El Consell prepara miles de despidos en el sector público tras meses de retraso

El Consell se prepara para empezar a despedir a miles de empleados públicos en las próximas semanas. La aprobación, el pasado viernes, de un decreto ley que marca los criterios de la reconversión de la mayoría de las empresas públicas y fundaciones, otorga cobertura legal al Consell para fusionar, suprimir y crear nuevos entes. La consecuencia será el despido del 40% de una plantilla integrada por 7.555 empleados públicos cuyas nóminas ascienden a 242 millones de euros al año.

Será la parte más dolorosa y traumática de una decisión política que se ha demorado más de dos años y que ha acentuado los efectos de una gestión desastrosa en las 76 empresas y fundaciones, agrupadas ahora bajo el paraguas de una Corporación Pública Empresarial Valenciana. Una gestión que ha dejado un agujero cercano a los 8.000 millones de deuda contraía con bancos y entidades financieras.

Durante años, la Generalitat hizo caso omiso de las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes, que alertaba de la inviabilidad de muchas de las empresas y entidades del sector público valenciano. Pero ya con la crisis financiera y económica encima, el Gobierno socialista instó en mayo de 2010 a la Generalitat que presidía Francisco Camps a reordenar el sector público autonómico. La exigencia —con España ya al borde del precipicio— se concretó en un plan de austeridad elaborado por el Consell que pronto se demostró inoperante.

A la llegada de Alberto Fabra al Palau de la Generalitat tan solo se habían eliminado media docena de entes. Casi todos sin actividad, como Mundo Ilusión, y Nuevas Viviendas Valencianas, o salpicados por la polémica, como la Sociedad para la Imagen Estratégica que contrató con Orange Market.

En diciembre de 2011, ya con Mariano Rajoy en el Gobierno, Fabra, con los gravísimos problemas financieros de la Generalitat ya al descubierto, aprobó un segundo plan de racionalización. Esta vez se liquidaron o fusionaron nueve fundaciones y una empresa pública. En unos casos se buscó reacomodo al personal, como a los miembros del inoperante Tribunal de Defensa de la Competencia. En otros, como en el caso de la Fundación Agua y Progreso, que realizó durante años numerosas campañas a favor del trasvase del Ebro en nombre del Consell, se echó la persiana. Con Mariano Rajoy en el Gobierno ya no era necesario mantener determinados instrumentos de propaganda.

La Generalitat esgrime que el proceso de reconversión del sector público es continuo, de enorme complejidad y lleno de dificultades legales. Sin embargo, en privado, varios cargos del PP admiten la complejidad de actuar en un sector público donde 17 años de gobierno han generado un cierto clientelismo político.

Esta es una de las razones, aunque no la más importante, que explican la demora y los cambios realizados en el decreto de reestructuración del sector público empresarial y fundacional anunciado en mayo y aprobado esta misma semana.

De la previsión inicial a la final se han rescatado siete entidades que conservarán su autonomía, entre las que figuran la Sociedad Proyectos Temáticos, el Instituto Valenciano de Finanzas, el IVAM y la fundación de ayuda a las víctimas (Favide).

Sin embargo, los números sobre los recortes de personal siguen sin estar claros. Los expedientes de regulación de empleo (ERE) ya aplicados han afectado a 212 de los 328 empleados que tenía el Instituto Valenciano de la Vivienda; a 56 de los 89 trabajadores de Ciegsa (la empresa encargada de gestionar la construcción de colegios) y a 105 de las 325 personas que desarrollaban sus funciones en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

En preparación está el ERE de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y el de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) —en el que ha trabajado Deloitte, la misma consultora que ha realizado por 254.880 euros el informe sobre la reestructuración de todo el sector público—. Son las dos empresas incluidas en la nueva Corporación que tienen las mayores plantillas. En el caso de FGV, el ERE podría afectar a 500 de los 1.500 trabajadores, mientras que en Vaersa se especula con la posibilidad de rescindir 350 de los 1.600 contratos existentes. El otro gran bocado está previsto en los entes vinculados a las actividades culturales. Un sector donde se especula con una reducción de 700 empleos. A estas cifras hay que añadir otros despidos que “no necesitarán, por su dimensión, de la presentación de un ERE”, según el consejero de Economía, Máximo Buch.

Pese a todo, la cifra sigue alejada de los 3.000 despidos anunciados por el Consell, que en mayo pronosticó que serían 5.000 los damnificados. Una cifra que entonces incluyó los despidos previstos en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que no forma parte de la Corporación empresarial, y que ya ha aprobado el adiós de 1.200 empleados, cuyas indemnizaciones están bloqueadas a la espera de que se resuelva el litigio legal con los trabajadores.

“Los números no cuadran”, sostiene el responsable del área de servicios públicos de CC OO, Juan Cruz, que considera que el Consell adopta sus decisiones por motivos políticos sin tener definida la reconversión iniciada.

“En Pascua todavía estaremos hablando de los ERE del decreto de reestructuración del sector público”, vaticina Adel Frances, de Intersindical.