Justicia indemnizará a los familiares de los últimos etarras fusilados por Franco

El Gobierno vasco, en funciones desde las elecciones del 21-O, indemnizará en los próximos días a los familiares de los dos últimos etarras fusilados por el franquismo y de otras seis víctimas de excesos policiales que se han acogido al decreto que el Ejecutivo aprobó en junio para resarcirlas. Los deudos de los miembros de ETA Ángel Otaegi y Juan Paredes Manot, Txiki —fusilados el 27 de septiembre de 1975, el mismo día en que fueron ejecutados tres miembros del FRAP—, recibirán 135.000 euros, la indemnización que fija el decreto para los casos de muerte.

Sus casos han sido analizados ya y han sido reconocidos como víctimas por la comisión de valoración que se encarga de estudiar las peticiones de quienes quieran acogerse a las medidas. En los casos de Txiki y Otaegi la comisión considera que fueron sentenciados a muerte en un consejo de guerra sumarísimo en que se vulneró su derecho a un juicio justo.

De esta comisión, cuyos integrantes fueron designados por el Gobierno y el Parlamento vascos, forman parte, entre otros, el ex Defensor del Pueblo y excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa Álvaro Gil-Robles; la exjuez Manuela Carmena; la directora de Derechos Humanos del Gobierno autónomo, Inés Ibáñez de Maeztu, quien la preside, o el médico y experto en el tratamiento de víctimas de vulneraciones de derechos Carlos Martín Beristain.

La comisión, que se constituyó en julio pasado, ha recibido ya 55 solicitudes de las que ha analizado 15 y resuelto un total de 11. De estas, ha dado su visto bueno a ocho, a los que ahora la consejería de Justicia reconocerá como tales víctimas y abonará la correspondiente indemnización, y rechazado otras tres por distintos motivos.

Junto a los dos etarras, los restantes casos ya analizados y reconocidos son los de cuatro ciudadanos sin ninguna relación con la banda armada, muertos por disparos de la policía o la Guardia Civil en distintas circunstancias entre 1961 y 1977 y otro varón que falleció en 1977 tras ser forzado “por elementos policiales o parapoliciales protegidos y amparados por estos” a ingerir grandes cantidades de alcohol y aceite de ricino. Completa la lista una mujer que resultó gravemente herida también en 1977 cuando la Guardia Civil desalojó una iglesia donde 200 personas se habían concentrado exigiendo la amnistía.

El decreto del Gobierno vasco quiere reconocer a las victimas de excesos policiales o parapoliciales y de otras violaciones de derechos humanos cometidos entre 1968 y 1978. El Ejecutivo tenía previsto elaborar otro decreto que extendiera ese ámbito de actuación, pero quedará ya en manos del nuevo Ejecutivo y el nuevo Parlamento autónomos. Su articulado excluye radicalmente a los terroristas muertos o heridos en el curso de sus acciones, pero sí ampara a quienes, pese a ser miembros de ETA, padecieron situaciones de injusticia. Es el caso de Txiki, militante entonces de ETA pm, y Otaegi, de ETA militar. De no haber sido ejecutados menos de dos meses antes de la muerte de Franco, hubieran podido acogerse a la ley de amnistía de 1977.

Junto al reconocimiento formal como víctimas, la comisión solicitará al Gobierno y Parlamento vascos que las incluya en los actos colectivos dedicados a las mismas y que asuma su "deber de memoria" con ellas, lo que también piden que haga el Ejecutivo español, ya que la mayoría de los casos fueron obra de funcionarios estatales.