La UE obliga a Álava a pactar el pago en especie de las ‘vacaciones fiscales’

La Comisión Europea no está dispuesta a tolerar más “discrepancias” ni sorpresas en todo lo relativo a la devolución de las vacaciones fiscales, las ayudas a empresas de los años noventa que la UE declaró ilegales. El último anuncio hecho por el diputado general alavés, Javier de Andrés, de que empresas de ese territorio quieren devolver 45,8 millones de las vacaciones en especie —con inmuebles u otros bienes, como obras de arte— ha abierto un nuevo proceso de revisión en el que la UE exige total transparencia. El diputado de Hacienda de Álava, José Zurita, se reunió antes del puente de la Constitución en Bruselas con altos funcionarios de la comisaría de Competencia para pactar los criterios de valoración de esos bienes y la forma de contabilizarlos.

Competencia rechaza que la liquidación de las deudas tributarias se haga sobre valoraciones en escritura en el caso de bienes inmuebles, o de mercado sobre el papel, y ni siquiera aceptará, como criterio general, tasaciones de parte sobre el valor de un determinado pabellón, terreno, lonja o piso. El valor descontable de la deuda será el de realización que logre, es decir, el de su venta en subasta.

La Diputación prefiere guardar silencio sobre un asunto, el de las vacaciones fiscales, que le está trayendo de cabeza. Es el territorio de los tres más retrasado en el proceso de recuperación de unas ayudas que en toda Euskadi se estiman en unos 750 millones de euros. Y las empresas alavesas están sufriendo con más dureza los exigentes criterios de devolución al tratarse de un menor número de sociedades, pero con cuantías a devolver superiores.

Además, se trata de un problema heredado. El PP se encontró con una contabilidad al límite cuando accedió a la institución foral en 2011. De Andrés aseguró que el PNV se había gastado para entonces el dinero recuperado por ese concepto, lo que le obligó a pedir un retraso en el Consejo Vasco de Finanzas. No podía ingresar esos fondos en el sistema de reparto entre instituciones y pacto en el Consejo empezar a hacerlo este año. Los fondos recuperados se distribuyen entre las Diputaciones (30%) y el Gobierno vasco (70%) y entre cada Diputación en función de los coeficientes horizontales.

El Consejo de Finanzas se adelantó y pactó sus propias normas para pagos en especie, cuyas valoraciones serán acordadas el Gobierno y la institución foral. Si el bien ha generado ingresos, también se computarán como dinero recuperado.

Álava está haciendo las cuentas oportunas para saber si le merece o no la pena saldar las deudas de las vacaciones fiscales por esa vía con los criterios pactados en Bruselas. Pero lo que tiene claro es que no quiere ningún conflicto más con la Comisión en la recta final de la recuperación de las ayudas, cuando todas las partes están a la espera de la segunda resolución del Tribunal de Luxemburgo que, casi con toda seguridad, doblará las sanciones ya impuestas.

El 25 de noviembre de 2010, Bruselas pidió a los jueces de Luxemburgo que impusiese a España —formalmente, porque han de pagar las Diputaciones— una multa inicial de 38 millones de euros, que sigue creciendo a razón de 25.817,4 euros cada día, por hacer caso omiso de la sentencia de 2001 que obligaba a recuperar esas cantidades. A la cantidad resultante habrá que sumar 236.044,80 euros por cada día que medie entre el futuro fallo de Luxemburgo y el momento en que todas las ayudas haya sido efectiva y totalmente recuperadas.

En Euskadi la dación en pago ha sido un procedimiento más o menos habitual a lo largo de las sucesivas épocas y crisis. El serra que está en la explanada del Artium, en Vitoria, fue entregado por un contribuyente para saldar una deuda tributaria. Igual pasó con un chillida que integra la colección del museo alavés. Buena parte de los terrenos de Altos Hornos de Bizkaia en Ansio, donde ahora se levanta el BEC, también fueron entregados, con polémica, a Bizkaia para saldar deudas.