“6.600 personas se reinsertarían con los fondos malversados de Emarsa”
Las entidades sociales piden al Consell que rectifique el tajo en el presupuesto
Varios mensajes se repitieron este lunes a lo largo de la manifestación convocada por las entidades sociales valencianas contra el “presupuesto más insolidario de la historia” de la Generalitat: Los más desfavorecidos son los que más sufrirán los recortes, mientras el Consell prevé destinar 780 millones de euros de su presupuesto de 2013 para pagar los intereses de los préstamos bancarios; y la corrupción y los sobrecostes de obras públicas en la Comunidad Valenciana han volatilizado centenares de millones de euros que podían haber mejorado la situación de los más necesitados.
“6.600 personas con riesgo de exclusión social podrían haber sido reinsertadas con los fondos públicos supuestamente malversados en la depuradora de Emarsa”, decía un cartel. Otro apuntaba que “el Consell podría mantener 40 plazas de atención de día a personas con alzhéimer” con el presupuesto para halcones del aeropuerto sin aviones de Castellón. Un tercero ponía énfasis en que “75.300 mujeres con riesgo de exclusión social” podrían obtener manutención y vivienda con el sobrecoste de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Fueron numerosos los carteles alusivos al despilfarro y a la corrupción, si bien la manifestación organizada por la Xarxa de Xarxes d’Acció Social i Cooperació de la Comunitat Valenciana, que integra a 11 plataformas en representación de unas 800 ONG, tenía como objeto protestar por el recorte presupuestario y por los impagos y pedir una rectificación, justo el mismo día en que se iniciaba la discusión parlamentaria en las Cortes valencianas. La marcha estaba compuesta por unos cientos de personas, muchas de las cuales pretendían unirse al final a la manifestación de los funcionarios.
La Xarxa denunció un recorte de más del 20% de las subvenciones y ayudas a las asociaciones de los ámbitos de la acción social y cultural. Se reducirán en un 44% los programas para inmigrantes; en un 80%, los del VIH-Sida; en un 45%, los de cooperación para el desarrollo; en un 20%, los del sector de la discapacidad; y en un 25%, los de los enfermos de alzhéimer, entre otros ámbitos de la acción social. Además, se recordó que la Generalitat debe a las entidades unos 200 millones de euros.
Estuvieron en la marcha numerosos representantes del PSPV-PSOE y de EU. La diputada socialista Clara Tirado incidió en que los seis millones de euros supuestamente saqueados en el Caso cooperación es lo que se ha recortado: la diputada de EU Marina Albiol cargó contra la insolidaridad del Consell y la falta de atención a los más desfavorecidos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Archivado En
- Recortes sociales
- Emarsa
- Presupuestos autonómicos
- Manifestaciones
- Valencia
- Generalitat Valenciana
- Comunidad Valenciana
- Política social
- Protestas sociales
- Préstamos
- Financiación autonómica
- Malestar social
- Administración autonómica
- Corrupción
- España
- Problemas sociales
- Empresas
- Créditos
- Economía
- Administración pública
- Servicios bancarios
- Finanzas públicas
- Sociedad
- Banca
- Finanzas