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La oposición exige explicaciones a Interior de la conjura policial anónima

PSOE y ERC reclaman que comparezca en el Congreso el director general de la Policía

La Generalitat compara el caso con los GAL y pide dimisiones

Artur Mas, entre Jordi Pujol (derecha) y el hijo de este, Oriol Pujol, en el Consejo Nacional de Convergencia en septiembre. Ampliar foto
Artur Mas, entre Jordi Pujol (derecha) y el hijo de este, Oriol Pujol, en el Consejo Nacional de Convergencia en septiembre.

La difusión de informes policiales anónimos que sugieren, con datos sin contrastar, graves corruptelas de dirigentes nacionalistas de CiU y de jueces, fiscales y periodistas de Cataluña, es “un hecho gravísimo”, según el PSOE; supone “un GAL mediático y el regreso a los tiempos de la Brigada político social franquista”, según ERC.

Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán, consideró este domingo “tremendamente grave” lo ocurrido. “Creo que ya no bastan las explicaciones del Ministerio del Interior. Ahora habrá que asumir responsabilidades. Esto me recuerda al caso GAL [presunto terrorismo de Estado durante los Gobiernos de Felipe González]. Evidentemente, utilizando determinada prensa para vehicular sus objetivos. ¿Cómo es posible que utilicen a la Policía para hacer estos informes? Sería conveniente para la salud democrática de España que se tomen medidas y se asuman responsabilidades de forma inmediata. Lo único que sentimos en este momento es indignación”, declaró a EL PAÍS. “Hablaremos con el grupo parlamentario de CiU para ver qué medidas tomamos en el Congreso”, anunció.

Seis informes mezclan datos reales de corrupción con otros falsos

PSOE y ERC reclamaron la comparecencia urgente de Ignacio Cosidó, director general de la Policía, en el Congreso para que explique si está detrás de estas maniobras de determinados policías al margen de la ley y si piensa hacer algo para frenarlas.

Uno de los seis informes anónimos lleva membrete de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF); los otros cinco son análisis de situación del caso Palau —una trama de cobro de comisiones ilegales a través de la institución cultural catalana que acabó financiando a Convergencia, partido que ha gobernado Cataluña 25 de los 32 años de la reciente etapa democrática—. Mezclan datos investigados e incorporados a distintos sumarios con otros ofrecidos por fuentes anónimas sin contrastar o directamente falsos, o correspondientes a sumarios abiertos hace más de 15 años en los que se manejan cifras y nombres de implicados erróneos.

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Antonio Hernando, calificó este domingo de “gravísima” la supuesta operación puesta en marcha por policías que se escudan en el anonimato y actúan al margen de la ley difundiendo informes contra políticos, jueces, fiscales y periodistas catalanes. El PSOE anunció que va a exigir explicaciones inmediatas al Gobierno y para ello va a solicitar con carácter de urgencia la comparecencia en el Congreso del director general de la Policía.

El portavoz socialista recuerda que no es la primera vez que se conocen informaciones sobre estas presuntas actuaciones contra políticos, jueces, fiscales, periodistas o empresarios, que de ser ciertas constituirían un gravísimo atentado a las libertades y derechos de los ciudadanos.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue víctima de un informe policial que sugería la posibilidad de que el Ministerio del Interior, durante la época en la que el líder socialista estuvo al frente de ese departamento, había contratado a dedo a una empresa, Interligare, que podría haber espiado la sede del PP con tecnología punta porque tenían una oficina en la calle de Génova (Madrid) a unos metros del edificio donde Mariano Rajoy tiene despacho. Aquella elucubración sin fundamento no pasó de los titulares de portada de un medio de comunicación.

El PSOE liga esta operación con la que les acusó a ellos de espiar al PP

El diputado de ERC Alfred Bosch anunció este domingo también que llevará al Congreso y a la Unión Europea (UE) la presunta actuación de mandos policiales “al margen de la ley” contra políticos catalanes. Bosch considera los informes policiales anónimos “un ataque gravísimo contra todos los dirigentes de partidos catalanes que han virado hacia la autodeterminación y la independencia”.

Los republicanos catalanes quieren saber si los agentes en cuestión actúan por su cuenta o con el conocimiento del Gobierno, y consideran que el Ejecutivo de Rajoy debe “cortar de raíz este GAL mediático para no regresar a los tiempos de la brigada político-social franquista”.

CiU recordó, por su parte, que ha presentado una demanda por delito electoral contra los funcionarios de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF, en relación con el informe policial sin firma pero con membrete de ese departamento que se difundió en plena campaña electoral y que afirmaba que Artur Mas tiene cuentas en Suiza. El jefe policial de la UDEF aseguró al juez que ese informe no se había elaborado en su departamento.

Dirigentes de Convergència señalaron a EL PAÍS que ya tenían constancia de la existencia de un “documento base” del que se iban desgajando los informes que se han publicado, pero aseguran no haberlo visto. Estos dirigentes nacionalistas están preocupados no solo por la imagen del partido, sino porque, según sostienen, se está mezclando sin razón alguna en este proceso a personas relevantes de la sociedad catalana. También lamentan que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no les haya dado ningún tipo de explicación todavía de todo lo que está ocurriendo.

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