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ANÁLISIS

Accidente por negligencia

El autor asegura que la Generalitat lleva años advertida del deterioro de los centros

Ayer, diez personas resultaron heridas al hundirse el piso del colegio público Hispanidad de Santa Pola. En noviembre cayó el techo del CP Lluís Vives de Valencia. ¿Son hechos casuales? No. El Gobierno valenciano no está destinando los recursos necesarios para mantener la red escolar pública en unas condiciones óptimas, ni para la educación ni para la salud y seguridad del alumnado, profesorado y personal no docente.

Ahora, tras numerosos incidentes, anuncian un plan urgente de revisión de los centros pero no cuantifican qué recursos van a destinar ni quién, cuándo, y cómo lo van a hacer. Un nuevo anuncio para evitar asumir responsabilidades y para dejar pasar el tiempo hasta que deje de ser portada. Hacen falta dimisiones. La primera debe ser de la de la consejera de Educación, María José Català. El presidente Alberto Fabra debe comparecer en las Cortes para dar explicaciones. Y también es necesaria la convocatoria de los órganos de participación y negociación. Nosotros ya lo hemos pedido.

El 30 de junio de 2008 y el 12 febrero de 2009, por citar sólo dos fechas, en reuniones de la Mesa Sectorial de Educación, el STEPV pidió una planificación de la revisión de las instalaciones de todos, sí de todos, los centros educativos. Una programación que incluyera un calendario de actuaciones y la correspondiente dotación presupuestaria. Pues bien, ningún alto cargo de la Administración se comprometió a hacerlo. Ni lo aceptaron en ese momento, ni han puesto los medios para hacerlo más adelante.

Si vamos a los Presupuestos de la Generalitat para 2013 se constata una paralización total del plan de construcciones escolares. Se destinan, en Infantil y Primaria, sólo siete millones de euros para nuevas construcciones (lo que cuesta un solo centro) y cinco millones de euros para reformas. En Secundaria se destinan tres millones para nuevas construcciones y un poco más de cuatro millones para reformas.

La política de infraestructuras educativas del Gobierno valenciano ha estado caracterizada por su opacidad, el clientelismo y los sobrecostes que han generado una deuda importante a la propia Generalitat. Los responsables de todo esto han sido tanto los diversos consejeros de Educación como los directivos de la empresa Ciegsa, creada para la construcción de centros. Una empresa que debería ser auditada para esclarecer sus cuentas y depurar las responsabilidades de gestión.

Esta política de falta de inversiones de la red pública no responde a la situación económica, sino a la voluntad de potenciar la red privada e invertir el actual equilibrio entre las dos redes. Declaraciones recientes de la consejera Català, su actuación diaria y las campañas mediáticas orquestadas por desprestigiar la red de centros públicos así lo corroboran.

Por el contrario, y pese al comportamiento desleal de la propia Administración, la red educativa pública funciona correctamente, ofrece una educación de calidad, tiene unos magníficos profesionales, comprometidos con la educación y la sociedad, y es un espacio de convivencia y trabajo de padres, madres, alumnado y profesorado.

Vicent Maurí es dirigente del STEPV