Vecinos y ecologistas llevan a fiscalía el suministro del agua de Barcelona

Asociaciones de vecinos y plataformas ecologistas abrirán hoy un nuevo frente en su batalla por clarificar y poner coto al negocio del agua en Cataluña. Denunciarán ante la Fiscalía Anticorrupción el suministro del agua que explota Agbar en una veintena de municipios de la provincia de Barcelona, seguros de que no existe ningún contrato de concesión que le permita hacerlo, pese a la permisividad del Ayuntamiento de Barcelona y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). “La falta de contrato válido es meridianamente clara en la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona”, señala una denuncia que persigue que la Fiscalía acredite la existencia de un presunto caso de prevaricación por parte de las administraciones.

Esa sentencia, dictada en 2010, niega la existencia de ningún contrato de adjudicación. “No hay adjudicación del servicio ni hay contrato”, reza aquella sentencia, que es el principal escudo que utilizan ahora las asociaciones para intentar limitar el poder de Agbar en el negocio del agua en Barcelona y determinar que hay “un vacío legal” en el servicio del agua en baja, el que llega para a los hogares listo para su consumo.

Tanto la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) como las plataformas Attac-Acordem, Ecologistas en Acción, Enginyeria sense Fronteres y la Red por una Nueva Cultura del Aigua están detrás de las acusaciones. Consideran que pese a la sentencia del tribunal las administraciones no solo evitaron actuar de oficio para resolver una situación “anómala”, sino que desatendieron las peticiones de las asociaciones denunciantes para “subsanar” la situación y que, posteriormente, incluso habrían intentado regularizarla.

Esa última denuncia se aguanta sobre los pasos dados por la AMB en pleno mes de agosto, el pasado verano. Entonces el Gobierno metropolitano abrió el camino a la firma de un convenio para crear una sociedad mixta en la que Agbar tendrá un 85% del capital y la corporación municipal el 15% restante. A través de esa sociedad conjunta Agbar se asegura la explotación del suministro del agua en baja de 23 municipios de la provincia de Barcelona, una decisión que los denunciantes consideran que “no se ajusta a derecho” y con la que “se está regularizando una concesión a una empresa privada sin llevar a término el procedimiento exigido por la ley”, al no haberse abierto ningún concurso de adjudicación.

El proyecto fue finalmente aprobado por el pleno de la AMB en noviembre y el contrato debía entrar en vigor en 2013. Sin embargo, su despliegue está paralizado mientras el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decide la posible suspensión cautelar del convenio antes de emitir una sentencia firme sobre el caso, que ha recibido media docena de recursos contencioso administrativos. Empresas privadas, un particular y la Generalitat se han personado para intentar evitar el contrato.

El texto dirigido a la Fiscalía también recoge las vinculaciones que han tenido en los últimos tiempos gestores del AMB y de Agbar. “Algunos de los gestores públicos que mantuvieron esta situación de irregularidad y que actuaron, en perjuicio del interés general, actualmente forman parte de la sociedad que se está beneficiando”, dice el texto, otra de las batallas iniciadas por las plataformas tras la privatización de Aguas Ter-Llobregat. Aseguran que privatizar conlleva encarecer el agua.