Una sanidad recortada

Un consejero procedente del sector privado que aplica una austeridad presupuestaria nunca vista en un sector muy sensible para la ciudadanía. Son tres elementos que bastan para atender la contestación social que han provocado las políticas de recortes sin precedentes impuestas por el Gobierno de CiU en la sanidad pública catalana. El orgullo por un sistema considerado “ejemplar” ha sucumbido bajo dos años de duros tijeretazos, que han afectado a grandes y pequeños hospitales, ambulatorios, ambulancias y profesionales. El sector sanitario cuenta hoy con 1.119 millones de euros menos (un 11,34%) de los 9.875 que disponía en 2010 para prevenir, paliar y curar enfermedades.

Recién nombrado consejero de Salud, Boi Ruiz, empezó por ordenar en enero de 2011 la paralización de las obras previstas por el anterior Gobierno para construir siete nuevos hospitales y ampliar otros siete. Entre los afectados había centros de referencia nacional e internacional, como el hospital Vall d’Hebron, el más importante de Cataluña. Era solo el principio de una larga lista de ajustes, que siguió con el cierre en verano de 40 ambulatorios en todo el territorio y el cierre nocturno de las urgencias en otros 70, lo que generó protestas y encierros vecinales en varios centros de atención primaria, como en el de la Marina (L’Hospitalet de Llobregat) o Breda (Selva).

Las imágenes de plantas enteras clausuradas y quirófanos cerrados por las tardes se volvieron frecuentes en muchos hospitales, a pesar de que miles de pacientes esperan una intervención quirúrgica durante meses. Las listas de espera crecieron un 43,1% en el primer año de Gobierno completo de Artur Mas. Si en 2010 había 56.670 personas esperando una intervención, a finales de 2011 ya eran 80.540. El tiempo de espera medio de los que fueron operados aumentó dos semanas y, en algunos casos, los pacientes con tumores cancerígenos debieron esperar más de 90 días para ser intervenidos, un periodo considerado de riesgo por los médicos.

Son los últimos datos publicados por salud y los últimos que se podrán comparar, porque la Generalitat ha cambiado el sistema de gestión de las listas de espera, de forma que ahora los médicos lo tienen más difícil para incluir a los pacientes en las mismas. Antes de esto, la consejería había eliminado ya el plazo máximo de seis meses de espera para las 14 operaciones más comunes y que más afectan a la calidad de vida aprobado por el Gobierno tripartito, entre ellas las implantaciones de prótesis de cadera o las intervenciones de próstata. El ajuste de 687 millones el primer año de la interrumpida legislatura (6,97%) se profundizó en el segundo, con un recorte de 432 millones (un 4,70% adicional).

Mientras la Generalitat se ha esforzado en repetir que los recortes no afectan a la calidad del sistema, han surgido numerosas voces que denuncian el nacimiento de una sanidad a dos velocidades según el usuario tenga o no medios económicos. Las críticas se han confirmado en algunos casos, como el de una mujer que logró evitar siete meses de espera para una intervención al ser operada en el hospital Arnau de Vilanova (Lleida) gracias a su seguro privado. En casos más graves, los recortes han llegado a los tribunales: la familia de una mujer fallecida que deambuló por cuatro hospitales durante 65 horas antes de ser operada de un aneurisma ha denunciado al gerente y al jefe de servicio del hospital Vall d’Hebron.

CiU dice en su programa electoral que el sistema sanitario es un “valor” y una “estructura fundamental de la nación”, así como uno de los “pilares del futuro Estado propio”. Más allá de las proclamas sobre la importancia de un sistema que sostiene la calidad de vida de la menguante clase media, los partidos de la oposición mantendrán con seguridad la beligerancia con que se han enfrentado (sobre todo ICV) a un Gobierno que ha abierto una de etapas más convulsas que se recuerdan en la sanidad pública.