La Xunta perdona la demolición del asilo ilegal promovido por Baltar
El edificio se inició sin licencia, en suelo no urbanizable y con el doble de la altura máxima permitida
El asilo ilegal financiado por Baltar con fondos públicos para la empresa de uno de sus alcaldes se va de rositas. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, ha archivado el expediente de reposición de la legalidad urbanística que ordenó al Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa (600 habitantes) la ejecución inmediata del derribo de la inacabada residencia de ancianos que perturba el montañoso paisaje del Macizo Central.
El negocio, planificado en el año 2000 en pleno culmen de la burbuja inmobiliaria, era redondo: Baltar pagó la obra con fondos públicos, un diputado provincial y alcalde cedió terrenos municipales gratis y la empresa de otro exalcalde baltarista se quedaría con la gestión del asilo. Pero nunca fue rematado. El proyecto se presupuestó en más de 1,3 millones de euros, aunque solo se ejecutaron 662.000 a través de subvenciones concedidas por la Diputación de Ourense. El esqueleto del geriátrico lleva más de un lustro esperando una artimaña legal que permita rematar la edificación en medio de la aldea de Celeiros (70 vecinos) para cederlo gratuitamente a la Fundación Valdegodos, propiedad de la poderosa familia Candal, que acaba de recuperar la alcaldía del ayuntamiento ourensano de Vilamartín de Valdeorras a través de una moción de censura.
Dos clanes políticos muy unidos
Una vez finalizado, el asilo ilegal de Chandrexa de Queixa iba a ser gestionado por la Fundación Valdegodos, un conglomerado empresarial creado en 1975 por Manuel Candal, exalcalde del PP en Vilamartín de Valdeorras. Nunca pudo ver el proyecto finalizado. Falleció en 2009 en medio de un proceso judicial que le encausó por un presunto delito de prevaricación. La relación entre la familia Baltar y la familia Candal es muy estrecha. Un busto de Baltar padre colocado en un pedestal de dos metros de altura preside la entrada a la sede de la empresa de los Candal. La placa colocada bajo el busto honra al “benefactor” cacique ourensano. Además uno de los puentes que atraviesa el río Sil a su paso por la localidad fue bautizado con el nombre del exbarón. Los Candal, como los Baltar, también se perpetúan en las instituciones a través de sucesiones dinásticas. Candal padre fue el fervoroso alcalde baltarista de Vilamartín durante 36 años. Su hija, María Jesusa, ha ocupado esa alcaldía en dos ocasiones, aunque nunca fue elegida en las urnas. Heredó el puesto en 2009 tras la muerte de su progenitor. En las últimas elecciones locales perdió el bastón de mando y el PSdeG accedió al gobierno siendo la lista más votada. Pero el pasado 20 de enero de 2013, Candal hija recobró el control del Ayuntamiento a través de una moción de censura amparada por Baltar y apoyada en los votos de dos ediles de Alianza Popular Galega (APG). Además, fue una de las regidoras que estuvo vitoreando a Baltar padre en la puerta del juzgado el día que prestó declaración ante el magistrado que investiga los enchufes masivos.
Ignacio Candal, el otro hijo del sempiterno alcalde valdeorrés, entró a trabajar en la Diputación ourensana como técnico superior en desarrollo local y fondos europeos tras superar una oposición en 2009. También forma parte de la dirección del conglomerado empresarial familiar que aún aspira a hacerse con la residencia ilegal pagada con fondos públicos.
El subdirector de la APLU ordenó el archivo del expediente que certificó la ilegalidad y ordenó la demolición. El rosario de incumplimientos legales descrito por la agencia urbanística que ahora hace la vista gorda es interminable: la construcción se levanta en terreno rústico incumpliendo la Ley de Suelo de 1997 (que solo permite obrar en suelo urbano consolidado en municipios sin plan de urbanismo), se inició sin autorización administrativa, duplica la altura máxima permitida (siete metros), no incluye la obligatoria previsión de aparcamientos, nunca se aprobó un expediente de delimitación del terreno y, además, excede la ocupación máxima de la parcela. La agencia urbanística concluyó que las obras no eran legalizables, por lo que ordenó el derribo en una resolución de octubre de 2010.
El plazo máximo para ejecutar la demolición era de tres meses. Dos años después el edificio no ha sido derribado. La mole continúa impertérrita en medio de la montaña ourensana. A pesar de ello, la Xunta archiva el caso y deja en manos del alcalde, Francisco Rodríguez (PP), el obligado cumplimiento de la ley. El documento recuerda al regidor que “debe adoptar todas las medidas necesarias para la protección de la legalidad urbanística en el ejercicio de sus competencias”. Además, el Ayuntamiento de Chandrexa pagó multas coercitivas de 1.000 euros impuestas por la directora de la agencia por no materializar el derribo.
El mismo alcalde al que ahora se encarga la tarea de cumplir la ley, presentó varias alegaciones contra las resoluciones de la APLU. Unas resoluciones que, tras la visita de una inspectora, dictaminaron que el diseño del centro geriátrico “no se adapta al ambiente en que está situado” porque “rompe la harmonía del paisaje y desfigura la perspectiva del conjunto natural”. El regidor llegó a cambiar la superficie de la parcela ocupada ilegalmente. En su escrito figuraba con 6.350 metros cuadrados, pero la certificación del Catastro señala que tiene 3.371 metros. Todas las alegaciones fueron desestimadas por la misma agencia que ahora da carpetazo al caso.
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