Hacienda destapa una red de mayoristas chinos acusados de defraudar 64 millones

Con la ayuda de un agente privado de Aduanas (representante del importador y del exportador) y un sofisticado entramado empresarial, Hacienda calcula que una red de mayoristas de origen chino ha logrado estafar al fisco 64 millones de euros. La investigación, que se ha alargado durante más de un año, y ha tenido trabajando a un centenar de agentes de la Agencia Tributaria, se ha materializado en 18 denuncias, contra 43 personas, a las que acusan de 133 delitos fiscales.

La gran estafa empezaba en China. Allí los acusados compraban de forma legal a un proveedor los típicos productos que se suelen vender en los bazares. Todavía en China, esa factura pasaba a manos de una sociedad instrumental, que maquillaba las cuentas. Los empresarios reducían tanto el número de artículos adquiridos como el valor de los mismos. La Agencia Tributaria considera que de esa forma no declaraban el 70% del valor de lo productos que importaban a España. Lo hacían a través del puerto de Barcelona, donde llegaban los contenedores cargados de material. Una vez allí debían salvar el siguiente escollo: el control aduanero. Algo que, gracias a la ayuda del agente privado, lograron saltarse durante cuatro años sin mayores dificultades.

“Es una de las operaciones más relevantes desarrolladas en Cataluña”, aseguró ayer el delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, Gonzalo David García de Castro. La operación arrancó en octubre de 2011, después de que obtuviesen el permiso del juzgado para poder entrar en una veintena de domicilios. La acción “sorpresa” de la Agencia les permitió hacerse con numerosa documentación, que les sirvió para contrastar el volumen real de mercancías con el que trabajaban

Los mayoristas estaban radicados en Barcelona, Sant Adrià del Besós y Badalona, desde donde vendían el 70% de sus productos sin declarar a los minoristas. Desde 2007 a 2011, la trama logró evadir 240 millones en ventas no declaradas. Lo que se traduce en los 64 millones que deberían haber acabado en manos del fisco (40 en concepto de IVA y 24 en impuesto de sociedades).

Tras los registros, los agentes pudieron comprobar situaciones poco verosímiles que ponían al descubierto el engaño. “Un almacén con un volumen muy importante de trabajo, con cinco trabajadores al pie del cañón como se suele decir vulgarmente, que emitiese dos facturas al día era realmente muy significativo”, destacó ayer García de Castro.

De Castro admitió en rueda de prensa que la misma operación si se hubiese llevado a cabo a través de una inspección rutinaria, sin las órdenes de entrada y registro, habría complicado mucho más la tarea de los agentes para poner al descubierto el presunto fraude.

La fiscalía deberá ahora decidir qué delitos imputa a cada uno de los implicados, que la Agencia Tributaria ha desgranado en 133 delitos contra la Hacienda Pública, teniendo en cuenta los distintos ejercicios investigados. “Vamos más allá de las sociedades, vamos a los administradores o a cualquier persona que como autor o coautor interviene en esos hechos”, afirmó García de Castro.

La Agencia Tributaria ha embargado hasta ahora 84 inmuebles y 240 cuentas bancarias de los afectados por su investigación, así como cuatro cajas de seguridad en bancos. Aunque no ha detallado la cantidad de dinero que supone, García de Castro sí aseguró ayer que sería suficiente para satisfacer la deuda contraída con el fisco.

Para blanquear el dinero que la empresa movía en negro, los acusados utilizaban los mismos métodos que la red que está acusada de liderar el empresario chino Gao Ping, que fue desarticulada en diciembre en la Operación Emperador. Los empresarios enviaban el dinero en maletines a través de aviones o bien a través de barcos. También se valían de personas que poseen cuentas en paraísos fiscales. A estos les satisfacían los montos en efectivo, a cambio de que ingresasen cantidades similares en cuentas chinas.

García de Castro explicó asimismo que los acusados también tenían relación con algunas de las compañías de Gao Ping, ubicadas en Madrid, aunque no estaban vinculados con la red corrupta desarticulada por la Fiscalía Anticorrupción. El comercio con Asia fue una de las prioridades del plan anual de controla el fraude de la Agencia Tributaria de 2012.