Agua en venta

Ya todos lo admiten. Políticos, usuarios, operadores y asociaciones reconocen o denuncian que el recibo del agua está financiando un sistema municipal en quiebra. La secuencia es fácil: es un ingreso seguro y constante porque ningún ciudadano puede prescindir de este servicio y no hay competencia; como pocos mercados tienen características similares, el negocio atrae a grandes empresas privadas que acuden a los Ayuntamientos a ofrecerles dinero a cambio de hacerse con los clientes durante 25 años o más. La falta de una normativa precisa y un regulador independiente para arbitrar esta tensión genera auténticas crisis institucionales y favorece las supuestas irregularidades.

El último conflicto en Andalucía ha estallado con Gestión Integral del Agua de Huelva (Giahsa), pero hay más frentes abiertos, como el Puerto de Santa María, donde el proceso de concesión está muy avanzado.

El 60% de los andaluces paga a una empresa pública cada vez que abre el grifo y el resto, a una compañía privada o participada. Las principales son Aqualia, del grupo FCC, y Aquagest, con una mayoría de Aguas de Barcelona. De las grandes capitales y áreas metropolitanas andaluzas, solo Málaga, Sevilla y Córdoba mantienen el servicio público.

Tras el estallido de la crisis del ladrillo, los Ayuntamientos se han lanzado a buscar ingresos que no encuentran ni en los bancos ni en los Gobiernos ni en los impuestos. La salida más fácil es vender. Pero las empresas solo compran algo que sea rentable y vaya a ser negocio y con esas características solo está la basura en ciudades con población muy concentrada y el servicio de agua en grandes municipios. En especial en localidades costeras, donde muchos usuarios pagan religiosamente mes a mes, pero no requieren el servicio más que en verano.

Las empresas privadas gestionan el agua desde hace muchos años. En el levante español son mayoría. Cuando entran en este negocio buscan un legítimo lucro mientras que las públicas tienen como misión principal el servicio.

Las primeras argumentan que consiguen el beneficio porque son más eficientes y reducen gastos en suministros, materiales y repuestos al disponer de muchos contratos. Al mismo tiempo, afirman que innovan y desarrollan tecnologías propias.

Al conceder el servicio a estas empresas, los municipios obtienen un canon muy variable: Jerez calcula que recibirá 80 millones en dos plazos; Huelva obtuvo 57,3 millones por el 49% de su empresa municipal y Lepe vendió por 11 millones más dos en obras. Son solo ejemplos. Los municipios consiguen, además de dinero, prescindir del problema del personal, de la gestión del servicio y de la responsabilidad de subir las tarifas.

Jaime Morell, gerente del Consorcio de Aguas de Sevilla y secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), advierte que los Ayuntamientos se quedan sin la única empresa que les genera ingresos, que venden la gestión de un elemento declarado derecho humano por la ONU, que las entidades públicas son más transparentes y que las concesiones hipotecan el futuro sin posibilidad de marcha atrás por el alto coste de los rescates. También rechaza el argumento de la ineficiencia: “Lo que funciona mal habrá que hacerlo funcionar bien, porque un derecho ciudadano [el acceso al agua] hay que prestarlo desde lo público. Además, si no se controla al concesionario, este hace lo que quiere”. Concluye que las empresas no obtienen el lucro del ahorro sino de los usuarios, a los que les cobran, “desde el primer día”, con el recibo lo que adelantan al Ayuntamiento, los intereses y los beneficios.

Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), donde se agrupan muchas de las operadoras privadas y mixtas, además de públicas, admite que las empresas pueden ser más eficaces que las sociedades públicas.

La presidenta de la fundación Nueva Cultura del Agua, Nuria Hernández-Mora, cree que en España hay grandes empresas públicas para gestionar el agua, y pone como ejemplo las de Sevilla, entre otras. De hecho, sugiere que sean estas entidades las que intervengan o se asocien a otras cuando algunos municipios se plantean la posibilidad de abrir el accionariado de sus empresas. “Sería una forma de fortalecer lo público”, comenta.

Gistau añade que no cree que la titularidad sea el problema, sino el destino del dinero. “Debe ir al agua. Si no, se trata de una especie de malversación”, ha advertido reiteradamente.

En este sentido abunda el gerente de Aeopas, Luis Babiano, al asegurar que ““los usuarios del agua deben soportar solo los costes de la gestión, las infraestructuras o los vinculados al medio ambiente, como establece la normativa europea”. La repercusión en el recibo del agua de cánones concesionales que no han sido destinados a infraestructuras hidráulicas sino a otras necesidades financieras del municipio es una puerta abierta a posibles irregularidades, según Babiano, quien reclama que se prohíba como se ha hecho en la Ley de transparencia y anticorrupción francesa o que se cree un regulador o un observatorio independiente que vele por la transparencia del servicio.

Los problemas que genera la falta de una regulación clara sobre los cánones y el destino de los fondos se ha puesto en evidencia en la crisis generada en Giahsa, la empresa pública de la mancomunidad de Huelva MAS, con procesos de privatización abiertos cuestionados legalmente.

Giahsa nace con el objetivo de garantizar un suministro estable y de calidad a toda la provinicia onubense, salvo la capital. Su sistema se basa en la solidaridad: los municipios grandes y costeros facilitan la prestación del servicio en pueblos que por su menor población, por la dispersión de su caserío o por la distancia a la red principal, no podrían tener una empresa propia ni serían atractivos para las privadas. Con este principio de subsidiaridad, Giahsa se convirtió en una empresa rentable.

Pero llegó la crisis del ladrillo y a los Ayuntamientos grandes comenzaron a llegar las ofertas de las empresas privadas: a cambio de la concesión del servicio, adelantaban el dinero correspondiente a más de 25 años del canon que se estableciera. Con las arcas municipales necesitadas de fondos, los Ayuntamientos más grandes, principalmente, comienzan a separarse de Giahsa, haciéndola inviable. La sociedad pública intenta parar la hemorragia con pagos anuales por el uso de redes, pero los alcaldes reclaman toda la cantidad. En septiembre de 2011, todos los partidos firman un pacto para salvaguardar la sociedad pública, pero se incumple y los abandonos continúan.

Entre los Ayuntamientos que se han sumado a la corriente privatizadora está Valverde del Camino. Su alcaldesa, Dolores López (PP), aunque no respondió a las reiteradas llamadas de este periódico, sí ha enviado una carta en la que duda de la objetividad de los informes que cuestionan la legalidad del proceso de separación y la adjudicación por la vía de urgencia del servicio. Estos informes fueron elaborados por el exletrado del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Administrativo Javier Barnes, los abogados Francisco Hidalgo Álvarez y Eduardo Caruz Arcos del prestigioso bufete Cuatrecasas, y por la mancomunidad provincial. Según el escrito de López, los informes “carecen de la mínima objetividad” y constituyen “una opinión jurídica de los abogados de Giahsa”. También defiende que todas sus decisiones tienen el respaldo de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento y que, en cualquier caso, la decisión final sobre la legalidad del procedimiento estará en manos de los jueces y no de los abogados. El mismo escrito fue remitido por el alcalde de San Juan del Puerto, Juan Carlos Duarte (PP).