Crear el Estado antes del referéndum

El acuerdo firmado entre Artur Mas, presidente de la Generalitat, y Oriol Junqueras, líder de Esquerra (ERC), va mucho más allá de la simple organización de la consulta secesionista en 2014. El pacto, que posibilitará la investidura de Mas como presidente, recoge la voluntad de la federación nacionalista y del partido independentista de sentar las bases legislativas del futuro Estado catalán antes de someterlo a referéndum. El preámbulo, de hecho, introduce una de las ideas más repetidas por Mas desde que se puso al frente de la oleada soberanista culminada en la manifestación de la Diada: que Cataluña necesita instrumentos de Estado para tener “pleno poder político” y pleno poder económico disponiendo de “todos” los recursos que generan los ciudadanos.

El documento es una hoja de ruta que pone el acento en que la Generalitat pueda gestionar los impuestos de los ciudadanos catalanes. De ese afán no escapa tampoco la caja única de la Seguridad Social. El pacto asume el desarrollo de un plan para diseñar una Tesorería propia que garantice “la percepción futura” de las pensiones y las prestaciones de paro de los catalanes. Con ello, se da por hecha la recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña, función de la que se encargaría la Agencia Tributaria de Cataluña. El documento insta a continuar el plan trazado por Mas justo antes de dar por concluida la legislatura y en la víspera de su reunión con Mariano Rajoy para abordar el frustrado pacto fiscal. La Generalitat firmó entonces un convenio con las cuatro diputaciones catalanas para constituir el embrión de la futura y única agencia tributaria catalana, que pasaría por ser una ventanilla única tributaria con una plantilla propia de inspectores para luchar contra el fraude fiscal.

El pacto entre ERC y CiU asume el desarrollo de un plan para diseñar una Tesorería propia que garantice “la percepción futura” de las pensiones y las prestaciones de paro de los catalanes. El compromiso amenaza la caja única de la Seguridad Social estatal, que siempre ha aparecido como intocable desde Madrid, y supondría un avance de calado tras haber conseguido la transferencia de las políticas activas de empleo a las comunidades autónomas, que ha creado las actuales oficinas de empleo, en las que conviven los funcionarios estatales que dan las prestaciones y los autonómicos que dan información y cursos. En su hoja de ruta para asentar un hipotético Estado, los dos partidos apuestan por reconvertir el actual Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en el futuro “banco público de Cataluña”, a través de una Ley de la banca pública, que sería una suerte de apéndice que articularía los recursos públicos hacia la economía productiva catalana. El documento contempla, a grandes rasgos, los siguientes apartados.

Energía. La Generalitat también contempla diseñar un plan para arrancar al Estado la gestión, el transporte y la distribución de la energía y el agua. El próximo ejecutivo lidiará con el Gobierno de Rajoy para intentar hacerse con el control de la gestión, el transporte y el suministro de la electricidad y el agua en Cataluña, que ahora está controlado por los Ministerios de Industria y de Medio Ambiente.

Aeropuertos. El control del aeropuerto de El Prat continúa siendo un viejo anhelo de ambos partidos. Hasta ahora el Estado solo ha cedido, sin ejecución práctica todavía, en permitir que la Generalitat participe en un órgano de gobierno de la infraestructura, pero sin dotarle de un protagonismo capital. No es la primera vez que en acuerdo de legislatura se incluye el objetivo de dirigir el Aeropuerto de Barcelona así como el resto que controla Aena (Reus, Girona y Sabadell). El acuerdo también persigue el control absoluto de los puertos, que actualmente son de gestión autónoma pero de titularidad estatal.

Peajes. La convicción con la que el acuerdo asume determinados objetivos contrasta con la tibieza que el pacto pone en el área de los peajes, justo en un año en el que se han disparado las protestas, bajo el paraguas de la plataforma #novullpagar (no quiero pagar). El acuerdo limita esta actuación a la creación de un “observatorio de la red viaria” que controle todas las carreteras de gran capacidad, “analizando la gestión económica de los tramos concesionados para intentar abaratar o congelar las tarifas sin contraprestación a cambio”. Se mantiene el compromiso del Gobierno catalán de instaurar la Euroviñeta en el Eje Transversal (peaje para camiones que lo crucen en su totalidad) y “trabajar para corregir la situación de agravio histórico” con el resto del Estado, donde el peso de las autopistas de peaje es muy inferior al de Cataluña. E incluso se apuesta por la creación de un “fondo estatal para la homogeneización, el rescate selectivo y las bonificaciones de los peajes”.

Cultura y Educación. Los dos partidos han pactado la necesidad de un Acuerdo Nacional de Cultura para “que se convierta en la hoja de ruta, desde un punto de vista cultural, del futuro Estado”.El pacto responde a la amenaza de la Ley de Educación del ministro Wert con una cerrada defensa del modelo de inmersión lingüística y lo considera como “como un pilar fundamental de la sociedad catalana”. El texto también hace referencia a la necesidad de potenciar la lengua catalana y desplegarlo con ambición el catalán en aquéllos ámbitos en los que es más débil: el cine, el consumo o la inmigración.

Interior. Cataluña ya dispone desde hace tiempo de una Ley de los Mossos d'Esquadra pero el acuerdo recoge que debería impulsarse una nueva Ley de Policía. Esquerra pretende con esta ley ampliar las competencia de los mossos que ahora mismo no ejercen como, por ejemplo, el control de aduanas. El texto también contempla que se apliquen medidas a aplicar sobre las manifestaciones ciudadanas. Esquerra quiere que se dejen de cometer abusos policiales en las protestas. El consejero de Interior, Felip Puig, se ha visto envuelto en medio de la polémica después de que una joven perdiera un ojo en una manifestación el 14-N. La víctima ha denunciado a los Mossos al sostener que recibió el impacto de una pelota de goma.

Servicios Sociales. Tras la crisis de la Renta Mínima de Inserción (RMI), la ayuda que el Gobierno catalán decidió pagar con retraso en pleno agosto del pasado año, el próximo Gobierno de CiU se compromete a cambiar la ley que la rige y evitar “la exclusión social”, según afirma el documento. Asimismo, se creará un fondo y un servicio de rescate a las familias en casos de desahucios. El acuerdo incluye también garantizar la estabilidad económica de las entidades del Tercer Sector como una de las “piezas básicas” en el sistema de servicios sociales. Estas entidades han sido especialmente castigadas en los últimos meses al recibir con retraso las subvenciones de la Generalitat por falta de liquidez.

La ley Electoral catalana. Cataluña tiene el dudoso honor de ser la única comunidad autónoma que carece de Ley Electoral propia. Hace dos legislaturas, todos los partidos constituyeron una comisión para impulsar la ley en respuesta a los casos de corrupción que afectaron a los dos grandes partidos: el Caso Palau (CiU) y el Caso Pretoria (PSC). La ponencia llegó prácticamente a un acuerdo pero al final CiU se descolgó del mismo. Mas se comprometió ayer en el debate de investidura a impulsar la citada ley, la gran asignatura pendiente del Parlament.

Pacto por la infancia. La crisis se está cebando especialmente en las familias y el pacto aspira a proteger a los menores. Según las cifras que maneja el PP, medio millón de niños catalanes solo comen una vez al día. 325.000 pequeños viven actualmente en Cataluña bajo el umbral de la pobreza, según Unicef.