IU presiona para que la Junta frene el gasoducto proyectado en Doñana

El proyecto gasístico en Doñana al que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha dado el visto bueno puede convertirse en un foco de desencuentro en la pacífica relación de PSOE e IU en la Junta. Los dos partidos gobiernan juntos desde hace ocho meses sin grandes sobresaltos. Pero IU —que está inmersa en un proceso de renovación de cargos en Andalucía— ha sido rotunda este jueves en su rechazo al proyecto de Gas Natural, que contempla la extracción y almacenamiento de gas y la construcción de 20 kilómetros de nuevas de conducciones dentro del espacio natural.

El portavoz de IU en el Parlamento regional, José Antonio Castro, ha anunciado que su formación "sacará toda la artillería para frenar este despropósito". Castro ha remitido una carta al consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas (PSOE), en la que le pide una "reunión a la mayor urgencia posible". Quiere "conocer toda la información de la que la consejería dispone" y saber la opinión y posición de este departamento sobre el proyecto.

El vicepresidente de la Junta y coordinador regional de IU, Diego Valderas, ha sido menos rotundo que su compañero. Pero ha apostado por que la Junta fije "posiciones en defensa del patrimonio natural de Doñana". Valderas no ha descartado que se cree una comisión de expertos. Esa fórmula fue la que se empleó en su día con la ampliación del dragado del Guadalquivir que quiere acometer el puerto de Sevilla, un asunto que también está a la espera de la decisión del ministro Miguel Arias Cañete.

14 pozos y 70 kilómetros de canalizaciones

El proyecto se ha dividido en cuatro documentos para su tramitación ambiental ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En dos de las declaraciones de impacto ambiental que forman parte del proyecto se contemplan actuaciones dentro del espacio natural de Doñana, pero no dentro del parque nacional, según la empresa.

Gas Natural tiene extracciones en la zona desde hace décadas. Lo que plantea ahora es ampliarlas y, como novedad, utilizar las cavidades que queden vacías como almacén de gas.

El proyecto contempla una red de tuberías de 70 kilómetros. Según la empresa, 20 kilómetros serán de nueva construcción. En los 50 restantes, lo que pretende hacer es sustituir las canalizaciones de gas ya existentes por nuevas tuberías. 46 kilómetros de gasoducto (15 de nueva construcción) estarían dentro del espacio natural.

También se prevén 14 pozos para la extracción del gas. Cinco serán nuevos y, de esos, tres estarían dentro de los límites del espacio natural.

Los miembros socialistas de la Junta no han sido tan contundentes en el rechazo al proyecto de Doñana. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, ha sostenido que "cualquier intervención o actuación en esta zona va a tener esta extrema vigilancia por parte del Gobierno andaluz". Sin embargo, la consejera ha recordado que la Administración central es "quien tiene la última palabra". Por eso ha reclamado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que proteja "al máximo" este espacio.

Es cierto que al tratarse de un proyecto de hidrocarburos será el Ministerio de Industria el que conceda el último permiso. Pero la Junta también tendrá que pronunciarse en los próximos meses. Tras las declaraciones de impacto ambiental favorables que el departamento de Arias Cañete ha publicado esta semana —los ecologistas han criticado que se haya troceado el proyecto en varios documentos—, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente tendrá que estudiarlo. Este departamento es el que debe conceder la denominada autorización ambiental unificada, donde se analizan los impactos ambientales. Fuentes de esta consejería han señalado este jueves que los técnicos estarán pendientes de que se cumplan las observaciones y salvedades que la Junta presentó al proyecto durante la tramitación de la declaración de impacto ambiental.

El proyecto prevé nuevas actuaciones y obras dentro del espacio natural de Doñana, pero no dentro del parque nacional, según defiende la empresa.

La comisión permanente del Consejo de Participación de Doñana emitió un informe favorable al proyecto en noviembre de 2011, cuando el PSOE gobernaba en solitario en Andalucía. Los representantes de la Junta y del Gobierno apoyaron el proyecto. Los grupos ecologistas lo rechazaron.

Este asunto se intentó abordar en otra reunión de la comisión de Doñana en octubre de aquel año. Juanjo Carmona, de WWF, ha explicado que, ante las dudas que surgieron, se solicitó a la entonces Consejería de Medio Ambiente un informe jurídico.

Finalmente, se presentó un escrito de los servicios jurídicos de la consejería fechado el 3 de noviembre. El informe, que carece de conclusiones, es algo ambiguo. En uno de los apartados recuerda que en las denominadas zonas A (las de máxima protección) "se consideran incompatibles la construcción de nuevas infraestructuras y edificaciones de cualquier tipo", como las previstas en el proyecto de Gas Natural. Sin embargo, fuentes del departamento de Planas no han sabido aclarar este jueves si las obras de la compañía se desarrollaran dentro de esa zona A. Los técnicos de la consejería tendrán que aclararlo durante el proceso de autorización ambiental unificada.

A la polémica por este asunto ha contribuido que Felipe González, consejero de Gas Natural, presidiera el Consejo de Participación de Doñana hasta mediados de diciembre.