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Vuelta de tuerca al plan de calidad

Educación revisa los incentivos para los profesores

IU ha exigido al PSOE rehacer este programa, que ya tuvo que ser modificado por orden judicial

La consejera de Educación, Mar Moreno, en el pasado pleno del Parlamento andaluz.
La consejera de Educación, Mar Moreno, en el pasado pleno del Parlamento andaluz.

Nació entre las protestas de algunos sindicatos hace solo cuatro años. Y ha tenido una accidentada vida. El Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares, que contempla que los docentes reciban hasta 7.000 euros de incentivos, volverá a ser revisado. La Consejería de Educación ya tuvo que modificarlo en 2011 por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Pero los cambios en esta ocasión no son por mandato judicial, sino fruto del pacto que PSOE e IU cerraron para gobernar juntos en Andalucía tras las últimas elecciones. “Se consensuará con las organizaciones y sindicatos representativos del profesorado un nuevo plan de calidad que parta de la experiencia, el análisis y la valoración del actual”, se señalaba en el acuerdo firmado por ambas organizaciones el 18 de abril de 2012.

Mar Moreno, consejera de Educación, anunció la semana pasada en el Parlamento regional su intención de analizar y revisar con los representantes del sector de la enseñanza este programa de incentivos, que se contemplaba en la Ley de Educación de Andalucía (2007) y que busca mejorar el rendimiento de los escolares a través de un sistema de primas para maestros y profesores.

Moreno reconoce que siguen existiendo “reticencias entre los profesores”. Esa oposición está localizada, principalmente, en los institutos. El plan de calidad está diseñado como un programa voluntario. Es decir, los docentes son los que, a través de las votaciones en sus claustros, deciden si quieren entrar o no a formar parte de esta iniciativa, aunque la última palabra la tienen ahora los consejos escolares, donde también están representados los padres. El curso pasado 1.998 centros públicos estaban dentro del plan, lo que representaba el 60% del total de colegios e institutos de la comunidad. Pero cerca del 70% de los 1.998 inscritos son colegios. A los profesores de secundaria no les ha convencido la iniciativa desde el primer momento. Los contrarios, como el sindicato CSIF, acusaban a la Administración de culpabilizar con este sistema a los docentes del fracaso de los estudiantes.

Mar Moreno reconoce que existen “reticencias entre los profesores”

Moreno no quiere hacer ahora una enmienda a la totalidad a este programa, que intenta comprometer a los docentes con medidas concretas para mejorar los resultados de los alumnos. “Hay luces y sombras”, señala la consejera. “Buscaremos sus fortalezas y debilidades. Queremos revisar, no eliminar”, añade Moreno. La última revisión está todavía caliente. El TSJA dio la razón a los sindicatos CSIF y Ustea, que recurrieron contra el programa. Los magistrados obligaron a vincular “la consecución de los objetivos educativos con la percepción de los incentivos”. Hasta el curso pasado, el sistema contemplaba que los docentes recibieran directamente 600 euros el entrar en el plan, 1.200 el primer curso de aplicación y 1.800 el segundo. Los 3.400 restantes eran variables, se cobraban en función de la consecución de los objetivos que se fijaban en el plan.

Ahora, los incentivos se cobran siempre en función del porcentaje de objetivos cumplidos. Entre los criterios que se emplean están las tasas de promoción y titulación del alumnado y los resultados de las pruebas de diagnóstico y Escala. Mar Moreno informó la semana pasada de que en este momento el 42% de los centros públicos están inscritos en el plan. Sin embargo, estos datos son provisionales, ya que la convocatoria para que los colegios e institutos se inscriban está abierta hasta el próximo 31 de octubre.

Un gasto de algo menos de 20 millones de euros

El programa de calidad supone un gasto de unos 20 millones de euros al año para la Consejería de Educación, según los datos facilitados por el departamento de Mar Moreno. En un momento de extrema crisis, en el que la Administración, por ejemplo, ha dejado de contratar a unos 4.500 profesores interinos, los planes y programas de la consejería están en revisión.
Educación ya ha decidido eliminar el reparto de ordenadores portátiles, que costaba a la Administración unos 22 millones al año. En su lugar, la consejería ha puesto en marcha otro programa de digitalización de las aulas, pero mucho más barato: cinco millones de euros al año.
José Blanco, responsable del sector de enseñanza en CC OO de Andalucía, apuesta por seguir ese camino y analizar los planes de la consejería. “Hay que revisar varios programas”. El objetivo, según Blanco, sería intentar mantener la plantilla y, si se puede, incrementarla. “Hay que mantener desdobles y refuerzos”, afirma este representante sindical.
Respecto al programa de calidad, Blanco cree que el plan, tal y como se ha desarrollado, carece de “muchas de las medidas acordadas en la Ley de Educación de Andalucía”. “Se preveían recursos adicionales, no solo incentivos”, recuerda el responsable de CC OO.
“Estamos dispuestos a replantear el programa de calidad”, anuncia Blanco, cuyo sindicato fue uno de los que defendió este plan de incentivos cuando nació hace cuatro años entre las protestas de otras centrales.