Salud suspende el plan de atención a los presos por impago del Gobierno

La Consejería de Salud y Bienestar Social dejará de prestar en 2013 el plan de atención sanitaria a presos que viene desarrollando desde hace 18 años en virtud de un convenio con el Ministerio del Interior. La decisión se ha tomado, según han confirmado fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero, después de que el Gobierno central haya remitido a la Junta un escrito en el que se niega a abonar los servicios prestados en 2012 con un solo pago centralizado, como se ha hecho hecho desde 1995, y exige a Salud que remita una factura individual y detallada de cada atención prestada recluso por recluso.

La sanidad de los presos depende de Instituciones Penitenciarias, que mantiene en las cárceles un servicio de atención primaria, pero con una estructura limitada. De ahí que el Gobierno y la Junta firmaran en 1995 un convenio para coordinar la atención especializada y organizar programas específicos para los reclusos. El acuerdo contempla actuaciones de educación para la salud, medicina preventiva (entre otras, el suministro de las vacunas de los niños que viven con sus madres en las prisiones), vigilancia epidemiológica, programas de salud mental y un protocolo específico en las consultas de especialidades (como intentar practicar todas las pruebas en una única visita, incentivar el desplazamiento de los especialistas a las cárceles o programar para el mismo día las consultas de varios internos de un mismo centro) con el objetivo de reducir al máximo los traslados de los presos a los centros de salud y los hospitales.

Un convenio de 1995 creó programas para mejorar la atención a los reclusos

El primer convenio fijó la aportación del Estado en 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) y dispuso que esta cantidad se actualizaría cada año en función del número de reclusos y aplicando el incremento del PIB. La última adenda de renovación del convenio, correspondiente a la atención prestada en 2011, cifró la aportación del Estado en 6,1 millones (388,18 euros por cada uno de los 15.732 reclusos que albergaban las cárceles andaluzas).

La adenda de 2012 nunca se llegó a firmar, aunque Salud asegura que la renovación de estos convenios se da por hecha de forma automática y por ello siguió prestando durante todo el año pasado la atención sanitaria a los presos como en ejercicios anteriores. Pero, cuando a final del año ha reclamado el pago a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, esta ha contestado que el convenio no está vigente. En un escrito fechado el 21 de diciembre, el subdirector general de servicios penitenciarios, Enrique Caracuel, insta a la Consejería de Salud a facturar cada atención prestada “con la finalidad de evitar devoluciones posteriores”.

Fuentes de Salud aseguran que es “prácticamente imposible” hacer ahora una factura para cada uno de los servicios que se prestaron el año pasado. El SAS, según estas fuentes, va a intentar aportar la documentación que sea posible, pero se da por hecho que no va a ser toda. Y, con estos precedentes, se da también por descontado que el convenio no está vigente en 2013. El acuerdo de 1995 recoge como una de las causas de extinción del mismo “la falta de pago de los compromisos económicos adquiridos por la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios en concepto de servicios prestados en asistencia sanitaria”. Es un caso parecido al que ha puesto fin al servicio de orientación jurídica que pagaba la Junta y que la Consejería de Justicia ha suspendido porque el Gobierno no ha renovado el convenio que lo sustentaba.

Con la extinción del acuerdo sanitario, los reclusos seguirán recibiendo atención en los centros del SAS, pero perderán los programas diseñados específicamente para ellos. Por ejemplo, el agrupamiento de las citas para facilitar el traslado de los internos a los centros de salud. Con el convenio en vigor, los fiscales de vigilancia penitenciaria, el Defensor del Pueblo y la Asociación Pro Derechos Humanos han denunciado en repetidas ocasiones la pérdida de citas médicas (hasta el 20% en algunas cárceles) que sufren los presos por la falta de policías que les lleven al hospital, una situación que puede empeorar ahora si el acuerdo entre las dos Administraciones se da por roto.