Muchos recortes y subida de impuestos

El 5 de enero de 2012 no fue un buen día para los valencianos. La crisis, intensificada por la dependencia del ladrillo y los impagos de la Generalitat a los proveedores, ya había vuelto irrespirable el ambiente y disparado los despidos, pero en el pleno del Consell de ese día de la cabalgata de los Reyes Magos se abrió la puerta de la catarata con el decreto ley 1/2012, de 5 de enero, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana. Era la madre de todos los recortes.

Con este paquete de “medidas muy duras”, como lo calificó el vicepresidente José Ciscar en su presentación, la Generalitat calculaba un ajuste de 1.057 millones de euros: 238 se obtendrían del incremento de los ingresos por la subida de impuestos, 440 del recorte del gasto sanitario y 379 de la reducción del gasto de personal. Sobre la hoja de cálculo Excel parecía solo cómputo, pero el impacto social era un drama que no tardaría a manifestarse.

El tijeretazo contemplaba una restructuración de la Administración que implicaba despidos. Hasta ahora, el ajuste de plantillas se ha llevado por delante a 1.656 trabajadores, aparte de los inminentes 1.198 que saldrán con el expediente de regulación de empleo de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). El plan del Consell es reducir en unos 3.500 los empleados públicos vinculados a la Generalitat. El decreto, además, se cebaba en el sueldo de los funcionarios, reduciéndolo en 271 millones de euros anuales, siendo los más afectados, por su repercusión económica, los de sanidad y educación. Este ajuste se añadía a la reducción lineal vigente del 5% del salario del Gobierno central.

Los recortes también incidían en la calidad de los servicios. En el ámbito sanitario, aparte de la privatización en marcha de la gestión no asistencial del sistema autonómico de salud, se prescindía de las operaciones de cataratas en plan de choque, se reducía la farmacia hospitalaria (incluso revisando historiales de los pacientes), se concentraban servicios y se simplificaba el menú en los hospitales. Pero también se ha implantado un copago farmacéutico de un 60% para la población activa (aunque en función de la renta puede quedar en el 50% o el 40%) y un 10% para los jubilados (con unos límites mensuales también en función de la renta).

El decreto ley del 5 de enero de 2012 desencadenó una catarata de ajustes

En el ámbito educativo, no sería mejor. Los 130.000 estudiantes universitarios del sistema público ya han experimentado el aumento del 33% de las tasas de matrícula fijado por la Generalitat (unos 350 euros más que en 2011), además de sufrir las consecuencias del recorte de las becas del Ministerio de Educación. Las cinco universidades valencianas también han visto contraídos sus ingresos (unos 120 millones este año, con una deuda histórica que ronda los 900 desde que la Generalitat dejó de pagar en 2011).

El hachazo presupuestario ha tenido graves consecuencias en Primaria y Secundaria. El despido de profesores interinos, así como la congelación de las oposiciones, ha traído masificación a las aulas. Pero donde más se ha visibilizado ha sido en el cambio de criterios de las ayudas sociales de la Generalitat para comedor y transporte, con muchos afectados. El caos en el transporte fue la tónica del inicio de este curso, en el que miles de alumnos que viven en urbanizaciones y municipios se quedaron sin asistir a clase por el retraso en la difusión de los listados de los beneficiarios, que se han reducido en un 75% respecto al curso anterior. El criterio de la distancia entre el domicilio familiar y el colegio, deducida en línea recta (tres kilómetros), también ha propiciado rocambolescos casos como el de los alumnos de Montserrat, cuyas madres han tenido que posar en un calendario erótico para financiar el autobús. Los centros, además, están siendo muy afectados por los retrasos en el pago de los gastos corrientes, lo que ha llevado a algunos cortes de suministro eléctrico. Asimismo, la limpieza, a cargo de los municipios, se ha convertido en un problema a causa de las estrecheces que atraviesan los Ayuntamientos.

En la subida de impuestos aprobada por el Consell se introdujo una nueva escala autonómica del IRPF para las rentas altas (de 120.000 a 170.000 euros al año), pero unos meses después el Gobierno central elevó del 15% al 21% la retención por rendimientos de actividades profesionales para todos. El Gobierno valenciano también suprimió las deducciones autonómicas a partir de 24.000 euros. Por ejemplo, la de vivienda habitual. Asimismo, se incrementó el impuesto de la gasolina y el gasóleo (de 1,2 a 3,6 céntimos por litro), excepto para agricultura, transporte y pesca. Para el resto, el gasóleo pasaba de estar gravado con 0,012 euros a 0,048 (un incremento del 400%), con lo que desde entonces se convirtió en el segundo más caro de España por detrás de Madrid.

