La falta de crédito de la Generalitat paraliza el canal Segarra-Garrigues

La construcción pendiente del canal Segarra-Garrigues se paralizará en cuestión de dos meses. El conglomerado empresarial encargado de ejecutar y explotar el proyecto ha recibido la orden de la empresa autonómica Infraestructures.cat de ir finalizando las obras que se estaban llevando a cabo y de no iniciar, por el momento, ninguna más. El motivo no es otro que la negativa de los bancos encargados de financiar la macroinversión a aportar más dinero, después de que el ratingcrediticio de la Generalitat quedara por debajo de las garantías que figuraban en el crédito sindicado que se firmó en 2005, y que ascendía a unos 900 millones de euros.

Hace más de un año y medio que no se cumplía esa garantía, si bien los bancos implicados en el marco de financiación, liderado por Bankia, no expresaron su intención de cortar el grifo del crédito hasta hace unos meses. En mayo, Moody’s rebajó la calificación de la deuda catalana a niveles de bono basura y Standars and Poor’s siguió los mismos pasos en septiembre.

“Vamos a pararlo todo”, señalan desde dos de las empresas que forman parte del accionariado de Aigües del Segarra-Garrigues (ASG), la sociedad anónima de capital privado encargada de la construcción, y que mantendrá la explotación de la infraestructura durante 30 años. El parón de las obras afecta a la creación de la red secundaria, que debía permitir que el agua transportada por el eje troncal del canal, construido por el Estado, regara 70.000 hectáreas de tierras de secano en las comarcas de Urgell, Pla d’Urgell, Segarra, Noguera, Garrigues y Segrià.

Fuentes de ASG aseguran que, por el momento, solo se han cubierto 20.000 hectáreas del total previsto por el contrato adjudicado en 2002, tras haber invertido 750 millones de los 1.069 millones de euros estimados inicialmente. Según las mismas fuentes, la Generalitat, a través de Infraestructures.cat, habría trasladado a las empresas implicadas en el proyecto que si quieren seguir las obras deberán buscarse su propio modo de financiarse, posibilidad que las empresas descartan por la complicada situación económica y financiera.

Con las nuevas órdenes llegadas desde la Generalitat y obligadas por la banca, la transformación social pretendida por el Canal Segarra-Garrigues se queda en el aire, al menos por el momento. El Departamento de Economía admite que las obras quedan paralizadas, pero niega que los motivos tengan que ver con la situación financiera de la Administración autonómica y de las calificaciones de deuda asignadas por las agencias de rating,que consideran que invertir en la Generalitat tiene ya un alto componente especulativo.

Una portavoz de Economía, departamento del que depende Infraestructures.cat, aseguró que el parón se debe a una modificación introducida en una de las leyes ómnibus que ha aprobado el Gobierno catalán en esta corta legislatura. Hasta entonces, todo el proyecto se ejecutaba y después eran los regantes los que solicitaban beneficiarse y pagar por agua del canal. A partir de ahora, solo se sacarán adelante las obras cuando un grupo de agricultores muestre su interés en que el agua llegue a sus terrenos. Así, aseguraron las mismas fuentes, se pretende optimizar las obras y acabar con la situación actual, en la que “solo se aprovechan 2.000 hectáreas de las que están preparadas”.

El crédito sindicado —del que formaban parte Bankia, Dexia, La Caixa, BBVA y Banco Sabadell— ha funcionado perfectamente hasta ahora y las Aguas Segarra-Garrigues ha cobrado diligentemente los diferentes proyectos que se iban realizando. Tan solo era necesario certificar el fin de obra, que la Generalitat aprobara esa certificación e, inmediatamente, se presentaba ante la banca la documentación para poder liquidar los recursos establecidos.

Así, poco a poco, el canal ha ido cumpliendo sus ambiciosos objetivos, que debían beneficiar a 16.000 regantes de 66 municipios diferentes, para convertir 70.150 hectáreas de cultivos de secano en regadío. A la complejidad del proyecto se le han sumado los problemas medioambientales, que provocó la actuación de la Comisión Europea y la modificación del proyecto inicial para cumplir las exigencias comunitarias bajo la amenaza de duras sanciones económicas.

En 2007, el Tribunal de Luxemburgo obligó a ampliar el perímetro de algunas zonas de especial protección de aves (ZEPA) para satisfacer las exigencias europeas. Inicialmente, tanto el Gobierno español como el catalán hicieron oídos sordos a esas peticiones, pero la sombra de las multas les hizo ceder hasta el punto de modificar el plan y proteger más de 40.000 hectáreas de las 70.150 que inicialmente tenía previsto regar el canal.

Esas modificaciones no son gratuitas. Al menos, eso entienden las constructoras de la sociedad que tiene que ejecutar las obras, que considera que la modificación del plan inicial supone un desembolso adicional en obras de 200 millones de euros, una cuestión que se ha puesto encima de la mesa en los últimos meses, a raíz de la parada de obras decretada por Infraestructures.cat. El grupo constructor FCC (con el 25% del capital), el grupo de servicios Agbar (23%) y las constructoras catalanas Copcisa y Copisa (ambas con el 15%) están a la cabeza del consorcio que lidera el proyecto, del que también forman parte otras empresas locales: Benito Arnó, Romero Polo, M. y J. Grúas, Áridos Romà, Calaf, Aqualia (de FCC) y Sorea (de Agbar).