IU y trabajadores piden la actuación judicial ante las privatizaciones ilegales

Izquierda Unida ha abogado por que sean los tribunales los que aclaren las irregularidades señaladas por el dictamen del exletrado del Tribunal Constitucional Javier Barnes en los procesos de privatización del agua en pueblos que se separan de Giahsa, la empresa instrumental de la mancomunidad provincial de servicios MAS. “Si el informe jurídico determina que esas salidas son ilegales, deben ser los servicios jurídicos de la propia mancomunidad los que tengan que acudir a los juzgados para hacer valer la estabilidad de esta organización como garante de la prestación del servicio público y del abastecimiento de agua en la provincia”, afirmó Rafael Sánchez Rufo, portavoz de IU en la Diputación onubense. Sánchez Rufo precisó que el informe revela que el PP ha pretendido “dinamitar” la empresa pública “incumpliendo su parte” en el pacto por el agua.

Por su parte, Manuel Rodríguez, representante del Comité de Empresa, también es partidario de que sea un juez el que determine “si hay o no delito” en la salida de estos ayuntamientos de Giahsa. “Parece que hay una trama orquestada para perjudicar a la mancomunidad y al resto de municipios que se quedan”, señaló Rodríguez. El representante de los trabajadores indicó que resulta “sospechoso que en dos años de privatizaciones siempre esté la misma empresa detrás”. “Los ayuntamientos del PP y gobernados en coalición con independientes aprueban salidas por vía de urgencia que no están argumentadas cuando, además, los propios estatutos de la mancomunidad recogen cómo tiene que salirse de forma planificada un municipio”, remarcó.

Las coordinadoras del agua de Cádiz y Jerez y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) pidieron ayer que la justicia revise los procesos de privatización y al Parlamento que aplique la Ley de Aguas para que los usuarios soporten los costes del recurso, pero no gastos municipales diversos o la financiación de los ayuntamientos a través de la amortización de cánones que adelantan las empresas privadas.

“Es necesario que la ley prohíba expresamente que el destino de los cánones que las entidades públicas perciban por la concesión de los servicios de agua no sea otro que las infraestructuras hidráulicas y que se establezcan los mecanismos de control y sancionadores suficientes para erradicar esta práctica”, comentó Luis Babiano, gerente de Aeopas.

En este sentido, Babiano añadió que la falta de un observatorio ha facilitado la opacidad y la falta de información y de un sistema de indicadores de gestión objetivo.

También criticó que el reglamento de suministro domiciliario de Andalucía, que debe de garantizar el buen servicio público a los ciudadanos, permita cortar el agua por impago, sin excluir a aquellos que carecen de medios, pero no pueden prescindir de este recurso, considerado un derecho humano.