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La Audiencia imputa a dos altos cargos por el ERE del hospital de Sant Pau

El tribunal reabre diligencias por una denuncia archivada presentada por una empleada

Protesta en el hospital de Sant Pau denunciando los recortes
Protesta en el hospital de Sant Pau denunciando los recortes

Pese a estar paralizado, el expediente de regulación de empleo (ERE) del hospital de Sant Pau sigue trayendo cola judicial. La Audiencia de Barcelona ha decidido reabrir diligencias penales e imputar a dos altos cargos de la Generalitat por un presunto caso de prevaricación denunciado por una trabajadora del centro. A finales del año pasado Carmen Pérez los acusó de haber aprobado una suspensión temporal de empleo a 1.369 trabajadores sin que hubiera motivos económicos amparados por la ley que avalaran esa reducción de plantilla.

Aquella denuncia fue inicialmente archivada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, pero ahora la Audiencia considera que tanto el director de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat, Eliseo Oriol, como el jefe de servicio de relaciones laborales, Joan Palet, deberán prestar “declaración” en calidad de imputados. El auto considera que el juzgado no efectuó investigación alguna sobre la denuncia por lo que impidió que “de entrada pudiera descartarse la posible significación delictiva” de los hechos, por lo dicta la reapertura del caso.

El fallo de la Audiencia de Barcelona evita valorar cuál puede ser el fallo definitivo de la denuncia aunque sí parece restar posibilidades a que la sentencia determine un caso de prevaricación por parte de los altos cargos de la Generalitat denunciados. “Para que pueda perpetrarse el delito de prevaricación administrativa no bastará la mera irregularidad administrativa o la discordancia interpretativa de las normas, siendo preciso por el contrario que la injusticia de la resolución ha de ser evidente, flagrante y clamorosa, dictándose a sabiendas de eso”, subraya el auto.

No obstante, los magistrados censuran el sobreseimiento de la denuncia en el Juzgado de instrucción sin que se hubiera producido “el más mínimo razonamiento tendente a justificar que no se había acreditado debidamente la presencia de los elementos configuradores del delito de prevaricación”. Es por ello que reclaman reabrir las diligencias de la denuncia penal y la imputación de Oriol y Palet tras el recurso presentado por Carmen Pérez, porque el archivo de la denuncia fue “prematuro”.

Uno de los elementos que la Sección Segunda de la Audiencia considera importante para seguir la investigación es la parte de la denuncia que alega que, pese a haber presentado una regulación de empleo, la dirección del hospital de Sant Pau hacía uso de “horas extraordinarias” y la “contratación temporal e indefinida” de personal médico durante el mismo año 2011.

El expediente de regulación presentado suponía la suspensión temporal durante 15 días de 1.369 trabajadores y de 15 meses para otros 36 empleados. La decisión del patronato que gestiona el centro, integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Barcelona, argumentó la necesidad de aplicar los recortes laborales por la decisión del Gobierno autonómico de poner en marcha un agresivo plan de choque para reducir el gasto de la sanidad catalana. El tijeretazo, de 706 millones de euros en el Departamento de Salud en 2011, provocó una oleada de protestas entre el personal y los usuarios de los servicios sanitarios públicos que todavía hoy está viva.

La denuncia penal alega que la “inexistencia de las causas legalmente exigibles” para poder llevar a cabo las citadas suspensiones, después de que la dirección del centro sustentara la decisión por causas productivas y económicas. El texto criticaba la pretensión del hospital de suspender contratos de trabajo de facultativos de los mismos servicios en que se realizaban horas extraordinarias y llegando incluso a pretender la suspensión de los contratos de las mismas personas que realizan de forma habitual y continuada esas horas extraordinarias.

El expediente de regulación fue aprobado en noviembre de 2011 y acabó siendo suspendido el pasado mes de febrero a través de un certificado acreditativo de silencio administrativo. ¿Por qué? Justamente por la interposición de la demanda penal que ahora se reabre. La paralización se produjo justo cuando parte de la plantilla había acabado de firmar su entrada en el ERE.

La denunciante, la radióloga Carmen Pérez explicó a este diario que tiene intención de ampliar la denuncia para que incluya también al actual director de Relaciones Laborales, Ramon Bonastre.