El Poder Judicial emplaza a los jueces a interpretar la ley ante los desahucios

Algunos jueces y asociaciones judiciales llevan ya varios meses alertando de que la actual legislación hipotecaria resulta claramente amparadora de injusticias graves contra el derecho constitucional a una vivienda digna. Es una legislación que no frena las consecuencias de contratos hipotecarios que atentan en ocasiones contra los consumidores, y que, en definitiva, ha convertido a los magistrados y a los funcionarios de la Administración de Justicia en una suerte de hombres del frac que, desde que empezó la crisis económica, ejecutan los desahucios, incluso en situaciones de claro abuso de las cajas y bancos, y a sabiendas de que dejan a una familia sin otro techo en el que cobijarse. Con la ley en la mano.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, pidió ayer a los jueces que se impliquen de una forma más clara a la hora de enfrentarse a este tipo de casos, a la espera de que se reforme la actual legislación y los magistrados dispongan de herramientas para frenar los desahucios. “Los jueces tienen posibilidades que la letra de la ley no les da, porque no son meros aplicadores de la letra de la ley”, dijo Moliner durante la inauguración en Bilbao de las octavas Jornadas Nacionales de Comunicación y Justicia. “El juez”, añadió, “puede hacer interpretaciones que en situaciones de emergencia podrían paralizar, actualizar o modificar la decisión [del desahucio] a las circunstancias del caso”.

Tras subrayar que el Consejo General del Poder Judicial no es un organo competente para hacer propuestas de reforma legislativa y justificar de esa manera el rechazo a una reciente propuesta elaborada por seis jueces dirigidos por el vocal del Consejo Manuel Almenar, ennumeró algunas vías que proporciona el entramado legal. Según dijo, hay principios constitucionales, directivas europeas, y de derecho contractual, que en situaciones “de atentado” a un derecho constitucional como el de la vivienda, se podrían aplicar. “Entre otras se puede plantear una cuestión de constitucionalidad”, indicó. Aludía de esa manera a que la Ley Hipotecaria se redactó en 1944, aunque luego ha sido reformada y por lo tanto es previa a la Constitución. La Carta Magna consagra el derecho a una vivienda digna

Moliner: “Los jueces no son meros aplicadores de la letra de la ley”

El presidente del Tribunal Superior vasco, Juan Luis Ibarra, secundó en su intervención las palabras de Moliner. Si el pasado año, durante la apertura del año judicial Ibarra ya emplazó al lehendakari, Patxi López, a que tomara medidas contra este drama —y en mayo pasado nació el Servicio de Mediación entre afectados y entidades bancarias—, ayer defendió a sus compañeros. “Los jueces no nos hemos conformado cuando hemos tenido delante a una familia endeudada que podía perder su vivienda. Hemos hecho con responsabilidad una obediencia pensante de la ley”, argumentó Ibarra.

De su lado, el presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol, ahondó en el argumento. Aunque se centró más en el derecho a la información, abogó claramente por superar el modelo de jurista aferrado a la letra de la ley que endosa las consecuencias indeseadas de su aplicación al legislador. “El derecho no se explica sólo por la ley. El buen jurista incorpora al razonamiento jurídico valores éticos” argumentó Xiol.

Ibarra: “No nos hemos conformado cuando teníamos una familia endeudada”

El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, la asociación mayoritaria, se sumó a quienes piden una reforma que permita establecer quitas de la deuda en caso de intereses abusivos en la hipoteca, moratorias en los pagos y dación retroactiva si es acordada por las partes.

Mientras se desarrollaba la jornada, cientos de personas, en su mayoría abogados, se concentraron ante los Palacios de Justicia de las tres capitales vascas para pedir la paralización de la Ley de Tasas, que el Senado tiene previsto aprobar hoy. “Va a impedir el acceso de los ciudadanos a la justicia”, criticó el decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Nazario de Oleaga.