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El juez de Emarsa imputa un delito de cohecho pasivo a Cuesta y a su hermano

Ríos cree que varias firmas facturaron a una empresa familiar para pagar una comisión por obtener contratos

Vicente Ríos, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que investiga el saqueo de entre 25 y 40 millones de euros de la extinta Entidad Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), ha decidido imputar al exgerente de la firma pública Esteban Cuesta y a su hermano José Ramón Cuesta el delito de cohecho pasivo. El exdirectivo de la depuradora de Pinedo ya estaba imputado por los delitos de estafa, administración desleal, falsedad en documento mercantil, malversación de fondos públicos y delitos contra la Hacienda pública. El instructor ha pedido además una fianza de 100.000 euros para el hermano de Cuesta.

En un auto hecho público ayer, el juez concluye que la empresa Explotaciones Agrícolas Ecológicas SL (Exae), cuyos titulares eran los hermanos Luisa y José Ramón Cuesta y estaba ubicada en Casas Ibáñez (Albacete), facturó en 2005 y 2006 importantes sumas a varias empresas contratistas de Emarsa. En concreto, Exae declaró ventas en 2005 por valor de 40.117 euros a Proemisa, otros 20.000 a Ivem y 19.260 a Prodaemi. Esta última le imputó en su declaración una cifra aún mayor, 32.106 euros. En 2006, Exae facturó a Prodaemi otros 57.780 euros.

Es decir, la firma familiar de los Cuesta facturó esos dos años entre 140.000 y 150.000 euros a esas tres firmas. Empresas que, por otra parte, según consta en el auto del juez, facturaron cantidades millonarias a Emarsa. Así, Proemisa cobró de la depuradora de Pinedo 11,98 millones de euros entre 2004 y 2010; Prodaemi ganó otros 906.800 euros entre 2004 y 2007; e Ivem facturó a la firma pública otros 337.160 euros entre 2005 y 2008.

El instructor ha pedido una fianza

de 100.000 euros para

el hermano de Cuesta

La imputación se produce a raíz de la petición de la fiscal, que denunciaba la existencia de indicios de que tres de las empresas contratadas por el gerente de Emarsa iniciaron sus relaciones comerciales con la empresa pública gracias al “pago de un precio” a Esteban Cuesta.

A juicio del magistrado, “existen indicios suficientes” de que Cuesta y la empresa de su hermano colaboraron “para simular” la prestación de servicios a las contratistas de Emarsa, “cuando en realidad era que estas estaban abonando una comisión o peaje al gerente de la empresa pública para que resolviera a su favor los expedientes de contratación en los que pudiera participar, en perjuicio de otros posibles contratistas, o para que contratara sus servicios eludiendo el preceptivo expediente de contratación pública”.

El auto señala que Esteban Cuesta sabía cuáles eran los criterios de contratación que debía seguir en la empresa pública, pues para ello pidió un dictamen jurídico al asesor legal de Emarsa, pero incumplió "consciente y deliberadamente" la normativa administrativa que le era obligatoria.

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