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El juez apunta a las empresas que debían vigilar Emarsa

El instructor requiere a la Generalitat datos sobre las obras para ampliar la depuradora

El juez del caso Emarsa apunta a las empresas encargadas de controlar a la sociedad pública de depuración del agua de Valencia, y que no advirtieron del fraude que estaba sufriendo, tan masivo que la llevó a la liquidación por quiebra. El instructor ha requerido a las empresas Consomar, Red Control e Incivsa-Iva Leying toda la documentación sobre la “evacuación y destino final de los residuos (lodos, basuras, arenas, grasas...)” que generó la planta y “sirvieron de base para elaborar sus informes de financiación”.

Los socialistas ya denunciaron en abril pasado las sospechosas conexiones entre las personas que dirigían estas empresas, la depuradora saqueada y Epsar, la entidad de la Generalitat encargada del saneamiento del agua cuyos máximos responsables en la época investigada han sido imputados en la causa.

El juez, en esa misma dirección, ha reclamado a Epsar los documentos que justifican la construcción de la ampliación de la planta depuradora, ubicada en Pinedo. No está acreditado, desliza el juez, que algunos de sus costosos sistemas, como el secado térmico del fango, llegaran nunca a instalarse.

El magistrado también ordena a la Agencia Tributaria que informe sobre el patrimonio de los dos hermanos del exgerente y excargo del PP en la ciudad de Valencia, Esteban Cuesta. Y da cuenta de que Hacienda ha adoptado como medida cautelar la retención de una devolución de 2,21 millones de euros destinada a la Emshi, la entidad metropolitana que era propietaria de Emarsa, controlan los alcaldes populares y estuvo presidida por uno de los principales imputados, Enrique Crespo.