El TSJC da cinco días a la Generalitat para evitar revocar el concurso de ATLL

La privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) ha dejado al Gobierno catalán en una carrera contra reloj que tendrá que salvar, al menos en primera instancia, en los próximos cinco días. Los que le dio este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para evitar la suspensión cautelar. En ese corto periodo de tiempo tendrá que argumentar por qué no se puede revocar el contrato firmado el pasado 27 de diciembre, como exige Agbar a tenor de la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), dependiente de la Generalitat.

El TSJC descarta dictar las medidas cautelares reclamadas por Agbar, al considerar que la compañía no alega “ningún motivo que ponga de manifiesto una urgencia perentoria” y asumir como “relevante” que la Administración manifieste sus “previsiones de ejecución” de la resolución del OARCC. Pero pese a evitar las cautelarísimas, el auto reduce a cinco días el margen de la Administración autónoma.

El proceso iniciado por Agbar coge a la Generalitat con el pie cambiado, ya que preparaba la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del OARCC, como expresó la pasada semana el portavoz del Gobierno, Francesc Homs. Ahora deberá afrontar “un juicio preliminar sobre la razón de fondo de todas las medidas cautelares” que amenaza con derrumbar todo el contrato firmado a finales del año.

De ser así peligran los 300 millones que la Generalitat ingresó en el momento de la firma en concepto de adelanto por el canon a pagar por la gestión del agua en alta durante los próximos 50 años. Esos recursos servirán para enjugar parte del déficit autonómico y no alejarse más del objetivo impuesto por el Ministerio de Hacienda.

Agbar quiere que se haga caso de la resolución “ejecutiva” del OARCC, que considera que Acciona no cumplía con las inversiones previstas en el pliego de condiciones del concurso. Por ello solicitó el jueves que se anulara el contrato, se evitara la liquidación de Aguas Ter-Llobregat y que los responsables de Acciona asumieran las riendas de la gestión del agua en alta que consumen cerca de cinco millones de catalanes. El paso siguiente sería la adjudicación directa a la otra ofertante: Agbar.