La colaboradora de Goiriena deja sin aclarar las sospechas sobre su gestión

Montserrat Barranquero, exdirectora del Departamento de Estomatología de la UPV, no fue capaz ayr de despejar las dudas sobre su gestión entre los años 1994 y 2000, cuando supuestamente malversó fondos públicos y falsificó documentos de forma continuada junto al entonces decano de la Facultad de Medicina, Francisco Javier Goiriena. Ambos están acusados de haberse apropiado de 750.000 euros de los fondos de la universidad, por lo que se enfrentan a penas de 10 años de cárcel y 14 de inhabilitación durante el juicio que se sigue en la Audiencia de Bizkaia.

Durante la cuarta sesión de la vista oral, Barranquero fue incapaz de ofrecer una respuesta certera a las preguntas de la acusación popular sobre los contratos de cuatro sociedades que los dos imputados crearon a modo de pantalla, presuntamente, para cobrar de la UPV investigaciones relacionados con la salud que nunca se llegaron a realizar. A las vagas aclaraciones sobre los métodos para conseguir a los pacientes de los distintos análisis, se sumó la nula disposición a facilitar la identidad de quienes fueron responsables de aquellos estudios. Los únicos nombres que aportó fueron los de profesionales que han fallecido o ya no pueden prestar declaración en la Audiencia.

Aunque el miércoles se había sometido ya a las preguntas de la fiscalía y la acusación particular, representada por la UPV, Barranquero prolongó ayer durante casi tres horas el interrogatorio de la acusación popular, ejercida por varios profesores. La imputada eludió las contestaciones directas e incluso trató de recurrir a prolongadas explicaciones médicas como evasiva. Hasta el punto de que el magistrado tuvo que llamarle en repetidas ocasiones la atención por hacer uso de la ironía, dirigirse al letrado de forma inadecuada o hablar cuando no le correspondía. También solicitó recesos para buscar documentos con los que argumentar sus respuestas.

La vista oral continuará el lunes en la Audiencia de Bizkaia con la declaración de testigos

No todos los expedientes con la información necesaria estaban ayer a su alcance. La exdirectora recriminó ante el jurado popular que parte de la documentación inicialmente disponible fue retirada durante la fase de instrucción y luego no fue repuesta. Justificó, además, que los trabajos que los colaboradores realizaban para las cuatro sociedades se pagaban en metálico y sin factura, lo que calificó de “normal” en empresas tan pequeñas. Pese a todo, al igual que ya había dicho Goiriena, de estas no sacó “beneficio alguno”. En 2000, declaró ante Hacienda casi 14.500 euros de superávit en sus distintas sociedades desde 1995, pero lo hizo porque fue incapaz de justificar los gastos de material y de personal que no se habían facturado.

La acusada recuperó la concreción en sus respuestas a preguntas de la defensa. Fue entonces cuando garantizó que nunca se apropió de dinero de la UPV y desligó de cualquier responsabilidad en las sociedades a Goiriena, como el propio exdecano había asegurado ya el martes. En el momento de los contratos objeto de la polémica, el principal acusado no era ya socio de las empresas, pese a que había participado, al 50%, en su creación.

Al igual que su presunto colaborador, Barranquero incidió en el carácter autónomo del Instituto de Epidemiología para el que trabajaron las supuestas sociedades pantalla, pese a la adscripción del organismo a la UPV. El dinero objeto de la polémica, por tanto, era privado y no público, según su versión de los hechos. Lejos de las acusaciones que contra ella pesan, la exdirectora afirmó incluso que con sus acciones benefició a la universidad. Puso como ejemplo los 7.000 euros que el instituto aportó para el alquiler, durante año y medio, de un caserío en el que alojar material que había quedado ya descatalogado y se quería donar. Su traslado permitió liberar espacio de almacenamiento en el campus de Leioa.

Con Barranquero culminó ayer la declaración de los dos acusados, que se ha prolongado durante las cuatro primeras sesiones del proceso. El lunes se retomará la vista oral con el testimonio de varios testigos, entre los que figuran exrectores y antiguos altos cargos de la UPV. El juicio se prolongará hasta el próximo 4 de octubre. Después tendrá que decidir el jurado.