La Cámara rechaza anular los recortes en ayudas sociales

“Que lo que se ha perdido en un año se recupere en un año”. Es el argumento empleado esta mañana por la parlamentaria de EH Bildu Belén Arrondo para explicar la proposición no de ley de su grupo para eliminar algunas modificaciones legales que se llevaron a cabo en noviembre de 2011 en la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social y el recorte del 7% de las cuantías mensuales aprobado en la Ley de Presupuestos de 2012. La propuesta, que también incluía la creación de un fondo de compensación de los recortes que tuviese carácter retroactivo, ha caído en saco roto debido al acuerdo adoptado por PNV y PSE, en el que se ratifica en que las ayudas estén vinculadas a la activación sociolaboral, pide “seguir trabajando en la mejora y agilización del funcionamiento y objetivos de Lanbide” y reclama “garantizar las ayudas sociales en los presupuestos de 2013”. La propuesta de EH Bildu ha sido rechazada y el texto alternativo ha sido aprobado con los votos de PNV, PSE y UPyD y la abstención del PP.

Arrondo ha cargado contra el acuerdo alcanzado entre PNV y PSE porque “solo son palabras, pero compromisos cero”. La portavoz socialista, Gloria Sánchez, se ha centrado en defender que el recorte del 7% era “temporal” –aunque durante la campaña electoral Patxi López reconoció que si siguiese gobernando la medida seguiría en marcha-, dejando en manos del PNV la decisión de que esta siga hoy en día en marcha. Sánchez ha justificado el recorte de la cuantía –no ha hecho mención al resto de modificaciones legales, pactadas en 2011 con el PP- con la “reducción de ingresos” y ha deslizado la responsabilidad de la decisión a la no aprobación de una reforma fiscal, apuntando implícitamente a los jeltzales, que hasta 2012 no se mostraron partidarios a la revisión de la fiscalidad que ahora lidera el lehendakari Iñigo Urkullu. La portavoz del PNV, Amaia Arregui, ha explicado que no es posible “en la situación actual” crear un fondo de compensación de los recortes puestos en marcha en el sistema de ayudas sociales, el más importante de toda España tanto en la población que abarca como en las cuantías de las prestaciones.

Tanto el PNV, como el PSE, el PP y UPyD han criticado la proposición de la coalición abertzale porque reclama la derogación de algunas de las modificaciones legales realizadas en 2011. Sánchez ha dicho, en este sentido, que las “leyes solo se derogan con otras leyes” y ha advertido que “no recuperaría la vigencia” la ley original, la aprobada en 2008. Los socialistas también han recibido las críticas del PP por sus “idas y venidas” en materia de ayudas sociales. Gorka Maneiro ha puesto el foco en que “no solo recorta el Gobierno de España recorta, también el Gobierno vasco lo hace, es una realidad que a veces se obvia”. Maneiro ha destacado que lo prioritario sería “mantener” el sistema y realizar mejoras para evitar cuestiones como las que desde hace meses viene criticando el Ararteko en aspectos de la tramitación de las ayudas en el Servicio vasco de Empleo.

El PNV presentó una enmienda a la totalidad en la que reclamaba un estudio sobre las consecuencias de la modificación legal de hace un año que no ha sido incluido en el acuerdo y un análisis de los plazos que supondría realizar un cambio de esta norma. Asimismo, reclamaba “no recortar las ayudas sociales del presupuesto de 2013” salvo por “disposición de obligado cumplimiento”. La enmienda a la totalidad de los socialistas se centraba en que el nuevo Gobierno siga con una estrategia de inclusión activa de los perceptores de ayudas en el mercado laboral y social y reclamaba que se garanticen las ayudas en los próximos presupuestos.

Arrondo ha sido especialmente contundente en contra del texto presentado por el PP, centrado en poner medidas para que las ayudas lleguen a “quien realmente lo necesita”, apuntando al fraude social, y ha señalado que “no hay fraude en estas personas, no hay fraude en Lanbide, el verdadero fraude está en la calle Génova”, ha censurado, apuntando a las informaciones que hoy publica EL PAÍS en torno al caso Bárcenas. La portavoz del PP, Laura Garrido, ha respondido diciendo que “todos sabemos que existen” casos de fraude en las ayudas sociales y ha añadido que “hay que tener cara” desde EH Bildu para hablar de derechos de las personas cuando desde la coalición abertzale “avalan a aquellos que no defienden el derecho fundamental, el derecho a la vida”.

En su propuesta, el PP también hacía referencia a realizar actuaciones para que el sistema sea “eficaz y eficiente”. Al hilo de esta mención, Garrido ha hecho referencia al “cierto caos” que está teniendo Lanbide en su funcionamiento.

Uno de los puntos de la iniciativa de la coalición abertzale recogía la eliminación de uno de los cambios añadidos en 2011, que los perceptores trabajen cuando se den situaciones de emergencia en tareas para la comunidad. El PP, en cambio, ha presentado otra proposición no de ley reclamando justo lo contrario, que se cumpla con esta modificación incluida en la ley, que el Gobierno anterior no puso en marcha pese a respaldarla.