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Una constructora favorecida por Crespo financió a Convergència

La fundación Trias Fargas ingresó 100.000 euros de la empresa Nova Lloret

Xavier Crespo en el Parlament.
Xavier Crespo en el Parlament.

La investigación sobre la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica (CDC) a través del Palau de la Música tiene una derivada en Lloret de Mar (Girona), ciudad de la que fue alcalde el diputado de CiU Xavier Crespo, investigado por sus relaciones con la mafia rusa. La empresa constructora Nova Lloret, que con Crespo en la alcaldía se benefició de un proceso de recalificación urbanística, donó 100.000 euros a la fundación de Convergència Democràtica. El ingreso consta en el informe que la policía elaboró el año pasado a petición del juez del caso Palau y que señala que numerosas empresas que trabajaban para la Generalitat financiaron a Convergència a través de la fundación Trias Fargas, hoy Catdem.

Nova Lloret aparece junto a otras nueve constructoras que donaron entre 48.000 y 250.000 euros a la fundación nacionalista. La mayor parte de estas compañías eran proveedoras o contratadas por la Generalitat, pero en el caso de Nova Lloret tenía sus proyectos centrados en el municipio de la Costa Brava en el que Xavier Crespo y parte de su equipo están siendo investigados por blanqueo de capitales de la mafia rusa. El concejal Josep Valls —que ha tenido que dejar la cartera de Urbanismo— ya está imputado por este asunto, mientras que Crespo, por su condición de diputado, está pendiente de la decisión que tome el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En las últimas semanas Convergència Democràtica ha defendido la labor de Crespo hasta el punto de haberle ascendido, con el beneplácito del resto de partidos, a la vicepresidencia de la comisión de Empresa del Parlamento catalán.

La donación a la fundación de Convergència se produjo, según el informe policial, entre 2002 y 2008 mientras el Ayuntamiento y la promotora negociaban el destino de unos terrenos situados en la entrada del municipio, el paraje denominado Sant Quirze. Consultada por EL PAÍS, la presidenta de Nova Lloret, Francisca Dalmau, rechazó dar detalles de la operación y de los donativos a CDC. “Es un tema muy antiguo, además, yo solo me ocupo de la parte urbanística”, explicó.

El cambio de criterio del equipo de Gobierno de Lloret sobre el planeamiento urbano de la zona Sant Quirze fue total y se produjo en poco más de un año. Xavier Crespo fue elegido alcalde en 2003 en pleno auge de la conciencia ecologista en Lloret, tras años de un crecimiento urbanístico acelerado. Crespo prometió apostar por el “desarrollo sostenible”.

En esa batalla contra la construcción desbocada tres zonas se habían convertido en símbolos de la protección: Cala Banys, Costa Marcona y Sant Quirze. En un pleno extraordinario celebrado en 2004 el Gobierno de CiU y PP aprobó proteger Sant Quirze y prohibir la construcción de viviendas. Fue un cambio sustancial: el plan parcial anterior contemplaba construir más de 900 casas en la zona, propiedad de la empresa Nova Lloret.

La medida prohibía incluso la circulación en coche por 24 de las 32 hectáreas de la finca y solo permitía construir equipamientos comerciales y oficinas en una zona de menor valor ambiental. Crespo afirmó que el Ayuntamiento se aseguraba la creación de un “auténtico mirador verde”.

Pero algo pasó entre este pleno y el 7 de noviembre de 2005, fecha en que el propio Xavier Crespo firmó un convenio con dos representantes de Nova Lloret que cambió las reglas del juego. El Consistorio cedió a las pretensiones de la empresa, que había presentado dos contenciosos contra la suspensión de las licencias. Nova Lloret podría construir en Sant Quirze hasta 130 viviendas, lo que suponía un giro total. El suelo urbanizable pasó de siete a 21 hectáreas y se reservaron 36.000 metros cuadrados para que la empresa levantase un centro comercial.

El acuerdo se negoció lejos de la luz pública. “A nosotros nos cogió por sorpresa”, explicó Juan Carlos Lozano, de SOS Lloret. Los ecologistas, que habían presentado 12.000 firmas para conseguir la desclasificación de los terrenos como suelo residencial y lo habían vivido como una victoria, se encontraron el nuevo acuerdo incluido ya en el Plan General de Ordenación Urbana (POUM). El POUM se aprobó de forma inicial en un pleno de noviembre de 2005, tres semanas después de la firma del convenio, y de manera definitiva en diciembre de 2006.

Poco después, el Ayuntamiento volvió a interceder por la empresa al tramitar de urgencia un informe favorable a la construcción del centro comercial planeado en Sant Quirze, tal y como había pedido Nova Lloret. Aunque el proyecto tiene el visto bueno, la crisis ha retrasado el inicio de las obras.