El sprint de Mas-Colell

Mientras la cúpula de CiU busca un socio para gobernar durante la próxima legislatura, el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, está inmerso en una doble tarea: luchar contra las previsiones que señalan que Cataluña rebasará el objetivo de déficit del 1,5% del producto interior bruto (PIB) este año y examinar todas las partidas para ejecutar un ajuste de casi 4.000 millones de euros en 2013. El Ejecutivo catalán redujo el déficit no financiero en el 0,62% del PIB, en especial gracias al aumento de las transferencias por liquidaciones pendientes de otros años. Los analistas, sin embargo, empiezan a advertir de una posible desviación. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) apunta que Cataluña rebasará este año ampliamente —en dos puntos— la meta acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras que el Servicio de Estudios de BBVA, que considera que la comunidad está “en el buen camino”, recomienda “intensificar el recorte del gasto”. La Generalitat insiste: cumplirá.

La recesión está complicando la consecución de los objetivos de déficit a todas las comunidades. Además del descenso de la recaudación hasta septiembre por la participación en el IRPF, del 6,74%, y del IVA, del 1,23%, la Generalitat sigue acusando el desplome del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que sigue sin hallar suelo. Según los datos de la ejecución presupuestaria de la Generalitat, hasta el mes de septiembre la recaudación por este tributo había caído el 15,2% respecto al mismo periodo de 2011. El último informe de Situació Catalunya del Servicio de Estudios de BBVA advierte de que esa “pobre evolución de los ingresos” hará necesario “intensificar” el recorte del gasto.

Fedea, la fundación presidida por Josep Oliu, ha concluido esta semana que Cataluña cerrará el año en términos de contabilidad nacional con un déficit del 3,5% del PIB para el ejercicio que Mas-Colell cerrará el próximo 28 de diciembre. El último estudio de la entidad cifra en un 37% el cumplimiento de las medidas del plan de ajuste de la Generalitat y la sitúa como una de las comunidades que menos esfuerzos están realizando.

Sin embargo, el informe no incorpora el efecto que podrían tener las privatizaciones de Aigües Ter-Llobregat y, en caso de culminarse con éxito, Tabasa. Fuentes del Ejecutivo catalán cifran ambas ventas en 1.494 millones de euros. Esas ventas, por encima de los 1.171 millones previstos en el plan de ajuste, permitirían reducir el déficit en 0,75 puntos del PIB. Además, el Ejecutivo catalán difiere del método empleado para estimar el gasto en el segundo semestre. Fedea usa como referencia el mismo periodo de 2011, pero entonces la ejecución presupuestaria fue elevada porque la prórroga para las cuentas de ese año se alargó durante seis meses.

La Generalitat recibe el 90% del dinero del fondo de liquidez

Más optimista se muestra el Servicio de Estudios de BBVA. Su economista jefe para Economías Desarrolladas, Rafael Doménech, recuerda que Cataluña “inició antes” el ajuste en sus cuentas públicas. “Los datos disponibles hasta ahora señalan que está en el buen camino”, asegura Doménech, quien advierte de que todavía no hay “información” sobre “cómo están impactando en el déficit” las “principales medidas de ajuste”, que debían aplicarse en el segundo tramo del año. El último informe Situació Catalunya, sin embargo, alerta de que el elevado nivel de endeudamiento de la Generalitat —50.319 millones incluyendo las empresas públicas— y los vencimientos para 2013, de 6.000 millones de euros, exigen no aplazar el ajuste para 2013.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, anunció la semana pasada que Cataluña se enfrenta en 2013 a un tercer año de austeridad total. La Generalitat, dijo Homs, deberá ahorrar 4.000 millones de euros, que deberá buscar de debajo de las piedras con nuevos ingresos o mediante nuevos recortes presupuestarios. La magnitud de ese nuevo tajo es, precisamente, lo que hace temer a los analistas que la Generalitat pueda dar por hecho que acabará 2012 con un déficit superior al 1,5% del PIB. “La impresión a partir de los comentarios públicos de la propia Generalitat es que no se cumplirán los objetivos. La recesión está provocando una bajada de los ingresos y ha impedido algunos procesos de privatización, como el de los edificios de la Administración”, asegura el director general del Instituto de Estudios Financieros (IEF), Josep Soler.

Si la Generalitat cumpliera este año con el objetivo de déficit, el ajuste debería ser de unos 1.600 millones de euros para rebajarlo hasta el 0,7% del PIB el año que viene. Sin embargo, el Ejecutivo de Mas necesitará 2.300 millones de euros para cubrir los intereses generados por la deuda pública y cuyo pago debe atender prioritariamente por ley.

Mas comparece hoy en el Parlament para informar sobre los efectos del Fondo de Liquidez

La Generalitat, además, se enfrenta a otro año de recesión con los mercados cerrados para obtener recursos financieros y un previsible derrumbe de los ingresos. Ello la aboca de nuevo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que este año le ha prestado 5.370 millones de euros con unos intereses para los próximos diez años de cerca de 2.000 millones de euros. La Generalitat ha recibido ya 4.828 millones, lo que supone el 89,9% de los fondos solicitados, según informó ayer la agencia Efe.

Precisamente, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, comparecerá hoy ante la diputación permanente del Parlament para dar explicaciones acerca de sus efectos sobre el control de la gestión de la tesorería de la Generalitat. El acceso al FLA intensifica el control de las cuentas públicas por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aunque muchas de las condiciones del plan ya se ejecutaban de facto mediante los planes de ajuste y los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El principal cambio consiste en que la Generalitat debe enviar mensualmente un plan de tesorería —con una relación certificada por la Intervención General de todas las facturas que deben ser abonadas en cada tramo— e información sobre el grado de cumplimiento del plan de ajuste aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tal y como prevé la ley de Estabilidad Presupuestaria, el Estado puede mandar incluso una misión de control si la Generalitat incumple con sus compromisos.