También aumentó a partir de junio el tipo general del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados, que el Consell pretendía bonificar al 100% en 2012 y 2013 y que es una tasa obligatoria en la adquisición de viviendas de segunda mano. Pasó del 7% al 8%, lo que ha encarecido la hipoteca media en la Comunidad Valenciana en unos 900 euros.

Otra de las medidas anunciadas tras aquel pleno de enero de 2012 fue un paquete de impuestos medioambientales, que no repercute sobre la basura doméstica porque los municipios ya lo cobran, pero sí sobre las empresas que producen residuos no peligrosos (entre tres y cinco euros por tonelada), peligrosos (entre siete y diez euros por tonelada) o escombros de construcción (0,5 euros por metro cúbico). Pero ese impuesto también se ha extendido a la agricultura y la ganadería en modo de tasa sobre los trámites de la Autorización Ambiental Integrada. Esta tarifa grava en 1.500 euros las explotaciones ganaderas nuevas o la ampliación de las ya existentes, así como cada renovación de esta autorización, por la que se pagarán 500 euros.

Las medidas paralelas del Gobierno central aumentan la carga

La Generalitat ha introducido también una fuerte subida sobre el impuesto que pagan los hogares y empresas por el uso del agua corriente. Los Presupuestos de este año recogen un aumento que va desde el 10,5% para el uso doméstico de los municipios de más de 50.000 habitantes (con un fijo anual de 39,56 euros) hasta un 21,3% en las poblaciones de hasta 3.000 residentes (28,63 euros). La cuota de consumo por metro cúbico ha pasado de 0,234 euros a 0,284. Para las industrias, el canon de saneamiento ha aumentado un 12%.

En 2012, a los ciudadanos del área metropolitana de Valencia se les incrementó en 94 euros la tasa de basuras (Tamer), que también se incorpora al recibo del agua (recientemente se ha rebajado en unos 16 euros). Los domicilios con un consumo superior a 65 metros cúbicos este año pagarán 123 euros por las basuras, según el cálculo de la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos. Por otra parte, el metro y el Tram, tras una subida en 2012, aumentan de nuevo su precio un 3% en el nuevo año.

El bolsillo de los valencianos también se ha visto sacudido por las medidas que, paralelamente, que ha ido adoptando el Gobierno central, como en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de cuya recaudación se ocupan los Ayuntamientos. El 85% de los Ayuntamientos valencianos ha sufrido una subida entre un 4% y un 10%, en función del año de actualización de sus catastros. Uno de los municipios más afectados por la subida ha sido Valencia, que no había revisado su catastro desde 1997. El aumento, sobre una media de 300 euros por recibo, ha sido de unos 30 euros por vivienda. Lo mismo ha ocurrido en Alicante, Elche, Benidorm, Orihuela, Gandia, Cullera, Peñíscola, Vinaròs o Benicarló. El Ayuntamiento de Valencia, además, ha reducido la bonificación por el pago de impuestos domiciliados del 5% al 2%.

Además, el Gobierno central incrementó el IVA general del 18% al 21%, incluso el IVA reducido, que pasó del 8% al 10%. También aplicó el tipo general a artículos que hasta agosto de 2012 habían pertenecido al reducido, como la peluquería, la estética, los teatros, los espectáculos o los servicios funerarios. Y no paró ahí. En 2012 subió la luz entre el 5% y el 7%, y el gas (5%) y los peajes (3,2%). Asimismo, ha retirado del catálogo de la Seguridad Social unos 300 fármacos, ha introducido el copago en los de dispensación hospitalaria y en complementos alimenticios, y también en el transporte sanitario (cinco euros por viaje, que varían en función de la renta o de la gravedad de cada caso) o en las prótesis.

Y el año empieza con un incremento del 3% en la factura eléctrica, un 2,4% en los peajes de las autopistas dependientes del Estado, un 3,5% en los trenes de cercanías y media distancia, un 6,3% las tasas aeroportuarias, un 2,95% en las tarifas de correos, y el 2% en el precio de la gasolina… Más las sorpresas que pueda deparar el Consell.