42 millones para servicios sociales

La Consejería de Salud y Bienestar Social ha publicado este jueves en el BOJA la orden para pagar a las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos el dinero de los servicios sociales básicos comunitarios. Son más de 42 millones de euros (42.409.710) que se distribuirán entre las ocho diputaciones provinciales y los municipios de más de 20.000 habitantes para financiar el llamado Plan Concertado, con el que pagan los servicios sociales básicos que prestan los Ayuntamientos a través de trabajadores sociales.

La orden da luz verde para empezar a tramitar el pago de las mensualidades correspondientes a 2012 en función del calendario aprobado por la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda. Los Ayuntamientos tendrán ahora que remitir toda la documentación de los servicios prestados este año y un certificado que acredite la aportación propia que los presupuestos locales destinan a estos servicios.

La financiación estatal para servicios sociales comunitarios  se ha reducido en un 45%

El Gobierno andaluz se hace cargo también de distribuir entre los Ayuntamientos y las Diputaciones el pago de las cantidades del Plan Concertado que le corresponde abonar al Gobierno central, previa transferencia de la Administración General del Estado. Entre las dos administraciones, las diputaciones y los Ayuntamientos andaluces empezarán a recibir ahora un total de 51,68 millones de euros por los servicios sociales prestados en 2012.

La partida de este año de la Junta se ha mantenido en lo anunciado el año pasado, pero la del Gobierno central ha caído en más del 45%. De los 86 millones consignados en los presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011 se ha pasado a 50 millones. Es el mayor recorte desde que en los años ochenta se crearon estos servicios. A Andalucía, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha destinado 9.272.263 euros, ocho millones menos que el año pasado, cuando aportó 17 millones de euros.

El recorte de fondos llega, además, cuando los servicios sociales de los Ayuntamientos, que son los que prestan directamente estas ayudas, están desbordados atendiendo a familias golpeadas por la crisis. Con el recorte de este año, algunos Ayuntamientos se han visto obligados a despedir a trabajadores sociales, lo que está dificultando aún más la gestión de estos servicios. Con el recorte de la financiación estatal en 2012, fuentes de la Consejería de Salud y Bienestar Social cifran en entre 1.200 y 1.500 trabajadores la pérdida de empleo en este sector.

Según lo anunciado ya por el Gobierno, el proyecto de PGE de 2013 rebaja en otro 42% el dinero que el Estado destinará a Andalucía dentro del Plan Concertado, lo que dejará esta partida en alrededor de cinco millones de euros.