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OPINIÓN

Autismo político

Pere Navarro ha conectado mejor con los ciudadanos que quienes le afean la impertinencia de pedir al Rey que abdique

La segunda gran pitada al Rey Juan Carlos, acompañado esta vez por el ministro José Ignacio Wert, en un acto público multitudinario, la final de la Copa de Baloncesto, el día 10 en Vitoria, pasó desapercibida. La penúltima bronca, en la final futbolística de mayo de 2012, sorprendió y no pudo ser silenciada. Con la segunda, se ha hecho como si nada, como si eso fuera ya lo normal. Pero cuando el primer secretario del PSC, Pere Navarro, plantea que el Rey abdique para que su hijo Felipe pueda dirigir una puesta al día de unas instituciones políticas obviamente en crisis, se organiza un gran escándalo.

Los aspavientos se enmascararon con aspectos laterales del asunto, convertidos en descalificaciones de Navarro por su impertinencia. ¿Cómo se atreve a decir estas cosas sin permiso del PSOE? ¿Cómo se atreve a salir con estas el mismo día en que Alfredo Pérez Rubalcaba le daba la réplica al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados? ¿Es una maniobra de Carme Chacón? Lo que ha ocurrido es que, esta vez, Navarro ha conectado mucho mejor con una gran parte de la ciudadanía que sus contradictores. Y, desde luego, ha puesto en evidencia el autismo del presidente Mariano Rajoy y el conservador inmovilismo del PSOE en esta materia. El presidente ha intentado colar que en España hay solo una crisis económico-financiera y ha ignorado la otra, la constitucional y política que, poco a poco, va tomando cuerpo.

La escandalera provocada por Navarro proviene, sin embargo, del fondo del asunto. La idea de que los responsables de ciertos desaguisados deben dejar sus cargos públicos por una elemental necesidad de higiene política y de exigencia moral. Si no hay ni higiene ni moral públicas, lo que se expande es la podredumbre. Y esto vale para todos, de la Familia Real para abajo. Si el Rey debiera abdicar porque a estas alturas solo un gesto de este tipo limpiaría a la Corona del baldón que le ha caído por los manejos económico-políticos de su familia con los corruptos gobiernos autónomos del PP en Baleares y Valencia, por qué no tendría que dimitir Mariano Rajoy ante la abrumadora andanada que Bárcenas ha lanzado contra la dirección de partido que dirige, el PP?

Más todavía, sin ánimo de redundancia. ¿Cómo puede tolerarse que el presidente de Convergència Democràtica (CDC) y de la Generalitat, Artur Mas, siga negando la financiación ilegal de su partido a través de Fèlix Millet, tal como Rajoy niega la de Bárcenas? ¿Cómo puede Josep Antoni Duran Lleida seguir otros 20 años al frente del otro partido de CiU, Unió Democràtica (UDC), incluso cuando ya las sentencias firmes han desmenuzado su tinglado de financiación ilegal? ¿Cómo puede seguir en su cargo Arturo Fernández, el vicepresidente de la patronal española que paga en negro a sus empleados, no abona la cuota de sus trabajadores a la Seguridad Social y además proclama que “a mucha honra”?

Casi todos los partidos menos el PP consideran necesaria una reforma de la Constitución

El presidente Rajoy fue capaz de pasar de puntillas sobre tales asuntos en el debate parlamentario sobre el estado de la nación y al hacerlo dio la medida de su estatura política. Pasar de puntillas es también lo que hizo respecto a otros dos grandes retos, distintos, aunque relacionados entre sí, surgidos durante el año que lleva en el cargo: la reforma de la Constitución y la demanda de una consulta en Cataluña sobre su pertenencia al Estado español.

Casi todos los partidos menos el PP consideran necesaria una reforma de la Constitución, por diferentes motivos. Entre ellos se cuentan cuatro de los que en 1978 estuvieron en el consenso constitucional, el PSOE, CiU, y los herederos del PCE y el PSUC, Izquierda Unida e Iniciativa Verds. No es el caso del PNV ni de ERC, que también la reclaman. Ni del partido de Rosa Díez, UPyD, que la persigue con objetivos opuestos. En conjunto, representan una gran mayoría ciudadana.

Rajoy parece creer que puede no hacerles caso. Lo mismo que a la demanda de una consulta sobre la pertenencia de Cataluña al Estado español que ha formulado el Parlamento catalán. ¿Cómo puede comprenderse que tal petición, planteada democráticamente por una amplia mayoría parlamentaria y que afecta nada menos que a la tan cacareada unidad de la nación española, quede fuera del principal debate parlamentario anual sobre la política general del Gobierno, salvo para expresar un despreciativo desdén? Puro autismo.