Rajoy intenta que el Constitucional aborte la extra en el último momento

El cobro de la paga extra por los 70.000 empleados públicos vascos —67.000 funcionarios y en torno a 3.000 interinos y sustitutos— empieza a parecerse a una carrera en que se suceden los sobresaltos y que se resuelve, con polémica, en el último metro.

El Consejo de Ministros decidió ayer llevar al Tribunal Constitucional un conflicto de competencias contra la decisión del Ejecutivo vasco al estimar que incumple la legislación básica del Estado. El Gobierno central aprobó el pasado 13 de julio un decreto ley que anulaba el abono de la extra de Navidad, texto que el Gabinete de Euskadi recurrió por inconstitucional al alto tribunal. Lo que Mariano Rajoy pretende ahora es evitar que los funcionarios vascos reciban el dinero en sus cuentas. El problema es que le puede faltar tiempo.

El objetivo es que el próximo pleno del Constitucional decida la admisión a trámite de este asunto ya que, de hacerlo, supondrá la suspensión de esta paga durante al menos cinco meses. En ese tiempo el tribunal deberá ratificar o levantar esta suspensión, según recordó el Ejecutivo popular, a la espera de una resolución del conflicto.

El pleno del tribunal está previsto para el día siguiente al del abono efectivo

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó tras la reunión semanal que solicitarán un informe al Consejo de Estado, para cuya elaboración dispone de tres días laborables, para inmediatamente después plantear el conflicto de competencias. Esos tres días de que dispone el Consejo de Estado llevan el plazo hasta el miércoles 5, en una semana en la que el 6 es el Día de la Constitución, y el viernes 7, puente.

El Constitucional tiene fijado su próximo pleno, en el que verá el asunto, para los días 11, 12 y 13, es decir, entre 24 y 72 horas después de la fecha en la que la Dirección de Función Pública vasca abonará la paga. Una vez que el 10 de diciembre el dinero llegue a los bolsillos de los funcionarios —208 millones de euros en total— la suspensión cautelar del abono ya no tendría efecto real inmediato.

Fuentes del alto tribunal estimaron improbable que se adelante el pleno al día 10. Pero incluso en ese caso, los mismos medios entienden que resultaría difícil parar el abono ya que tras la admisión a trámite el conflicto pasarían varias horas, en el mejor de los casos, antes de comunicar la decisión a las partes, lo que también jugaría a favor de los funcionarios.

La admisión a trámite supondría la suspensión al menos cinco meses

“La transacción económica estará ya en manos de las entidades financieras y es un proceso telemático. Parar el proceso ese mismo día 10 sería prácticamente, si no totalmente imposible”, indicaron de su lado fuentes del Ejecutivo vasco.

El caso de la extra, con el que el Gobierno de Patxi López se va a despedir rematando casi un año de desafío a la política de recortes de Rajoy, ha entrado además en una nueva fase al saltar del debate legal al aviso de que puede tener implicaciones penales.

El Gabinete en funciones hizo público poco antes de que la vicepresidenta anunciase la interposición del conflicto un comunicado oficial en el que critica con dureza “la actitud incalificable con la que algunos responsables del Gobierno central pretenden intimidar a funcionarios públicos”.

Se refería así al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien sostuvo el jueves que al funcionario vasco que tome la decisión efectiva de abonar la paga se le exigirá responsabilidad por prevaricación. “Es de lamentar que el Gobierno del PP pretenda compensar con autoritarismo y advertencias que suenan a chantaje” lo que los socialistas consideran una evidente falta de criterio. “Muchas de las medidas adoptadas desmantelan conquistas sociales y recentralizan competencias de las comunidades autónomas con la excusa de reducir el déficit”, descalificaron.

Sáenz de Santamaría precisó que el Ministerio de Hacienda está estudiando “caso por caso” otros anuncios autonómicos en esa línea, como en Navarra o Extremadura, que anticiparán a enero de 2013 la paga de verano.