La ‘marea blanca’ apela al Gobierno

El conflicto que vive la sanidad madrileña desde noviembre pasado a cuenta del mayor plan de privatizaciones impulsado en España trasciende las fronteras regionales y exige la intervención del Gobierno. Así lo creen los colectivos que forman la marea blanca contraria a los planes del Ejecutivo regional, tanto sindicales como profesionales. Por eso no fue casualidad que ayer la manifestación por la sanidad pública acabara frente a la sede del Ministerio de Sanidad, en el paseo del Prado, y no en la Puerta del Sol, como ha sido habitual hasta ahora. Miles de personas marcharon a mediodía entre cánticos de “sanidad pública” y “sí se puede”.

La soledad del Gobierno autónomo de Ignacio González en parte de su reforma sanitaria —el euro por receta está dentro del mismo plan que pretende privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud ya construidos y en funcionamiento— podría facilitar la mediación del ministerio, opinan los colectivos de la marea blanca. Al fin y al cabo, el Ejecutivo ha anunciado que recurrirá el euro por receta de González y lo ha criticado abiertamente. En cambio, hasta ahora la ministra Ana Mato ha sido muy cautelosa en lo que respecta a las privatizaciones y la respuesta que han generado: huelga de cinco semanas de los médicos, protestas de todos los colectivos del sector, dimisiones masivas... Fuentes de su departamento aseguran que sigue de cerca el conflicto y que, “si la huelga se recrudeciera o si el ministerio viera que la asistencia a los pacientes se ve perjudicada, tomaría las medidas oportunas”.

La situación, por ahora, es de calma tensa. Lo que más parece preocupar al Gobierno regional es enfrentarse a otra huelga. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, convocó ayer, domingo, una rueda de prensa prácticamente a la misma hora que la manifestación para criticar la “absoluta irresponsabilidad” que, en su opinión, supone convocar nuevos paros en la sanidad. La semana pasada el principal sindicato médico, Amyts, y el de enfermería, Satse, anunciaron su intención de llamar a un nuevo paro. Al día siguiente se les unió el sindicato de los auxiliares de enfermería, Usae. Una multitudinaria asamblea de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) en el Colegio de Médicos también votó mayoritariamente volver a la huelga indefinida —fue este colectivo el que promovió el paro indefinido que retrasó 50.000 consultas y 6.500 operaciones—, aunque esta vez de un día a la semana.

De momento, no son más que anuncios, supeditados, tal y como explica la portavoz de Afem, la geriatra Fátima Brañas, a que el Gobierno regional manifieste de forma pública que retira el plan de privatizaciones. Si González renuncia a ceder a empresas la gestión sanitaria, lo que asegura que ahorraría 200 millones de euros anuales, Afem no llevaría a cabo los paros. “Esto no es un problema solo de Madrid”, añade Brañas. Su organización entregó a la ministra Mato una carta a finales de noviembre, tras otra marea blanca. “Nos contestó con un correo electrónico muy educado, diciendo que creía que dialogando se arreglan las cosas”, dice.

Esta semana la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (Cesm) ha instado al ministerio a intervenir en el conflicto de Madrid, pero también en otras autonomías con frentes sanitarios abiertos, como Asturias o Andalucía. La Cesm se ha unido a la convocatoria del Foro de la Profesión Médica y a la Organización Médica Colegial —agrupa a todos los colegios de España— para realizar una gran manifestación en Madrid, el 23 de febrero, que convierta la protesta autonómica en una cuestión de ámbito nacional. Otras comunidades gobernadas por el PP han planteado paquetes privatizadores de la gestión sanitaria. Castilla-La Mancha, por ejemplo, anunció que cedería la gestión de cuatro de sus hospitales a empresas. Lo hizo antes que Madrid, pero aún no lo ha puesto en marcha. Ignacio González ya tiene el presupuesto y la ley que lo permite aprobadas.