Ferrocarrils sigue sin recuperar el plan de pensiones que cobraron dos presidentes

Ni Antonio Herce ni Enric Roig han devuelto a Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) el dinero que cobraron en concepto de un fondo de pensiones que contrataron y que el Tribunal Supremo consideró ilegal, hasta el punto de condenarlos a 4 años y medio de prisión por un delito de malversación de fondos públicos. Pese a haber pasado nueve meses desde que se dictó la sentencia, la empresa pública de la Generalitat no ha visto ni un euro de los 2,7 millones de euros del plan de pensiones que contrataron y del que se beneficiaron quince personas, si bien solo ellos acabaron condenados.

FGC ha iniciado el proceso para intentar recuperar parte del dinero, según avanzó ayer la Cadena Ser, si bien da por hecho que apenas podrá ingresar la mitad de los 2,7 millones de euros. Tanto Herce como Roig pidieron el pasado mes de noviembre el indulto para no tener que entrar en prisión.

Ferrocarriles de la Generalitat ha iniciado el trámite para poder liquidar la deuda de sus dos expresidentes, para lo que su consejo de administración celebró la pasada semana una reunión extraordinaria. Según explicó ayer, la compañía ha iniciado un procedimiento de acuerdo con la Audiencia de Barcelona para conocer el patrimonio de Herce y Roig y poder recuperar parte de los fondos defraudados.

El pasado 17 de enero la empresa de la Generalitat solicitó un “plazo razonable” para alcanzar un acuerdo extrajudicial sobre el asunto a la Audiencia de Barcelona, solo un día después de que el tribunal les comunicara cuál es el patrimonio de ambos directivos. Un portavoz de FGC evitó ayer dar detalles sobre esos datos.

Según lo explicado durante la reunión, FGC habría alcanzado un principio de acuerdo con Enric Roig. Este se basaría en que FGC se quede con el patrimonio del que fuera presidente de la empresa entre 1993 y 1999 y, a cambio, Roig pague cada mes una renta por su uso, ya que ha solicitado la posibilidad de seguir beneficiándose de las que son todavía hoy sus propiedades. El caso de Herce, que presidió Ferrocarriles entre 1999 y 2002 y antes fue director financiero, es diferente. Él no ha presentado ninguna propuesta a la compañía, por lo que FGC reclamará la subasta de sus activos para poder asegurarse “el máximo resarcimiento” de la deuda. La empresa de la Generalitat aseguró, a través de un comunicado, que “FGC en todo momento está defendiendo los intereses públicos”.

La Audiencia de Barcelona condenó en 2011 a Herce y Roig por haber creado una “trama” que permitió constituir en 1991 un fondo de pensiones ilegal del que se fueron beneficiando a lo largo de una década. Un tercer procesado fue el que también fuera presidente de FGC y consejero de la Generalitat, Albert Vilalta, si bien este acabó absuelto pese a que firmó el contrato de constitución del plan de pensiones. El delito por el que se le imputaba había prescrito.

En el caso de Herce y Roig, la Audiencia de Barcelona consideró comprobado que ambos “ambicionaron un enriquecimiento económico personal muy superior al que les proporcionaría su retribución salarial” y que, si ampliaron a otras personas el beneficio del plan de pensiones, fue para “enmascarar su ilegal enriquecimiento”. Durante el juicio, ambos directivos defendieron que la constitución del plan de pensiones se había realizado con el objetivo de impedir la fuga de talentos de la compañía al sector privado.