La Generalitat sopesa reducir un 50% su inversión pública hasta 2014
Infraestructures prevé reducir su producción a 470 millones en dos años
La Generalitat no contempla aumentar la inversión en obra pública en los dos próximos años. Todo lo contrario. Plantea continuar reduciéndola más de un 50% hasta 2014. Al menos así lo prevé su principal brazo constructor, la empresa pública Infraestructures —cuyo núcleo es la antigua Gisa—, inmerso en un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a la mitad de la plantilla. “Se prevé que para los próximos dos ejercicios la producción continúe reduciéndose drásticamente, hasta llegar a los 636 millones de euros en 2013 y los 479 millones de euros en 2014”, apunta la memoria que argumenta los despidos. Las cifras se aproximan más a las de 2001 que a las del ejercicio pasado, cuando la obra en curso de la empresa pública ascendía a 1.024 millones de euros.
La bajada de la producción de Infraestructures responde al parón licitador del Gobierno de Artur Mas, que ha renunciado a los efectos de flotador que la obra pública tiene sobre la actividad económica en tiempos de crisis. El pasado año apenas se adjudicaron obras por valor de 126 millones de euros (en 2010 fueron 1.535 millones) y en los dos próximos ejercicios se prevé que esta alcance los 131 millones (2011) y los 122 millones (2012).
Una señal de que la Generalitat no tiene intención de impulsar su plan de infraestructuras se encuentra en el anuncio del consejero de Territorio, Santi Vila, de prorrogar dos años más las obras del tramo de la Línea 9 del metro —principal proyecto que tiene entre manos la Generalitat— hasta el aeropuerto de Barcelona. Con esas nuevas previsiones, la anhelada llegada no se produciría hasta 2016. Tampoco ayuda que los recortes impuestos por el alto déficit autonómico hayan arrollado la mayoría de proyectos pendientes para construir nuevos colegios, ambulatorios y otros centros donde la administración dispensa servicios.
La caída de la producción en el pasado y la estimada en los próximos dos ejercicios y la situación de pérdidas económicas en la que se encuentra Infraestructures, de 23,8 millones de euros a la espera de auditar las cuentas, son el cóctel que la dirección de la compañía considera imprescindible para efectuar un recorte de hasta 120 trabajadores sobre una plantilla de 211 personas. “Se evidencia que la plantilla está sobredimensionada”, asegura la memoria a la que ha tenido acceso este diario. En esta también se alerta que la delicada situación económico-financiera de la empresa pública obliga a adoptar “medidas estructurales” para evitar que “la situación de pérdidas no se vuelva irreversible”.
No se trata del primer ajuste de plantilla que efectúa la compañía, que en el curso de los últimos años ha sido el eje sobre el que ha girado la política de fusión de los organismos de la Generalitat en materia de obra pública, pasando esta a depender del Departamento de Economía y no de Territorio. Desde 2011 Infraestructures se ha ido conformando tras unir Gisa, Regsa (Regs de Catalunya) y Regsega (Reg Sistema Canal Segarra-Garrigues). Posteriormente, y una vez constatada la imposibilidad de vender ICF Equipaments, el Gobierno catalán la integró al grupo.
Gisa ya despidió en 2011 a 45 trabajadores alegando razones económicas y de producción. Y en junio del año pasado acordó con los sindicatos iniciar un expediente de regulación temporal que afectaba a 95 personas. Era una fórmula para ganar tiempo a la espera de que las tres grandes obras de Infraestructures, Línea 9 y las dos ampliaciones vallesanas de Ferrpocarriles de la Generalitat (FGC), tomaran forma. Al final solo se ha retomado un tramo de FGC y la Línea 9 ha diluido su inversión en el tiempo.
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