueando la estructura de la antigua prisión, cerrada hace 26 años y en la que Luis García Berlanga rodó ¡Todos a la cárcel!.

En estas instalaciones se pretende reubicar las consejerías de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente; Economía, Industria, Turismo y Empleo; Gobernación y Justicia; Agricultura, Pesca y Alimentación; Bienestar Social y la dirección general de Tecnologías de la Información.

El traslado tiene como objetivo abandonar inmuebles alquilados, que ahora albergan distintas dependencias administrativas de diferentes consejerías, y vender buena parte del patrimonio acumulado por la Generalitat a lo largo de su historia para hacer caja.

Entre los edificios puestos a la venta está el que alberga la Consejería de Infraestructuras en la avenida de Blasco Ibáñez, que a partir del año próximo alquilará será alquilado por la Agencia Tributaria por un millón de euros al año. Pero también la sede de la Consejería de Economía en la comercial calle Colón de Valencia y el inmueble que ocupan las consejerías de Bienestar Social y Agricultura, la antigua clínica de La Cigüeña. Se trata de un edificio emblemático en la Albereda de Valencia que el Consell compró a la antigua Caja de Ahorros de Valencia a mediados de los ochenta por 500 millones de las antiguas pesetas a cómodos plazos.

El Consell asegura que ha invertido en las nuevas instalaciones alrededor de 108 millones de euros, que calcula que podrá tener amortizados en ocho años y que se han compensado con la venta del edificio que albergaba los antiguos juzgados en la plaza de Porta de la Mar en Valencia. La situación financiera de la Generalitat ha obligado, sin embargo, a mantener y adaptar el viejo mobiliario a los nuevos espacios diáfanos.

Los primeros en trasladarse han sido los funcionarios de la Consejería de Infraestructuras y la dirección general de Tecnologías, luego les seguirán los de Economía, Gobernación, Agricultura y Bienestar Social, a un ritmo de 100 empleados por semana.

“Lo que vamos a hacer es transformar la Generalitat en un ente eficiente y sostenible en el tiempo, una nueva Administración gestionada con criterios domésticos”, argumenta el consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, “más pequeña, más moderna y abierta, más participativa”.

En el diseño de la nueva ciudad administrativa —que ha recuperado para oficinas las cuatro galerías de celdas, la vivienda del alcaide y los edificios de cocinas y cuerpos de guardia— se ha previsto también una comisaría de la Policía Autonómica, una guardería y una sala polivalente, que pueda ser utilizada por los vecinos del barrio Nou Moles.

La llegada de funcionarios ha estimulado ya los negocios del barrio más próximo a las nuevas instalaciones administrativas de la Generalitat —bares, aparcamientos, restaurantes, etc.— Sin embargo, parte de los vecinos del barrio teme que los equipamientos que reivindican desde hace años queden en el olvido tras la llegada de las distintas consejerías al barrio.

Y es que las dimensiones del nuevo complejo administrativo son monumentales. Solo en oficinas hay cerca de 6.000 metros cuadrados, para los archivos se han dispuesto más de 4.000 y para el aparcamiento subterráneo se han destinado 33.600 metros cuadros. Se han cableado 150 kilómetros de fibra óptica para dar servicio a un centenar de servidores, y las nuevas tecnologías se han aplicado a fondo para mejorar la eficiencia energética y desconectar luces y aires acondicionados fuera del horario de trabajo de los empleados públicos. Todo sea por hacer la Administración más eficiente.