Hacienda desvela la trama societaria que vació los fondos de cooperación

La Agencia Tributaria ha desvelado el funcionamiento de la trama que vació los fondos de la Generalitat destinadas a los países pobres y que ha dado lugar al caso Blasco. Los principales imputados en la causa son el exconsejero, exportavoz del PP en las Cortes Valencianas y aún diputado, Rafael Blasco, y su amigo y empresario, Augusto César Tauroni, a quienes la policía intervino varias conversaciones telefónicas. Hacienda ha aportado a la juez cuatro informes sobre una fundación, Cyes, y tres empresas: Arcmed y GCS (ambas propiedad de Tauroni) y Dinamiz-e, administrada por el imputado Adolfo Soler.

Las conclusiones refuerzan las mantenidas por los investigadores: a pesar de tener formalmente distintos ámbitos de actividad económica y propietarios, las tres sociedades funcionaban en gran medida como un grupo empresarial, con frecuentes transferencias económicas entre ellas. Buena parte del dinero que manejaban provenía, a su vez, de ONG vinculadas a la red que obtenían fondos públicos para desarrollar teóricos proyectos en el Tercer Mundo que todo indica que no se ejecutaron.

Las ONG, por su parte, apenas tenían otra actividad que recibir el dinero público e ir filtrándolo por el entramado empresarial de la red corrupta. Para justificar ese movimiento de fondos, empresas y ONG elaboraban, según Hacienda, facturas falsas basadas en servicios inexistentes.

La Generalitat daba ayudas a ONG y estas contrataban a empresas

Es el caso de la fundación Cyes (Fundación Cultural y de Estudios Sociales), a la que la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía que dirigía Blasco entregó 1,66 millones de euros para dos proyectos humanitarios en Nicaragua, que acabaron destinados a la compra de dos pisos en Valencia. Después de analizar las ocho cuentas bancarias de la fundación, la Agencia Tributaria constata que entre 2007 y 2009 Cyes solo tuvo una vía de ingresos: las ayudas que le concedió la consejería de Blasco.

El principal gasto de la fundación fue comprar los inmuebles (806.898 euros). El segundo, 456.000 euros, fueron pagos a Arcmed, empresa propiedad al 100% por Tauroni. El tercero, 133.345 euros, a Asesoría y Consultoría Integral de Proyectos, una “empresa controlada” por el propio presidente de Cyes, Adolfo Soler, y también imputado en la causa. El cuarto gasto consistió en un abono de 58.590 euros a una empresa de reformas. Hacienda apunta que sirvieron para arreglar los pisos comprados con fondos públicos.

Solo en quinto lugar, por 43.000 euros, consta una transferencia al Ayuntamiento de Madriz, en Nicaragua, donde teóricamente iban a desarrollarse los proyectos de cooperación, consistentes en facilitar el acceso a agua potable y en mejorar las técnicas de cultivo.

Esa facturación era en muchos casos falsa, constata la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria considera falsa la facturación de Cyes a la empresa de Tauroni Arcmed por 456.000 euros. Cuando Hacienda preguntó por los servicios prestados, Arcmed dijo que había elaborado dos estudios, titulados Trasvase de agua en el departamento de Madriz y Elevación del nivel productivo en el departamento de Madriz. Arcmed, que tenía como objeto la prestación de servicios electrónicos a terceros y más tarde la explotación de bares, aseguró que había realizado los informes “con sus propios medios, sin intervención de terceros” y sin haber firmado ningún contrato con la fundación. Ante un nuevo requerimiento de la Agencia Tributaria, afirmó que los había realizado personalmente su administrador, Tauroni. Y finalmente dijo que los había subcontratado a GCS, sociedad de Tauroni. Una sucesión de justificaciones que Hacienda considera “incongruente”.

Los informes también revelan que Tauroni intentó deducirse en los impuestos (y fue rechazado por Hacienda) la amortización de un yate por parte de su empresa GCS, sin ninguna relación con la actividad náutica. La extraña compra de ese yate, por 275.000 euros en 2009, podría haber sido una forma de blanquear dinero proveniente de las ayudas a la cooperación.

Luís Fernando Castel Aznar, responsable de la empresa que evaluaba los proyectos de cooperación e imputado en la causa, admitió ayer ante la juez, por otra parte, haber recibido presiones para puntuar bien proyectos de la trama. Las presiones las habría realizado Marc Llinares, jefe de área en la consejería y hombre de total confianza de Blasco.