Bebés Robados acude al Constitucional tras el carpetazo de la Audiencia
El órgano provincial de Huelva consideró prescritos estos casos al haber transcurrido 15 años
La Asociación SOS Bebés Robados no quiere arrojar la toalla de la vía judicial para esclarecer los casos de bebés robados al nacer entre los años sesenta y ochenta y se ha aferrado al último recurso que les queda en el Estado español: presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra el auto dictado por la Audiencia Provincial de Huelva el pasado 6 de febrero que consideró prescritos estos casos al haber transcurrido 15 años desde el nacimiento de los bebés supuestamente arrebatados a sus progenitores.
El colectivo no está de acuerdo con esa tesis de la Audiencia onubense que descarta emprender acciones legales. Más aún, reiteran, que en otras Audiencias —como la de Madrid— se admiten las demandas. En un auto emitido el 28 de septiembre de 2012 se sigue un criterio distinto al de Huelva.
A la luz de esta situación, el abogado de la asociación, José Luis Orta, sostiene que: “Se están vulnerando los derechos constitucionales” de los ciudadanos de Huelva que, por un criterio de territorialidad, reciben “un trato desigual”.
Lo que el colectivo solicita, mediante este recurso al Constitucional, es que despeje “estas dudas” y se establezca un criterio que “iguale doctrinas en todas las audiencias de España”.
Torres Dulce, atento
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce —que participó este viernes en un congreso penal celebrado en la Universidad de Huelva—, afirmó que el órgano que encabeza observará los recursos que se planteen ante el Constitucional: “Atendiendo a la máxima exigencia en la defensa de los derechos fundamentales que se atribuye al ministerio fiscal con los que estamos plenamente convencidos en todas las jurisdicciones”.
Torres Dulce recordó que se había emitido una circular en la que se conminaba a todos los fiscales a que exploren todas las posibilidades de investigación para que no se archiven los casos de forma inmediata.
Está previsto que, en el plazo de dos o tres meses, el alto tribunal decida si admite a trámite el recurso presentado por la asociación onubense. La resolución que emita el Tribunal Constitucional deberá acatarse por todos los juzgados de España.
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