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Hijos de inmigrantes sin papeles

Extranjería denegó el año pasado en Cataluña la renovación de permisos a 376 menores

La familia de Dora en su domicilio.
La familia de Dora en su domicilio.

La crisis se ha cebado con los inmigrantes. Tanto como para provocar el regreso de decenas de miles a sus países de origen después de años luchando por tener una vida mejor que la que les aguardaba allí. Y la realidad de los que aguantan no es nada fácil. La falta de trabajo está provocando que las oficinas de Extranjería de la Delegación del Gobierno central en Cataluña hayan denegado en los últimos años miles de permisos de renovación de la residencia o el permiso de trabajo. Si se suman los años 2010, 2011 y 2012, las denegaciones fueron 8.195, una cifra abultada pero que en porcentaje sobre el total de solicitudes es pequeña: son entre el 2,6% y el 3,7% de las demandas de renovación. El resto, más del 96%, se conceden.

El problema es que en muchos casos estas denegaciones no solo dejan en situación irregular a personas adultas, sino también a sus hijos. Chavales que llegaron durante la década de 2000 y que después de un tiempo en situación irregular y de adaptarse a una nueva vida se encuentran de nuevo sin papeles. El año pasado la Delegación denegó 376 renovaciones a menores y en los años anteriores fueron 564 y 490, siempre según datos de la propia oficina de Extranjería. En porcentaje, la cifra vuelve a ser pequeña: entre el 2,6% y el 1,7%. En cualquier caso es significativo que en 2005 las denegaciones de permisos de menores no llegaban ni al 1%.

“Como si acabáramos de llegar”

Tiene tanto miedo a perder lo que tiene que no quiere aparecer con su nombre real ni decir dónde vive exactamente. Dejémoslo en que se llama Dora y vive en un pueblo de la Cataluña central. Es boliviana (allí ejercía de maestra) y llegó en 2005 con sus dos hijos pequeños. Los mayores ya llevaban un tiempo en España. Como tantos inmigrantes entró como turista, trabajó tres años en negro, encontró un empleo que le permitió regularizarse, pero lo perdió al cerrar la empresa. Con la mala suerte de que le faltaba un mes para tener derecho a paro. Sí tuvo derecho al subsidio “el de los 426 euros”, pero después de dos años ha dejado de cobrarlo. “Al perder yo los papeles también ellos se han quedado sin”, cuenta en referencia a sus dos hijos pequeños: un chaval de 16 años con síndrome de Down que perderá las ayudas que tenía para la escuela especial, la comida y el autobús, y una chica de 20 que terminará en junio los estudios de auxiliar de enfermería y no podrá obtener el título porque no tiene NIE. Ni podrá seguir estudiando.

“¿Cómo voy a haber cotizado si no hay trabajo?”, pregunta Dora y se desespera ante “el muro” de la delegación del Gobierno. “No tengo derecho a renovación porque no he cotizado en los dos últimos años”, repite. La paradoja es que ahora sí está trabajando y que ni la familia para la que trabaja puede ayudarla. “Tengo que empezar de cero, como si acabara de llegar. Lo que más miedo me da es que mis hijos no puedan estudiar”, dice, y lamenta la situación en la que se encuentra “después de haber contribuido a levantar el país, haber pagado impuestos y cotizado lo que tocaba”.

Si se trata de niños pequeños es probable que las familias ni se enteren. La escuela y la sanidad pública son universales. El problema llega con los extras: si el niño hace fútbol de extraescolar y se quiere federar; si la familia pide según qué becas; si se trata de un chaval de 16 años que quiere trabajar; con según qué estudios… Si el menor cumple años entre septiembre y diciembre, por ejemplo, tendrá problemas para matricularse en la universidad.

El sindicato CC OO lleva dos años denunciando esta situación. Es más, su secretario de inmigración, Ghassan Saliba, asegura que la Delegación del Gobierno ha endurecido las exigencias para renovar los permisos de residencia o trabajo y el de residencia de larga duración. Saliba recuerda que entre los estudios no obligatorios a los que un menor sin papeles no podría acceder figuran las guarderías. La normativa no es nueva, explica Saliba. Pero si hasta la llegada del PP al Gobierno se aplicaba “con cierta flexibilidad”, el actual Ejecutivo exige los ingresos mínimos (800 euros si se tiene un hijo, 1.050 si se tienen dos y 1.300 si se tienen tres) para renovar la residencia de los hijos. La pérdida del permiso de residencia afecta sobre todo a menores de familias de origen marroquí o de Latinoamérica, constata, y está muy vinculada al desempleo de los padres. Para renovar es necesario haber cotizado la mitad del tiempo de la autorización que se quiere renovar o una cuarta parte del tiempo siempre que la pérdida del empleo se deba a un despido y el afectado haya buscado empleo.

La versión sobre el fenómeno desde la Delegación del Gobierno es completamente opuesta: “Precisamente se están flexibilizando las condiciones respecto al reglamento para evitar crear una bolsa de extranjeros en situación irregular”, aseguran fuentes de la subdelegación. Las mismas fuentes subrayan lo pequeños que son los porcentajes de denegaciones respecto al total de solicitudes concedidas.